Finalmente el Senado tratará el pedido de desafuero que realizó la justicia contra el representante por Rosario de Lerma y ex intendente de aquella localidad, Sergio Ramos. Tras semanas de espera desde que el juez de Garantías Ignacio Colombo enviara un oficio a ese cuerpo con el requerimiento, ayer el presidente de la Cámara, Antonio Marocco, confirmó en el recinto que recién el miércoles por la tarde había ingresado, por lo que primero lo cursará a la comisión de Justicia y luego se elevará al recinto.

Sobre Ramos pesa una causa por peculado de cuando era jefe comunal, y la inició el mismo municipio a través de quien lo sucedió, Ignacio Jarsún, pero la sostiene el actual intendente Enrique Martínez.

Esta es la segunda vez que el juez pide que el cuerpo retire los fueros que protegen a Ramos para poder seguir con la causa y dictar sentencia. El año pasado, se había realizado la misma solicitud pero porque el senador se negaba a ir a dejar sus huellas dactilares, algo que finalmente sucedió sobre la hora, razón por la cual la causa siguió su curso y él pudo continuar legislando. Luego llegarían las elecciones en las que renovó su banca de la mano del saencismo.

Ahora, Colombo informó que mientras el Senado no se expida sobre los fueros de Ramos, la causa quedará suspendida.

El presidente de la comisión de Justicia, Jorge Soto, informó que en el transcurso de la semana que viene comenzarán a analizar el pedido en el que deberán pedir informes de la denuncia a la Justicia.

Soto aseguró que no hubo demoras en el accionar de la Cámara para proteger a un par, sino que el oficio había ingresado a última hora de este miércoles, “quizá los medios se confundían con la solicitud que se hizo el año pasado y que quedó abstracta porque el senador investigado se presentó espontáneamente en esa ocasión”, sostuvo. Sin embargo, según el asesor legal de Rosario de Lerma, Mauro Martina, el pedido fue elevado de manera digital en marzo.

La causa que se le sigue a Ramos data de 2013 cuando era intendente de Rosario de Lerma y se lo acusa de peculado por el desvío de poco más de $340 mil que la provincia había enviado en el marco de un Proyecto de Empresa Social destinada a la construcción de casas prefabricadas. El dinero era para emplazar un galpón donde las cooperativas conformadas para tal fin pudieran trabajar. Los $341.715 fueron liquidados a la Municipalidad de Rosario de Lerma a través de la cuenta corriente bancaria que ese municipio tiene en el Banco Macro.

Pero la Unidad de Delitos Económicos Complejos verificó que la obra nunca se hizo, e informó que en el lugar donde debía concretarse no existen indicios que permitan inferir la realización de la obra y tampoco pudo comprobarse que se haya realizado en otro sitio.

Posteriormente una auditoría externa para determinar contable y financieramente todo lo referido al proyecto, estableció que con el dinero recibido únicamente se compraron tejuelines por un monto de $30.000, que fue la única erogación realizada. Por tanto se desconoce el destino final de los otros $311.715.

Tierras

Por otro lado, durante la sesión de este jueves se aprobaron tres proyectos de ley para donar o expropiar tierras. El primero declara de utilidad pública y sujeto a expropiación el inmueble identificado con la Matrícula Nº 1.258 en el departamento La Candelaria, para ser destinado exclusivamente a la construcción de viviendas por parte del Instituto Provincial de la Vivienda (IPV).

Mientras que los otros dos se tratan de donaciones en el interior. Uno de ellos, de autoría del diputado por el Frente de Todos Franco Hernández, solicita la donación de una fracción de un inmueble de propiedad de la provincia de Salta en Salvador Mazza, en el departamento San Martín, a favor de la Asociación de Padres y Niños Discapacitados “Vivir y Amar con Esperanza”, organización que ya tiene más de 20 años trabajando en la zona y que en la actualidad atiende a 78 personas en su capacitación y rehabilitación.

El otro, era un proyecto del senador Javier Mónico Graciano, también del FdT, por el cual se autoriza al Poder Ejecutivo provincial a transferir en carácter de donación un inmueble a favor de la municipalidad de Rosario de la Frontera donde ya funcionan algunas dependencias municipales. Este último proyecto obtuvo media sanción, por lo que pasó a la Cámara de Diputados en revisión.

Durand versus Rosso

Como pocas veces sucede en el recinto de la Cámara Alta, el senador por capital Emiliano Durand cruzó a su par de Güemes, Carlos Rosso, durante el momento de manifestaciones. Todo comenzó cuando Rosso volvió a fustigar, como vienen haciendo, a la empresa pyme tabacalera local Tabes y a los jueces de la Sala II de la Cámara Federal de Apelaciones de Salta, por haberle concedido un amparo para no pagar el impuesto mínimo al tabaco que se cobra a las etiquetas de cigarrillos, mientras estudian el caso.

Rosso volvió a contar, como ya lo había informado Salta/12, que presentó en el Consejo de la Magistratura un pedido de jury contra los tres jueces Alejandro Castellanos y Guillermo Federico Elías y la jueza Mariana Inés Catalano

El pedido del legislador de Güemes se hace eco de lo que vienen reclamando las grandes tabacaleras multinacionales, a quienes defendió bajo el argumento de que “deben cobrar más caro un producto simplemente porque deben pagar ese impuesto”. Tabes a su vez, sostiene que no lo hace porque solo vende tabaco para armar, y no cigarrillos armados. A lo que suma que si llegara a implementar esa alícuota perdería toda capacidad de competir con los pulpos ya instalados a nivel mundial.

Emiliano Durand primero corrigió a su par al aclarar que “no fue un fallo sino una cautelar” el que emitió la Cámara, y que por lo tanto tiene una duración de 6 meses, “no se decide sobre el fondo, sino que se toman un tiempo para tomar una decisión”. Y consideró que el pedido de jury era “totalmente apresurado” y “desacertado”.

“Me suena a una conducta inapropiada y casi coactiva la de pedir el juicio, para eso existen las medidas cautelares, y deberá hacerlo la AFIP”, agregó. Por último, pidió intentar no incidir en los demás poderes, sobre todo buscando incidir en sus decisiones “porque no nos gustan o no estamos de acuerdo, hay que respetar la independencia de poderes”.

Designaron nuevos jueces

El Senado, de manera unánime, aprobó los pliegos enviados por el Poder Ejecutivo para la designación de nuevos jueces y juezas en distíntos ámbitos. 

Así, María Rodríguez fue nombrada jueza del Tribunal de Impugnación de la Sala II; Guillermo Akemeier para el cargo de juez del Tribunal de Impugnación de la Sala IV, como vocal primero; Federico Armiñana Dohorman para el cargo de juez del Tribunal de Impugnación de la Sala IV, como vocal segundo; Juan Ezequiel Molinati como juez del Tribunal de Impugnación Sala IV, vocal tercero; y Gisela Laura Mariana Centeno, como reemplazante para el cargo de jueza de Primera Instancia de Violencia Familiar y Género N° 2 del Distrito Judicial del Centro.