Un nuevo episodio en la causa Bacchiani involucra ahora al Registro de la Propiedad de Catamarca. La directora del organismo, Patricia Valdéz, radicó una denuncia penal, al haberse descubierto que hay tres matrículas de propiedades del supuesto estafador que habían sido "extraviadas" o "traspapeladas" por un empleado infiel, y quitadas del informe de propiedad elaborado en base a la requisitoria de abogados querellantes y la AFIP. Inmediatamente se ordenó una investigación interna, que derivaría en un pronto sumario.

Para el abogado catamarqueño Ángel Granizo, uno de los que pidieron tales informes, esto no es nuevo, y podría formar parte de otro ardid del falso trader: "Desde el momento en que Bacchiani dejó de pagar, automáticamente comenzó a deshacerse de todos sus bienes", afirmo.

Hace aproximadamente un mes, el abogado presentó dos medidas cautelares, un recurso de no innovar y el embargo de los bienes de Edgar Bacchiani y Pablo Olmi, propietario y "pocero" de Adhemar: "Con esto quisimos lograr que el Registro de la Propiedad paralice los trámites que estaban realizando para transferir fraudulentamente los bienes", explicó.

El abogado centró la mirada en Olmi, y señaló que pidió también su imputación y detención para evitar que este comenzara a transferir sus bienes. Si bien hasta el momento no se ha librado la detención de Olmi, para Granizo es hoy un punto clave de la investigación: "Yo tengo pruebas documentales de que ha transferido cosas y a hecho hasta escrituras públicas", dijo. "Y que todo ese accionar se hizo tras la denuncia penal, por eso es tan importante la detención, porque evita que estas personas sigan con su accionar", aseguró.

La complicidad de los poceros

Para Granizo, los poceros son "partícipes necesarios, porque sin ellos no podría haberse cometido una estafa de tal magnitud", remarcó.

"En el caso de Olmi tenía supuestamente 3000 personas que invertían. Si el era un reclutador de esa gente, participaba activamente de la estafa", evaluó.

Enfrentamiento

Sobre el enfrentamiento judicial desatado entre Córdoba y Catamarca, el abogado consideró que el secuestro de pruebas ordenado por la Justicia de Córdoba "no entorpece la causa. Al contrario, ellos tienen gente estafada allá y actuaron a tiempo, defendieron su jurisdicción", dijo.

"En todo caso la Justicia Federal de Catamarca puede realizar un pedido para que se los remitan", opinó.

El último fin de semana se desató una controversia entre la Justicia cordobesa y el Juzgado Federal de Catamarca por la tenencia del material probatorio secuestrado en los allanamientos del pasado viernes, de los que también participó Gendarmería.

El abogado tucumano Alfredo Aydar, que representa a un buen número de inversores, elogió "el rápido accionar" del Juez Miguel Ángel Contreras, y denunció a la Justicia de Córdoba por entorpecer el operativo de los allanamientos. En un escrito presentado en la madrugada del sábado, señaló que el exhorto ordenado por la Justicia de esa provincia fue "equívoco", y que "ejecutó medidas aventuradas que generan un riesgo inminente en el avance y descubrimiento de la verdad". Pidió esclarecer la cuestión jurisdiccional desatada entre ambas provincias, y consideró que los delitos se corresponden con "criminalidad económica organizada", y por tanto "exceden la jurisdicción provincial". Un escrito similar presentó la defensa de Bacchiani, a cargo de Lucas Retamozo, en el que señala que la causa "excede la jurisdicción provincial", y fustiga el accionar de la Justicia cordobesa.

Por su parte, la fiscal de Córdoba, Valeria Rissi, dio a conocer supuestos "aprietes" y dejó entrever en medios de comunicación que Contreras, Juez Federal en Catamarca, le habría realizado un llamado telefónico fuera de los límites permitidos en términos de la comunicación entre funcionarios de la Justicia.