En una nueva ofensiva contra Luiz Inacio Lula da Silva, el Ministerio Público de Brasil solicitó al juez Sergio Moro el arresto del ex presidente por “corrupción pasiva calificada”, a raíz de la propiedad de un inmueble que el líder del PT negó en varias ocasiones.

La causa es una de las seis que la Justicia le sigue a Lula, presidente entre 2003 y 2011 y amplio favorito para las presidenciales del año próximo. La fiscalía recomendó al juez Sergio Moro, el mismo que instruye la megacausa Lava Jato, el arresto del ex mandatario por la posesión de un triplex ubicado en Guaruja, en San Pablo. Si bien Lula asegura que el departamento no es suyo, la fiscalía insiste en que los propietarios son testaferros suyos.

Moro podría dictar sentencia el mes que viene. Es la causa más avanzada contra Lula por parte de la ofensiva judicial. El ex mandatario denuncia una “persecución judicial” en su contra y desdeña las “pruebas robustas” que la fiscalía alega tener en su contra.

La nueva avanzada contra Lula se da en el peor momento de Michel Temer, el beneficiario del golpe parlamentario contra Dilma Rousseff, salpicado por escándalos de corrupción. La difusión hace dos semanas de un audio en el que negociaba coimas para mantener el silencio de Eduardo Cunha, el detenido ex presidente de la Cámara de Diputados y artífice del golpe del año pasado, desmoronó aun más la escasa imagen del hoy presidente.

De allí que reflotar las causas contra Lula parezca un ardid para desviar la atención en un país en crisis económica y movilizado en repudio a Temer. Aunque las andanzas del actual presidente siguen su curso en la Justicia: hoy fue detenido por orden judicial el diputado Rodrigo Rocha Loures, el intermediario de Temer ante Joesley Batista, el empresario que denunció al mandatario y dio los audios en los que se negocia por el silencio de Cunha.

Rocha Loures ya había sido filmado hace dos meses cuando se encontró en una pizzería de San Pablo con un emisario de Batista que le alcanzaba una valija. Dentro, se supo más tarde, había 156 mil dólares a repartir en el entorno de Temer. La filtración de los audios generó una investigación contra quien hoy ocupa el Palacio de Planalto.