Autoridades de los Ministerios Públicos de Brasil y de la Argentina se reunieron ayer en Brasilia para avanzar en la conformación de Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) sobre el pago de coimas y sobreprecios en obras públicas por parte de la constructora Odebrecht. Fiscales de ambos países coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación internacional y trabajar de manera “independiente y autónoma” de los otros poderes del Estado. “No nos llevamos documentación porque no está disponible, depende de un trámite interno entre el Ministerio Público de Brasil y el Superior Tribunal Federal”, contó en rueda de prensa el fiscal Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). El principal escollo para el envío de las delaciones de los ejecutivos de Odebrecht es la falta de armonía entre las legislaciones de ambos países. “No sé cuándo será entregado este material pero no demorará. Son documentos y videos. Son parte de las delaciones originales en las cuales hay comentarios y revelaciones sobre varios países”, entre ellos la Argentina, explicó el Secretario de Cooperación Internacional del Ministerio Público brasileño, Vladimir Aras. En paralelo, el ministro de Justicia, Germán Garavano, anunció que el lunes se reunirá en Washington con el fiscal general, Jeff Sessions, con el objetivo de acceder a la información que proporcionó Odebrecht sobre coimas que pagó entre 2007 y 2014. Los jueces federales Sebastián Casanello y Daniel Rafecas, en tanto, ordenaron ayer peritajes de llamados y otros contactos entre directivos de la firma y ex funcionarios, uno de los pedidos que había formulado el fiscal federal Federico Delgado.

De las reuniones en el sexto piso de la sede de la Procuraduría General de la República, frente al lago Paranoá, participaron Rodríguez, quien intenta establecer si en la Argentina establecieron maniobras comparables por su tipo y envergadura con las de la operación Lava Jato, y dos de los fiscales que intervienen en causas ligadas a Odebrecht. Uno es Franco Picardi, que investiga coimas en el soterramiento del ferrocarril Sarmiento y esta semana imputó no sólo al empresario que representaba a la constructora en Argentina, Mauricio Couri Ribeiro, sino a los directivos de su socia Iecsa, Angelo Calcaterra (primo del presidente Mauricio Macri) y Javier Sánchez Caballero, al ex secretario de Transporte, Ricardo Jaime, a Manuel Vázquez y a José López. El otro es Carlos Stornelli, quien realiza una pesquisa preliminar derivada de la confesión de Odebrecht en Estados Unidos.

Los fiscales argentinos se reunieron primero con el viceprocurador de Brasil, el fiscal general José Borges de Andrada, y luego con Aras, responsables de la coordinación internacional. Las reuniones fueron “productivas”, informaron en un comunicado conjunto los organismos que encabezan los fiscales generales Rodrigo Janot (que puso contra las cuerdas al gobierno de Michel Temer) y Alejandra Gils Carbó (a quien el gobierno de Macri busca apartar ante la imposibilidad de controlarla). Los brasileños les explicaron el procedimiento mediante el cual enviarán la información y se comprometieron a hacerlo “a la mayor brevedad posible”. Ambas partes coincidieron en la necesidad de profundizar la cooperación internacional y los contactos entre ambos ministerios, y en activar los mecanismos previstos en la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, especialmente la remisión de información espontánea y la conformación de los ECI para agilizar las investigaciones, tal como propuso oportunamente Gils Carbó. Durante los encuentros se discutió el texto del documento para conformar ese equipo. Los fiscales de ambos países reafirmaron además “la importancia de que los Ministerios Públicos puedan actuar de manera independiente y autónoma” y de que “esos principios sean respetados por otros poderes del Estado, conforme las Declaraciones de Lisboa y Brasilia”, informó el portal Fiscales.

La obtención de documentos y videos con delaciones de quienes habrían pagado 35 millones de dólares en Argentina depende en gran medida de la firma de un acuerdo de cooperación entre ambas procuraciones. Aras recordó que “Odebrecht firmó una acuerdo de lenidad” (significa que paga una multa para seguir funcionando) y sus 77 ejecutivos adhirieron a la delación premiada, herramienta aplicada en el Lava Jato que convulsionó al sistema político brasileño. Explicó que 16 de esos ejecutivos hablaron de una docena de países latinoamericanos y africanos donde pagaron coimas. A Aras le cabe precisamente la responsabilidad de suministrar a cada país los detalles de las delaciones.

Los fiscales brasileños indicaron que están dispuestos a enviar los datos cuando la Argentina se comprometa a no perseguir penalmente a los ejecutivos de Odebrecht, una complicación para la justicia argentina porque ni la ley ni los convenios internacionales permiten acuerdos con esos beneficios para los “arrepentidos”. El gran interrogante radica en saber hasta dónde llegará la protección de Brasil a sus empresarios y si se logrará alcanzar un acuerdo supranacional que permita conocer la información sobre funcionarios e intermediarios corrompidos sin sancionar a los empresarios corruptores.