Daniela Chávez, la joven que fue encontrada muerta el domingo último en la ciudad de Embarcación, en el norte salteño, temía a su pareja, Juan Soria, y lo había denunciado al menos tres veces, contó ayer su tía, María Quiroga, la autora de la frase del título.
“Estamos seguros de que fue un homicidio”, pero el certificado de defunción dice que fue suicidio por ahorcamiento, lamentó Quiroga ni bien comenzó esta conversación con Salta/12. Contó que la angustia que les provocó recibir este certificado se mitigó luego en parte al menos cuando escucharon al fiscal penal Gonzalo Vega, que hizo declaraciones afirmando que hay pruebas que no coinciden con este certificado, por lo que la investigación seguirá, y Soria, que está detenido, ya fue indagado.
Quiroga contó que en su familia entienden que tienen que salir a “pedir que se esclarezca (esta muerte) y que se haga justicia”. “Lo que más nos indigna es que hayan querido tapar las cosas como si ella hubiera sido un animalito”, aseguró.
Daniela Chávez tenía 31 años. Era mamá de cinco hijos, tres de una pareja anterior, que vivían con su madre, y dos con Soria. La otra noticia que recibió la familia tras la autopsia es que la joven estaba embarazada de tres meses.
"Lo primero que hizo (Soria) es alejarla de la familia, alejarla de los contactos, la maltrataba”, peleaban, después él la buscaba, le prometía que no volvería a ponerse violento ni controlador y se reconciliaban, se repetía ese círculo vicioso en el que quedan inmersas las mujeres víctimas de violencia de género, relató Quiroga.
Daniela era, dijo, "una chica vulnerable, era fácil de ser manipulada y ella le tenía terror, muchas veces se separó, se fue y él la buscaba y volvía”. Lo había denunciado al menos tres veces y su madre también. Soria estuvo preso en dos o tres oportunidades, pero siempre salía, recordó. De hecho, en 2019 el hombre fue condenado a una pena leve de ejecución en suspenso, por hechos de violencia de género.
El año pasado, contó Quiroga, tras un episodio de violencia, su sobrina iba a la policía y Soria la siguió, la chocó con la motocicleta y la hizo caer en un canal, además la insultaba y "la amenazaba con que iba a matar a sus otros hijos". Esa vez la joven terminó hospitalizada y cuando su madre fue a verla le generó gran preocupación y le pedía que regresara, que fuera ver a sus hijos "porque Juan me dijo que los va a matar".
Quiroga recordó otro episodio en el que el hombre fue a insultarla en la casa de su madre. Su sobrina, dijo, vivía en una situación de temor constante, “él la miraba y ella ya sabía lo que tenía que hacer”. “El medio que le tenía era bastante impresionante”, sostuvo.
Soria trabajaba en una gomería de su propiedad. Daniela trabajaba en su casa, sobre el pasaje Jujuy del barrio Fonavi, al cuidado de sus dos hijas menores. Los cinco niños son menores de edad, el mayor tiene apenas 15 años y la menor, dos. Ahora todos quedaron a cargo de su abuela materna.
Otro dato destacable es que Daniela era indocumentada, no tenía certificado de nacida viva porque cuando nació su madre trabajaba en la zona rural, y si bien fue a Colonia Santa Rosa a darla a luz en el Hospital, regresó a la labor apenas nació, sin darse tiempo a anotarla en el Registro Civil. Esa indocumentación provocó que nunca recibiera ayuda estatal alguna para ayudar al sustento de sus hijos, una falla que ahora se hizo sentir, cuando la abuela tiene que sostenerlos a los cinco.
Sin embargo, dentro de la tragedia de la muerte de la joven, la familia recibió algo de reconfortación con la solidaridad de conocidos y vecinos, que se acercaron a proveer alimentación y a ayudar con lo que hiciera falta en momentos tan difíciles. Además, el Estado que se mostró casi indiferente con las denuncias y no pudo prevenir el desenlace fatal, ahora sí estuvo.
Quiroga contó que la Secretaría de Desarrollo Social y la recientemente creada Secretaría de la Mujer de la municipalidad de Embarcación estuvieron acompañando a la familia y se ocuparon del traslado del cuerpo y del sepelio, y también dieron contención con una asistente social y una abogadada. También el área de derechos humanos del Ministerio de Seguridad y Justicia fueron a asesorar a la familia sobre las cuestiones legales y los derechos que tienen como víctimas. Y ayudaron a gestionar el subsidio previsto por la Ley Brisa para hijos de víctimas de femicidios y otras ayudas del Estado que les corresponden.
"Se movieron muy rápido”, tanto de la municipalidad como de la provincia, aseguró Quiroga, quien dijo sentirse "muy agradecida" por el respaldo que recibieron. En el mismo sentido dijo que ayer recibieron una llamada de la Defensoría y ya acordaron que representará a la familia en la querella que presentarán en la causa.
“A nosotros nos indigna la cuestión de no saber lo que pasó, que ellos la hayan matado y hayan intentado ocultar”, insistió Quiroga. Enseguida aclaró que no pretende responsabilizar al padre y la madre de Soria, pero destacó que les llama poderosamente la atención que se haya confeccionado un certificado de defunción que hable de suicidio, cuando hay otras pruebas que desmienten esa posibilidad, algunas de ellas, en el mismo cuerpo.
"Queremos que se haga justicia, porque no puede quedar así. (Soria) Terminó con la vida de ella, el culpable fue él”, ratificó la tía. "Si él intentó taparlo, queremos que salga a la luz, porque no es posible que haya pruebas que dicen una cosa y haya otros papeles que contradigan lo que dicen las pruebas”, subrayó.
Además del historial de violencia de Soria, hay otras pruebas que sustentan la hipótesis del femicidio. El mismo fiscal informó que el cuello de Daniela tiene una marca que no coincide con las huellas de la sábana que tenía atada alrededor; la marca es fina y por eso en el lugar del hecho se secuestraron cables y otros elementos. Además, el cuerpo tenía marcas de golpes de larga data, lo que ratifica los relatos sobre la violencia de la que era víctima, y que había denunciado.
Con el asesinato de Daniela Chávez ya son cuatro los femicidios cometidos en lo que va del año en la provincia de Salta. La primera fue una niña del Pueblo Wichí, Pamela Julia Flores, asesinada el 15 de enero en Pluma de Pato, en el norte provincial; el 1° de marzo fue asesinada Jésica Villagra en La Merced, localidad cercana a la ciudad de Salta, y el 7 de marzo fue asesinada otra niña wichí, Florencia Isabel Torres, en Pichanal, también en el norte provincial.
