Según los datos que arrojó el Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (Renatep), que comprende un estudio que comenzó a mediados de 2020 y realizó un corte en agosto de 2021, abarcando un total de 2.830.520 inscripciones (a febrero de este año ya superaba los 3.200.000), Salta se encuentra entre las 9 principales provincias con más trabajadores que pertenecen al universo de la economía popular (aquellos que deben buscar alternativas laborales por fuera del mercado formal) que en el sector asalariado privado registrado.

El dato no es nuevo, ya que a través de las estadísticas que comparte el INDEC, se conoce que cerca del 60% del sector laboralmente activo de la provincia lo hace en condiciones de informalidad. Pero sí la posibilidad de visibilizar que si el mercado laboral privado formal ya no tiene capacidad para seguir incluyendo a nuevos y nuevas trabajadores, el Estado puede pensar distintas alternativas para reconocer esas economías e implementar políticas públicas para regularizarlas, ordenarlas laboralmente y otorgarle derechos laborales. Ese es uno de los objetivos del Renatep, dependiente del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación.

Los números que arrojó el estudio, que sigue permanentemente incluyendo datos, respaldan lo que desde distintas organizaciones sociales vienen reclamando, y el mismo presidente Alberto Fernández esgrimió en más de un discurso público que esa economía se debe constituir en un modo de producción distinto al conocido y no solo de subsistencia. También, que debe ser reconocido en sus particularidades, ya que hoy por hoy podría incluir a unas 8 millones de personas en todo el país que se encuentran sin trabajo o en la informalidad.

Además de Salta, Catamarca, Chaco, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero y Tucumán son las que registran un mayor volumen de inscriptos en el Renatep que asalariados en el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA). Por dar un ejemplo aún por encima del de Salta, Jujuy tiene el doble de trabajadores de la economía popular, que registrados en el sistema formal privado (105.628, contra 54.544).

Mientras que la economía que representa a los informales crece, el trabajo asalariado formal se encuentra estancado hace una década alrededor de las 6.600.000 personas.

Ministerio de Economía Popular

En diálogo con Salta/12, el coordinador Regional NOA de la Secretaría de Agricultura Familiar y Comunitaria Indígena, y a su vez responsable del Movimiento Evita en Salta, Oscar Díaz, aseguró que ese universo “de compañeros y compañeras que se inventan trabajos para vivir” es tan amplio que supera el Registro, y que eso quedó demostrado tras el lanzamiento del primer Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). “Ahí pudimos dimensionar que son más las personas que no trabajan en relación de dependencia formal que aquellas que tienen un empleo”, agregó.

Con respecto a Salta marcó la misma tendencia, “si el número de registrados en el Renatep supera a los trabajadores que figuran en el Sistema Previsional, significa que hay mucha gente que no se inscribió aún pero que tampoco tiene un trabajo formal”. Por lo que subrayó que es fundamental seguir difundiendo el registro y “llegar a todas y todos los compañeros que se encuentran en esa situación”.

Díaz contó que para el primero de mayo, coincidiendo con el día del trabajador, realizarán junto a otros movimientos sociales como la CCC y el MTE, una marcha nacional pidiendo que se implemente un Ministerio de la Economía Popular que garantice los derechos de “tierra, techo y trabajo, un salario digno, y que se considere todo lo que debe otorgar el Estado a quienes están dentro de ese sector de la economía, que trabaja, pero no tiene los derechos y beneficios que tienen los que lo hacen de manera formal”.

Todos esos movimientos se encuentran nucleados en la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), y para el referente en Salta del Movimiento Evita, deberían ser los encargados de dicha cartera, “porque son los que tienen la visión para abarcar el trabajo que realizan los diferentes compañeros y compañeras en todo el territorio”.

“Lo que se necesita es garantizar un salario básico universal para todos los trabajadores de este sector, y que además puedan acceder a las herramientas necesarias para trabajar todos los que cumplan con los requisitos de la economía popular, es decir, tener un trabajo y ejercerlo todos los días aunque no sea registrado”, acotó. Y subrayó que para seguir creciendo y producir a mayor escala, los gobiernos provinciales también tienen que aportar su parte, “pensar en créditos y financiamiento necesario”. Así como esgrimió la posibilidad de crear un fondo fiduciario público “para que la agricultura familiar y todos los trabajadores puedan acceder al crédito”.

Díaz subrayó que a partir de 2021 Alberto Fernández comenzó a reconocer a ese sector y a nombrarlos, lo que significó un cambio “porque ahora nos escuchan pero además nos empezaron a ver”, dijo haciendo alusión a la frase de Emilio Pérsico, referente nacional de ese movimiento.

Por último, resaltó que políticas como las que están solicitando favorecerían el arraigo, y “que la gente no abandone sus lugares a engrosar los bolsones de pobreza en las ciudades”. Pero para eso “hay que darles posibilidades y condiciones para afianzarse”. Allí incluyó a los gobiernos provinciales, “que deberán disponer de más recursos para que estos movimientos, como el de la agricultura familiar, puedan salir adelante”.

Un nuevo modelo laboral

Para el titular del Instituto de Estudios Laborales y del Desarrollo Económico (IELDE), de la Universidad Nacional de Salta (UNSa), Jorge Paz, pensar en regular las economías familiares es una alternativa a la falta de trabajo y la precarización, ya que formalizan “esos autoempleos, esos emprendimientos, que se crea la gente por la falta de trabajo formal y estable”.

Por lo que consideró positivo el camino que está andando el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para darles una entidad jurídica específica “para que puedan integrarse al sistema económico reconociéndolos como actividades que generan valor”.

A su vez, subrayó que la provincia debería ir por el mismo camino y reconocer “la informalidad tremenda que tiene Salta, con casi un 60% de su población ocupada bajo esa modalidad”. Aunque aclaró que “es una alternativa, no la óptima, que sería el pleno empleo formal”, algo que en economía, dijo, se denomina “un segundo óptimo o mejor”.

Como el referente del Movimiento Evita, indicó que esos sectores no pueden prosperar si no tienen acceso al crédito y otras ayudas que recibe el comercio y las empresas formales.