Organizaciones sociales de la Ciudad de Buenos Aires presentaron un amparo colectivo con el objetivo de modificar el sistema de alimentación de los comedores escolares porteños. El propósito principal de la acción judicial es frenar la licitación abierta por el GCBA para renovar la concesión de diversas empresas privadas cuestionadas por las comunidades educativas: raciones escasas, en mal estado y hasta casos de intoxicación son algunas de las denuncias acumuladas en los últimos años. Las organizaciones cuestionan, además, que el Ministerio de Educación no da participación a las comunidades educativas en las decisiones sobre el servicio. 

El amparo fue presentado por las organizaciones que componen la “Campaña por una alimentación de calidad y gratuita para todxs" y recayó en el Juzgado en lo Contencioso y Tributario N°22 de la Ciudad. Entre otros puntos, la acción judicial solicita que se declaren inconstitucionales el decreto y la resolución que habilitaron el proceso licitatorio, "porque el GCBA no garantizó el derecho a participar a los integrantes de la comunidad educativa ni se aseguró la democratización en la toma de decisiones con relación a la nueva concesión del Servicio de Alimentación Escolar en las escuelas públicas". 

En este sentido, se pide que se interrumpa la licitación abierta para el período 2022-2025 hasta que el GCBA garantice la participación de las comunidades. “Las concesiones se convocaron sin otorgar ninguna instancia de participación a la comunidad educativa como manda la Constitución. Además, consolidan la violación del principio de universalidad y gratuidad de la educación pública con el sistema de becas alimentarias", señaló Jonatan Baldiviezo, abogado patrocinante de la causa y titular del Observatorio del Derecho a la Ciudad (ODC), organización que integra "Movimiento La Ciudad Somos Quienes La Habitamos”.

Es que el servicio de comedores en las escuelas públicas porteñas no es gratuito y las familias que no pueden pagar el costo de la alimentación deben solicitar una beca. Por esta razón, el amparo también busca que se declare inconstitucional "toda normativa que regule y autorice el Sistema de Becas" y que se ordene al GCBA que "de forma inmediata" garantice la "prestación universal del Servicio de Alimentación Escolar en las escuelas públicas (desayuno, almuerzo, vianda, refrigerio y merienda) a todo estudiante sin excepción ni exclusión de ningún tipo, sin condiciones y de forma gratuita".

El abogado del ODC recordó, en tanto, que "hace años que los reclamos y cuestionamientos son permanentes por la comunidad educativa sin que se haya modificado sustancialmente la prestación del servicio, que empeora cada día a la vez que las empresas reciben cifras millonarias por parte del GCBA". Como ya relevó Página 12, las comunidades educativas denuncian que el servicio llega a las escuelas en raciones escasas, con alimentos en mal estado, o con ingredientes reemplazados por otros más baratos. Es el caso, por ejemplo, de la "tortilla" de verdura, un medallón rebozado y prefritado cuyo principal componente es arroz y agua. 

“En Buenos Aires el servicio de comedores escolares está concesionado hace décadas y son 19 empresas las que hace 20 años se reparten este negocio multimillonario", indicó por su parte la ingeniera María Eva Koutsovitis, investigadora del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas y coordinadora de la Cátedra de Ingeniería Comunitaria, organizaciones que también son parte del amparo colectivo junto a la Defensoría de Laburantes. 

Empresas como Lamerich, Dassault, Siderum o Arkino se repiten desde hace años a cargo del servicio y seguramente volverán a participar del proceso que destinará más de 50 mil millones de pesos en los próximos cuatro años. "Hablamos del servicio de comedor, refrigerio y desayuno de 290 mil estudiantes. El valor del pliego, los plazos para presentar la oferta, el sistema de puntuación indicaría que todo estaría direccionado para favorecer a las mismas 19 empresas denunciadas sistemáticamente por las familias, las cooperadoras y los organismos públicos", agregó Koutsovitis.

Para participar del proceso hay que pagar 795 mil pesos que no son devueltos luego de la licitación, lo que imposibilita participar a cooperativas o a las propias cooperadoras de los colegios. Además, en la licitación no se toman en cuenta las multas o sanciones que las empresas tuvieron por la mala calidad del servicio, pero sí la cantidad de años que llevan a cargo, lo que cierra el círculo siempre sobre las mismas adjudicatarias.

En paralelo a la acción judicial y a la campaña impulsada por las organizaciones, en la Legislatura ya fue presentado un proyecto de ley encabezado por Ofelia Fernández y Matías Barroetaveña, diputados del Frente de Todos (FdT), que busca mejorar el servicio. La iniciativa titulada “Ley integral del derecho a la alimentación adecuada en las instituciones educativas” plantea la gratuidad y universalidad del servicio, terminar con el sistema de becas y dar participación en la gestión de los comedores a las cooperadoras de los colegios y a cooperativas de la economía popular. El proyecto también prevé que las empresas que hayan incumplido el servicio no podrán volver a presentarse en las licitaciones.