El jury de enjuiciamiento del juez Rodolfo Mingarini tendrá mañana la audiencia de vista de causa, donde se escucharán los alegatos de la acusación y los de la defensa. Luego, los integrantes de la Corte Suprema de Justicia, más el senador Armando Traferri, el diputado Maximiliano Pullaro y los representantes de los colegios de Abogados de Rafaela y Reconquista tendrán diez días para resolver si destituyen a Mingarini o lo absuelven. El Procurador de la Corte, Jorge Barraguirre, analizó 12 resoluciones del suspendido magistrado. Lo que está en juego no es el contenido de sus fallos, sino el razonamiento, la falta del conocimiento de estándares internacionales y la insistencia que demostró desde su asunción -en 2018- para desoír, sospechar y desestimar la palabra de las víctimas de abuso sexual. Barraguirre analizó medidas cautelares y sentencias en las que Mingarini desestimó pericias médicas y psicológicas de niñas y niños, entre otros argumentos y medidas que contradicen obligaciones constitucionales y de las convenciones de derechos humanos vigentes.

La denuncia contra Mingarini fue presentada en junio de 2021 por veinte legisladoras provinciales, la Mesa de Ni Una Menos de la ciudad de Santa Fe, la Asociación Civil Palabras y la Multisectorial de Mujeres de la capital provincial. Se originó porque el magistrado decidió la libertad de un acusado de violación apelando a que había usado un preservativo. El juez pudo tomar otros argumentos, como la falta de peligrosidad procesal, pero prefirió poner en duda la existencia del delito. “Podemos pensar que habría habido relaciones forzadas, pero no puedo entender cómo si va a tener relaciones forzadas, empujándola, sometiéndola, se toma el tiempo, no puedo reconstruir cómo hace para colocarse el profiláctico y luego avanzar sobre el cuerpo de la víctima que según lo que está acá, se negaba. La verdad es que ahí es donde me genera la mayor duda”, dijo Mingarini en una audiencia oral y pública del 31 de mayo de 2021. Así lo reveló la periodista Barbara Favant. 

El escándalo trascendió las fronteras. Y llevó a revisar otros fallos. Barraguirre encontró que el juez produjo, en sólo tres años, doce resoluciones donde la falta de perspectiva de género es una constante, y la sospecha sobre las víctimas de violencia sexual se repite. Cuestionó la forma de razonar y resolver, y su pertenencia a la “cultura de la violación”. El 7 de septiembre del año pasado, Mingarini fue suspendido por el Tribunal de Enjuiciamiento.

El artículo 88 de la Constitución provincial indica que “los magistrados y funcionarios del ministerio público son inamovibles mientras conserven su idoneidad física, intelectual y moral y el buen desempeño de sus funciones”. La falta de conocimiento y aplicación de las normas internacionales y los razonamientos alejados de la doctrina jurídica implican mal desempeño, según entendió el Procurador en su acusación, de 73 páginas.

El procurador de la Corte provincial Jorge Barraguirre.

Barraguirre recuerda la destitución de un juez en Canadá, en 2017. Tres años antes, el magistrado Robin Camp le había dicho a una joven víctima de violación, de 19 años: “¿Y por qué simplemente no mantuvo las rodillas juntas?”. Luego la trató de “acusada”. Y planteó: “A las chicas jóvenes les gusta tener sexo, sobre todo si están bebidas; pero el sexo y el dolor a veces van de la mano, y no es necesariamente algo malo”. Le costó la carrera.

El juez debe evaluar las pruebas y aplicar las leyes vigentes. Para Mingarini, siempre, lo que queda por fuera es la consideración por la palabra y el sufrimiento de la víctima. En una causa por abuso sexual contra una niña, el juez desestimó lesiones físicas constatadas en una pericia médica. En otra causa, la víctima -otra niña- tiene fisura anal, y el acusado de la violación es la pareja de la abuela. La mamá de la nena refiere que ella también fue violada, cuando era chica, por la misma persona. La pericia habla de falta de higiene, y el juez plantea -en audiencia- que ese detalle es lo que más le preocupa. También hubo, en 2020, una comunicación impropia con la abogada de otro acusado de abuso sexual. Mingarini había actuado antes como defensor oficial y luego le tocó intervenir como juez. En lugar de excusarse, llamó por teléfono a la profesional, como reveló Rosario/12 el 6 de septiembre de 2021.

La situación de Mingarini tiene un antecedente: la destitución de Nicolás Muse Chemes, en 2012, tras una presentación impulsada por la entonces diputada provincial Alicia Gutiérrez. En varias causas, el magistrado había faltado al deber de proteger a niñas víctimas de abuso sexual. La resolución del jury subrayó la “ignorancia inexcusable del derecho, vale decir, palmario, contundente, que no admite ni matices ni disculpas, revela la falta de idoneidad de Muse Chemes para el juzgamiento del colectivo jurídico involucrado en estas causas, donde se encuentran comprometidos no sólo los derechos constitucionales de los imputados sino también de las presuntas niñas, niños y adolescentes víctimas. Importan también un incumplimiento reiterado de las obligaciones del cargo impuestas por la Constitución y las leyes”.

Sobre la resolución que llevó a Mingarini a la consideración pública, una de las abogadas denunciantes, Claudia Catalín, recordó que “no solo trascendió en la órbita provincial, sino también nacional e internacional, justamente por lo burdo que sonaba que un juez al dejar libre un imputado analizara que utilizar un preservativo ponía en duda el carácter de abuso sexual, cuando había gran cantidad de pruebas, testigos, exámenes genéticos, una serie de situaciones que él desestimó y en las cuales decidió a partir de esta percepción”.

Mientras tanto, en algunos medios de comunicación de la ciudad de Santa Fe, en defensa de Mingarini, se agitó como argumento que la causa original había tenido una deficiente investigación por parte del Ministerio Público de la Acusación. La fiscal Alejandra del Río Ayala, a cargo de la Unidad Fiscal de Género Familiar y Sexual, respondió: “El juez tuvo todos los elementos del caso, incluida evidencia sobre el lugar del hecho que se invocó en la audiencia, a diferencia de lo que se afirma. Claro que, al no encontrarse esto controvertido no corresponde se le exhiba al juez. Son audiencias argumentativas". Es que el juez no debía juzgar al acusado, sino definir si lo dejaba en libertad.

 

Catalín, junto a Paula Condrac firman la denuncia que originó el juicio político. “La primera impresión que tuvimos desde el movimiento de mujeres fue cuestionar la perspectiva de género de este juez, cómo podía ser que él no considerara la palabra de la víctima, que planteara algún tipo de comportamiento como víctima ideal, algo que ya no se admite en el derecho y tuviera incluso esta forma de resolver, dejando en riesgo a una mujer que había sido sometida a una violación por parte de alguien que vivía cerca de su casa y que quedaba totalmente desprotegida”, dice Catalín. Recordó: “Hemos conocido casos donde los jueces dejan en libertad a imputados y luego tenemos que lamentar un femicidio”. Mañana, las denunciantes esperan poder participar de la audiencia.