La Corte Suprema aceptó el pedido realizado por el Gobierno nacional y el de la Ciudad de Buenos Aires y otorgó una prórroga de 15 días para dar continuidad a las negociaciones que sostienen ambas jurisdicciones en torno a los fondos correspondientes al traspaso de parte de la Policía Federal a la órbita porteña. Un conflicto que surgió en septiembre de 2020, cuando el presidente Alberto Fernández decidió redireccionar el dinero que el expresidente Mauricio Macri concedió a la Ciudad a través de cuestionados Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y que elevaron los fondos coparticipables que recibía el Gobierno porteño del 1,4 al 3,75 por ciento.
Los representantes de ambas administraciones habían elevado esa solicitud al máximo tribunal ante la imposibilidad de alcanzar un acuerdo definitivo al diferendo que los enfrenta judicialmente. Después de una audiencia conciliatoria realizada el diez de marzo pasado en la sede de la Corte Suprema y sin que se llegara a un acuerdo, el tribunal dispuso el plazo de 30 días para abrir una negociación extrajudicial que se cumplió ayer sin que se haya arribado a una solución. Ahora y a pedido de ambas jurisdicciones, la Corte otorgó dos semanas más para una nueva agenda de reuniones que --según confirmaron fuentes oficiales— se reanudará el miércoles próximo cuando regrese de la gira por Israel el ministro del Interior, Eduardo "Wado" de Pedro.
El último encuentro entre las partes se celebró una semana atrás, pero tanto desde la Casa Rosada como desde el Gobierno porteño sostienen que “las diferencias son amplias". Aunque los negociadores coincidieron en señalar que primó la voluntad de continuar el diálogo y pidieron una "extensión" de los plazos a la Corte.
El Gobierno nacional realizó una estimación en la que se contempla el traspaso de la Policía Federal y argumenta que la Ciudad "quiere que se le pague por otros servicios, como los agentes de la ex Policía Metropolitana". Mientras la Ciudad insiste en la actualización del monto que se asignaba a la Policía Federal en 2015 por todo concepto y que es "más que la plata de los sueldos y los patrulleros". Solo hubo algunos avances –aunque nunca definitivos— sobre el mecanismo para la actualización de los montos y en la "forma" de transferencia del dinero, que hoy se realiza en cuotas mensuales y que la Ciudad pretende que sea "más parecido" al de la coparticipación "que es casi diario".
Desde la llegada al Gobierno nacional del Frente de Todos, la postura de la Casa Rosada fue cuestionar los DNU con que Macri asignó a la Ciudad con fondos coparticipables. A principios de 2020 existieron reuniones entre el presidente Alberto Fernández y "Wado" de Pedro con Horacio Rodríguez Larreta, que quedaron suspendidas por el surgimiento de la pandemia de coronavirus.
En septiembre, Fernández decidió redirigir los fondos y envió un proyecto que se convertiría en Ley durante los últimos días del año. La norma --que ordenaba una negociación entre las partes y aclaraba que los fondos traspasados no corresponderían a la coparticipación-- fue cuestionada por la Ciudad ante la Corte Suprema que, luego de aceptar el reclamo, ordenó la ronda de negociaciones que, por ahora, no tuvieron resultado positivo.
Pero la judicialización de la Ciudad puso en "alerta" a no pocos gobernadores. Los mandatarios de Santa Cruz, La Rioja, Chaco, Santiago del Estero, Catamarca, Tucumán y Formosa, respaldaron la postura de la Casa Rosada y se presentaron ante La Corte como amicus curiae (expresión jurídica de “amigos de la corte” que abre la posibilidad a terceros que no son parte de un litigio, pero que poseen un interés demostrable y justificado en la resolución del conflicto). Los gobernadores entienden que una medida cautelar o un fallo de fondo que atienda los intereses porteños atenta contra el federalismo, contra la ley de Coparticipación y las normas que consolidan los porcentajes asignados a cada distrito. Aunque el entendimiento parece distante, ninguno de los involucrados prefiere referirse al escenario de un "no-acuerdo" en el que sea la Corte la que deba fallar. Ambos suscriben que, cualquiera fuera el resultado, todo tendrá una lectura política "acorde a los tiempos" actuales, cuando se vive un virtual conflicto de poderes entre el máximo tribunal y el Congreso.
