Unos veinte jueces, defensores públicos y asesores tutelares del Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires presentaron hoy una declaración de "apoyo y solidaridad" al juez Roberto Andrés Gallardo, quien fue denunciado penalmente por el ministro de Seguridad de CABA Marcelo D'Alessandro por su intervención en la causa que investiga el presunto uso irregular de datos biométricos a través del sistema de reconocimiento facial del gobierno porteño.

Gallardo, además, fue recusado por el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, quien le atribuyó una supuesta "pérdida de imparcialidad" por la medida cautelar que tomó desde el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 2, en la cual dispuso la suspensión del Sistema de Reconocimiento Facial (SRF) de la Ciudad.

"Las denuncias penales en este contexto afectan la garantía de independencia, condición indispensable que requiere el desempeño de la magistratura", alertaron los jueces, defensores públicos y asesores tutelares en la declaración de apoyo a Gallardo que presentaron este jueves al mediodía en el Consejo de la Magistratura porteña.

Hace más de una semana, D'Alessandro denunció a Gallardo en la Justicia Penal, Contravencional y de Faltas de la Ciudad, por suspender el uso del sistema de vigilancia facial en la ciudad, y por los supuestos delitos de "prevaricato, abuso de autoridad y privación ilegítima de la libertad".

Uno de los firmantes de la declaración de respaldo, el juez porteño Darío Reynoso explicó a Télam que "más allá de la decisión acertada o no que puedo haber tenido el juez Gallardo, el Gobierno de la Ciudad tiene instrumentos procesales y dos instancias más para revertir esa situación".

En ese sentido, recordó que por encima de cualquier juez de primera instancia hay siempre una instancia superior que puede revisar, revocar o confirmar una resolución, pero "eso no se resuelve denunciando penalmente a un juez, llegar a la denuncia penal es un extremo que, en definitiva, termina amedrentando la posibilidad de decidir que tiene cualquier juez", remarcó.

Además, Reynoso advirtió que la denuncia penal presentada por el gobierno porteño "tiende a generar un temor, no solamente en el caso de doctor Gallardo, sino como ejemplificadora o una especie de amedrentamiento a todos los demás, porque plantea que si se resuelve algo que a ellos no les gusta, denuncian ante un juez penal para que eventualmente te sancione con un delito".

"Esto termina criminalizando las decisiones", añadió el titular del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 24 de CABA.

Las expresiones de apoyo de los funcionarios de la Justicia porteña fueron "con motivo del dictado de una medida cautelar en el marco del expediente judicial respectivo donde el debate y los derechos de los litigantes se encuentran asegurados a través de la pertinente revisión por la vía de apelación y de los agravios formulados en esa impugnación", según detallaron en la declaración, a la que tuvo acceso Télam.

Entre los firmantes se encuentran las juezas Romina Tessone, del Juzgado en lo Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) N° 1; Elena Liberatori, del Juzgado N°4 del mismo fuero; Patricia López Vergara, del Juzgado N° 6; Lidia Lago, del Juzgado N° 7, Alejandra Petrella, del Juzgado N° 12; María Rosa Cilurzo, del Juzgado N° 22, todas titulares de juzgados del fuero porteño.

También firmaron los jueces Reynoso y sus pares Guillermo Scheibler, del Juzgado N° 13; Martín Furchi, del Juzgado N° 16; Víctor Trionfetti, del Juzgado N° 15; Aurelio Ammirato, del Juzgado N° 10; y Francisco Ferrer, del Juzgado N° 23, también del fuero Contencioso, Administrativo y Tributario (CAYT) de la CABA.

Asimismo, firmaron los camaristas Hugo Zuleta y Horacio Corti, como también los defensores generales Graciela E. Christe, Pablo De Giovanni, Lorena Lampolio y Ramiro Dos Santos Freire.

Lo mismo hicieron los asesores tutelares Gustavo Daniel Moreno y Mabel López Oliva.

En diálogo con Télam, la jueza Liberatori consideró "importante" la iniciativa de suscribir una declaración conjunta en respaldo a Gallardo y remarcó que del simple repaso de los nombres de los magistrados y magistradas firmantes se desprende "la transversalidad" del documento en materia de posicionamientos y perfiles personales.

"El hecho de denunciar penalmente al juez cuando se trata de un expediente en el cual están todas las vías recursivas del caso deviene en la mala práctica del disciplinamiento", agregó Liberatori.

A su vez, la magistrada explicó que el fuero Contencioso, Administrativo y Tributario tiene la particularidad de que todos los expedientes cuentan con el Gobierno de la Ciudad como la parte demandada, tras lo cual remarcó: "Si cada funcionario (porteño) se siente atacado por la decisión del magistrado o magistrada y va a proceder con denuncias penales por supuestos delitos, entendemos que eso está hecho con el propósito de lograr un disciplinamiento de los jueces del fuero".

Además, Liberatori recordó que en este momento hay jueces de Cámara que tienen la apelación del Gobierno de la Ciudad en este expediente mientras ven que el colega de la primera instancia está siendo denunciado.

"Uno podría interpretar claramente que esto también tiene como destinatarios, además del juez Gallardo, a los jueces que eventualmente tienen que tomar intervención en este expediente", cuestionó en diálogo con Télam.

Por último, el asesor tutelar Gustavo Moreno, también en declaraciones a esta agencia, advirtió que la denuncia penal de D'Alessandro contra un juez que dictó una medida cautelar implica un hecho "muy grave" que -puntualizó- "está escapando al cauce institucional".

"El Gobierno (de la CABA), que tiene los recursos necesarios para apelar la resolución del juez, y lo ha hecho, genera además como presión externa una denuncia penal en contra de ese mismo juez, afectando la independencia judicial. Es muy grave", insistió Moreno.