A un mes de las elecciones presidenciales que podrían consagrar a un presidente de izquierda por primera vez en su historia, Colombia vivió en los últimos días episodios no menos trascendentes e inéditos, presagio tal vez del árido tramo de campaña electoral que queda por delante.

La confesión realizada por militares de haber ejecutado un centenar de campesinos para simular que combatían a la guerrilla en la década del 2000 y la confirmación de que el expresidente Álvaro Uribe irá finalmente a juicio –luego de estar involucrado en más de 100 causas- fueron algunos de estos episodios, todo ello en medio del primer aniversario de las históricas protestas contra la política económica y social del gobierno de Iván Duque.

Los favoritos

Los sondeos prevén por el momento un triunfo, en algunos casos incluso en la primera vuelta del 29 de mayo, de Gustavo Petro, exguerrillero desmovilizado hace 33 años y exalcalde de Bogotá, dirigente de izquierda que representa a una novedosa coalición de partidos y organizaciones sociales denominada Pacto Histórico. Si este resultado se confirma no será sorpresivo pero sí inédito, ya que en Colombia nunca logró gobernar a nivel nacional una opción de izquierda.

Del resto de los candidatos y candidatas, el único que está en condiciones de intentar arrebatarle la ilusión a la izquierda es Federico Gutiérrez, candidato de la derecha (Equipo por Colombia), aunque debe remontar una fuerte imagen negativa del actual gobierno y la cuestionable situación de Uribe, sindicado por los especialistas como "el verdadero presidente" de Colombia.

Episodios negativos

Petro, no obstante, tuvo que enfrentar últimamente un par de episodios cuyo efecto en el resultado electoral aún no puede estimarse pero que podrían impactar de forma negativa en su candidatura.

Por un lado, la coalición de izquierda debió distanciarse de la senadora Piedad Córdoba –de gran protagonismo en las negociaciones con las FARC para la liberación de secuestrados a mediados de la década de 2000-, salpicada por denuncias de estar relacionada con Alex Saab, un colombiano preso señalado de ser testaferro del chavismo en Venezuela.

"Petro deberá sortear también otro episodio, que es el de la reciente visita que su hermano Juan Fernando hizo a la cárcel de La Picota para visitar a Iván Moreno, preso por corrupción y hermano del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno", asegura el analista político Eduardo Márquez.

Para el especialista, estos dos sucesos marcan a las claras que "nadie puede dar por ganada una elección antes de tiempo", ya que los dos hechos, pero sobre todo el de los hermanos Petro y los hermanos Moreno, amenaza con presentar varios capítulos más antes del 29 de mayo.

Principales demandas y desafios

Una reciente encuesta publicada por el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) marca que la principal preocupación de la sociedad es la cuestión del salario y el trabajo (63 por ciento), seguida muy por detrás (15 por ciento) por el aumento del costo de vida.

Es que, alejado el peligro real de la violencia ejercida por las FARC tras el acuerdo de paz de 2016, ha quedado expuesta la situación del país en cuestiones como la educación con salida laboral, el trabajo formal y las jubilaciones, gestionadas por un sistema de pensiones semiprivado.

Para el sociólogo colombiano Christian Arias Barona, esto se debe a décadas de gobiernos de derecha, que profundizaron "un proceso de acumulación que ha causado un estado de desesperanza en los jóvenes, que no pueden acceder a la educación ni a un trabajo formal, y un fracaso en el tema de las pensiones".

Arias Barona, residente desde hace 10 años en la Argentina y profesor en la Universidad de Buenos Aires (UBA), avanzó en que los principales cambios que beneficiarían a Colombia en un eventual gobierno de Petro estarían relacionados con una mejora en la situación socioeconómica y también en una "implementación real" del acuerdo de paz.

El acuerdo de paz

"Ese acuerdo incluye reformas rurales, de atención del problema de las drogas ilícitas, la atención de las víctimas del conflicto, todas cuestiones que el actual gobierno relegó por voluntad propia", evaluó el catedrático, que coincidió con Alberto Yepes, de la Coordinadora de Derechos Humanos colombiana.

El jueves último se cumplió un año del inicio de la ola de protestas que reclamó en todo el país un cambio en el rumbo económico y social, que se saldó con al menos 84 muertos, en su mayoría jóvenes pobres asesinados a balazos por las fuerzas de seguridad, más de 900 heridos y hasta un centenar de ataques sexuales cometidos en su mayoría contra mujeres, puntualizó Yepes.

Según Arias Barona, la plataforma de Petro apunta a responder esos reclamos. "A los jóvenes les promete acceso a la educación y trabajo, a la clase media una reactivación del consumo y a los mayores una solución para la crisis de las jubilaciones", explicó.

El futuro de Petro, si gana

Tanto Arias Barona como Márquez y Yepes admitieron que en caso de llegar a la Casa de Nariño, Petro no tendrá una gestión fácil, debido a la resistencia que ya anunciaron sectores de poder vinculados con la derecha y la ultraderecha, como las fuerzas militares, los poderes concentrados, los grandes medios de comunicación y hasta los organismos de control del Estado, en manos de amigos de Uribe, además de un Parlamento en el que deberá buscar alianzas con partidos de centro.

"En caso de llegar al gobierno, Petro deberá rascar el fondo de la olla", ilustró  Jorge Humberto Ruiz, activista político de Cali, la ciudad más castigada por la represión a las protestas, quien da por descontado que el futuro gobierno, en caso de cambiar de signo político, deberá enfrentar a los poderes concentrados con décadas de usufructo de la riqueza nacional.

"Después de que Colombia se independizó, un grupo conocido como la 'élite criolla' se quedó siempre con el poder y no quiere perder sus privilegios. Son promotores de la economía extractivista, la explotación petrolera, el alquiler de tierra para monocultivos. Dejan de lado la agricultura familiar o zonal, que es uno de los remedios que traería la aplicación de los acuerdos de paz", completó Ruiz.