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"Argentina es, todavía, un país profundamente desigual. Tenemos distritos que están en un nivel de desarrollo humano equiparable al primer mundo, es el caso de la ciudad autónoma de Buenos Aires, y distritos que están muy atrasado desde el punto de vista del bienestar. Y eso es atribuible a condiciones estructurales del país. Dada esa situación, el régimen de coparticipación tiene que tender a disminuir las condiciones de desigualdad. En cambio, lo primero que hizo el gobierno anterior fue aumentar la coparticipación del distrito más rico, que es la Ciudad Autónoma de Buenos Aires en detrimento de las provincias más pobres", dice a Página/12 Julio Rodríguez Signes, fiscal de Estado de Entre Ríos. Lo hace para fundamentar la presentación que hizo en nombre de la provincia para ser admitido como amicus curiae por la Corte Suprema en la causa en la que Nación y la Ciudad de Buenos Aires están discutiendo sobre los porcentajes de coparticipación. Entre Ríos no está sola. Al menos catorce provincias reclamaron en los últimos días ser "amigas del tribunal" para poder hacer oír su voz en el expediente.
Por Santa Cruz, la presentación ante la Corte la hizo el fiscal de Estado Fernando Pablo Tanarro. "El tema relacionado con los porcentajes de distribución de fondos se encuentra ligado con el mandato constitucional de promover y mantener en todo el territorio nacional un grado equivalente de desarrollo, calidad de vida e igualdad de oportunidades, el que a su vez se vincula directamente con la operatividad de los derechos humanos (económicos, sociales y culturales) para todos los habitantes de la República conforme mandatos contenidos en los tratados de Derechos Humanos a los que nuestro país ha adherido. Sin igualdad de oportunidades para todos los ciudadanos que habitan el territorio argentino se obstaculiza la operatividad de los derechos fundamentales reconocidos en la Carta Magna y tratados internacionales", dice el texto que entregó en el máximo tribunal.
Con argumentos similares, solicitaron ser amicus curiae -- un instrumento que se puede utilizar en determinados procesos judiciales y en causas de interés general o colectivo con el objetivo de aportar argumentos jurídicos, técnicos o científicos al tribunal-- Buenos Aires, Santiago del Estero, Chubut, La Rioja, Santa Cruz, Catamarca, Formosa, Chaco, Tucumán, Santa Fe, Misiones, La Pampa, Entre Ríos y Tierra del Fuego. Lo que están diciendo las provincias es que si la Corte Suprema convalida el aumento discrecional que hizo el gobierno de Mauricio Macri del porcentaje de coparticipación que debe recibir la Ciudad de Buenos Aires, se perjudicaría a los otros distritos del país.
El comienzo del conflicto
La causa judicial en la que las provincias reclaman intervenir fue iniciada por el gobierno de Horacio Rodríguez Larreta cuando el presidente Alberto Fernández decidió redireccionar el dinero que el expresidente Mauricio Macri concedió a la Ciudad al elevar los fondos coparticipables que recibía el Gobierno porteño del 1,4 al 3,75 por ciento, cifra que luego bajó a 3,5. En septiembre de 2020, Fernández dispuso que el porcentaje de coparticipación de CABA sería de 2,32 por ciento y Rodríguez Larreta decidió acudir a la Corte Suprema y reclamar la inconstitucionalidad de esa medida.
En su momento, Macri justificó el incremento del porcentaje de coparticipación en el traspaso de la Policía Federal a la órbita porteña. Pero según los cálculos elaborado por el equipo de la secretaria de Provincias, Silvina Batakis, el gobierno porteño recibió muchísimo más de lo que necesitaba para cubrir el costo del traspaso. En 2016, el excedente fue de 17.386 millones de pesos. Durante los cuatro años de Macri, el exceso de fondos de seguridad da un total de 86.269 millones de pesos. Si hoy estuviera vigente los que dispuso en su momento Macri, la Ciudad recibiría en 2022 160 mil millones de pesos, un monto que está por encima de lo previsto por el gobierno porteño para toda la policía porteña, que está conformada por el traspaso de la Federal más la metropolitana. Además, durante la presidencia de Macri, la Ciudad recibió otros beneficios, como aportes del Fondo de Incentivo Docente y del Ministerio de Justicia, Transporte y Educación y las transferencias de los gastos del Hospital Garrahan y recursos para obra pública, que incluyeron obras emblemáticas como el Paseo del Bajo.
La semana pasada, la Corte Suprema otorgó una prórroga de 15 días para que ambas jurisdicciones continúen con las negociaciones que se están realizando por fuera del ámbito de los tribunales. Si no hay acuerdo hasta el 11 de mayo, los cortesanos emitirían un fallo.
Las negociaciones
Representantes de Nación y Ciudad se vienen reuniendo todas las semanas para acercar posiciones. Por el gobierno porteño encabeza las gestiones el jefe de Gabinete, Felipe Miguel. Por Nación participan funcionarios del ministerio del Interior que encabeza Wado de Pedro --Batakis y Marcos Schiavi, actual Director Nacional Electoral y hasta hace poco secretario ejecutivo de la Comisión Consultiva del Area Metropolitana-- además de un equipo del ministerio de Economía. Actualmente hay consenso acerca de que el traspaso de los recursos de la Policía Federal que hizo en su momento el gobierno nacional se cubriría por un monto fijo acompañado por un mecanismo de actualización. Esto quedaría por fuera del mecanismo de coparticipación y el porcentaje que recibiría la Ciudad volvería al original del 1,4. Pero, por ahora, las cifras que proponen uno y otro para dar y recibir están lejos.
La relación del gobierno nacional con la Corte Suprema no pasa por su mejor momento. Los gobernadores peronistas, preocupados por un fallo que pueda convalidar los beneficios de la Ciudad, decidieron intervenir cada vez más en el conflicto. En concreto, están en alerta porque una medida cautelar del tribunal a favor de la administración porteña afectaría los fondos de las provincias.
Los gobernadores
Hace un mes, entregaron una carta a la Corte Suprema en la que señalaron que si el máximo tribunal "convalidara el aumento de la participación de CABA dispuesto durante la gestión de Mauricio Macri en forma discrecional, injustificada y contrario a lo previsto por la Constitución Nacional, estaría sentando un precedente de graves consecuencias para el federalismo". El texto lo firmaron todos los gobernadores menos los que responden a Juntos por el Cambio --Gerardo Morales, de Jujuy; Gustavo Valdés, de Corrientes; y Rodolfo Suárez, de Mendoza-- y el cordobés Juan Schiaretti. En los últimos días, varias provincias decidieron profundizar el reclamo al máximo tribunal y por están reclamando poder intervenir directamente en el expediente como "amicus curiae".
"No podemos consentir el desequilibrio y el atropello al federalismo, es algo inconstitucional lo que plantean. Esa es una demanda abusiva, caprichosa del centralismo, en beneficio de unos pocos y en detrimento de los 45 millones de argentinas y argentinos”, señaló el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, cuando firmó la presentación ante el asesor General de Gobierno, Pedro Goyochea y a la fiscal de Estado Analía Porras.
Ahora la Corte debe decidir primero si considera que las provincias pueden ser amigos del tribunal. Si las acepta, los gobernadores podrán luego presentar nuevos argumentos sobre la cuestión de fondo. Mientras, Ciudad y Nación siguen las negociaciones. El lunes o martes se fijará la fecha del próximo encuentro. El 11 de mayo es la nueva fecha límite establecida por la Corte para que haya acuerdo.
