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Estados Unidos no puede superar el viejo problema de su frontera sur. Sigue limitado al uso de dos herramientas punitivas ante cada crisis migratoria que se le viene encima. Son la deportación inmediata de indocumentados o su detención durante varios meses en una cárcel ordinaria. No incluye este racconto la ampliación del muro que lo separa de México. La primera medida llamada Título 42 es hija de las políticas xenófobas de Donald Trump que se exacerbaron con la pandemia. Es muy posible que pierda vigencia el 23 de mayo si el gobierno de Joe Biden no la mantiene. Con lo que podrían suceder dos cosas: un aumento en el flujo de personas desde Centroamérica y el endurecimiento todavía mayor de otros dispositivos para frenarlas. Si la situación se volviera explosiva en el hemisferio norte camino al verano, el Partido Demócrata estaría en aprietos para mantener la módica ventaja que conserva en las dos cámaras del Congreso.
El 8 de noviembre son las elecciones de medio término. El debate sobre la inmigración es un tema no saldado y hay republicanos que siguen aplicando mano dura como el gobernador de Texas, Greg Abbott. Su operación Estrella Solitaria (Lone Star) le permite realizar arrestos indiscriminados bajo cualquier cargo. Medios estadounidenses denunciaron que aun pagando fianza, hubo detenidos que no fueron liberados. Un grupo de ellos demandó al gobernante porque consideró que su estrategia para la frontera es inconstitucional.
Si se trazara una línea de tiempo en políticas migratorias, ni todos los demócratas han sido condescendientes con el fenómeno, ni la intolerancia es una condición exclusiva del Partido Republicano. El ejemplo clásico que suele citarse es el de Barack Obama. Cuando llegó a la Casa Blanca en 2009 deportó más latinoamericanos que Trump en su primer año de gobierno. Incluso en sus dos mandatos superó la cantidad de expulsados que George W. Bush provocó en sus ocho años de gobierno.
Título 42
Ahora el dilema de qué hacer ante un problema que puede incidir en las legislativas de noviembre, lo tiene Biden. El llamado Título 42 aprobado en 2020 durante la presidencia del magnate republicano es un instrumento legal que a EE.UU le permite deportar antes de que un migrante presente el pedido de asilo. El trámite es expeditivo y así, en lo que va del año fiscal 2022 – se lo considera a partir del 1° de octubre de 2021 – el 51 % de los migrantes detenidos por cruzar la frontera fue deportado bajo la normativa del Título 42.
La aplicaba y continúa haciéndolo, la Policía de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP, por su sigla en inglés) que desde el 20 de marzo de 2020 y por una cuestión de Salud Pública, impide la entrada de extranjeros que “potencialmente representan un riesgo para la salud”. Esa medida es la que hoy se está discutiendo, ya superada la peor etapa de la pandemia.
El gobierno de Biden todavía no definió qué hará porque el draconiano Título 42 es un disuasivo que no frena el incontenible flujo migratorio, pero le sirve para demorar el eventual desborde que se avecina. Especialistas en el tema ya lo vaticinan. El actual presidente había anticipado el final de la norma que permitió deportar poco más de un millón de personas en los últimos seis meses. Se basó en el criterio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que aconsejaron terminar con ella.
Pero entre quienes se oponen a la derogación del Título 42 se encuentra el gobernador texano. Abbott es un halcón republicano que el 3 de junio de 2021 ya había declarado en la cadena ultraconservadora Fox News: “Sigo la ley, y la que voy a usar será la forma legal en la que Texas comenzará a arrestar a todos los que crucen la frontera. No solo arrestarlos, sino que debido a que esto ahora será un allanamiento de morada con agravantes, pasarán medio año en la cárcel, o un año”.
La amenaza la puso en práctica bajo lo que se conoce como la operación Estrella Solitaria (Lone Star). Una investigación de los medios ProPublica, The Texas Tribune y The Marshall Project aporta evidencias sobre presuntas irregularidades cometidas por Abbott con dinero público para mantener blindada la frontera de su estado, Texas.
Quienes padecen todavía el Título 42 o la incipiente política contenida en Lone Star, son los inmigrantes mexicanos o que provienen del denominado Triángulo Norte de Centroamérica: Guatemala, Honduras y Salvador. Para justificar las medidas contra ellos, Abbott se basa en que “Biden no está asegurando la frontera, el estado de Texas tiene que intensificar y gastar el dinero de los contribuyentes para hacer el trabajo del gobierno federal”.
Los medios que investigaron a Abbott publicaron que la operación Estrella Solitaria “ha contado arrestos por delitos sin conexión con la frontera e incluido recuentos de drogas capturadas en todo el estado en comunidades que no recibieron recursos adicionales de la iniciativa”. Los movimientos del gobernador que va por su reelección – y es muy crítico de Biden – continuarán hasta el 31 de mayo.
El republicano se opone a que el Título 42 desaparezca porque sería una decisión “sin precedentes y peligrosa”. También declaró: “Texas tomará sus propias medidas sin precedentes este mes para hacer lo que ningún estado de EE.UU ha hecho jamás en la historia de este país y asegurar mejor nuestro estado y nuestra nación”.
El gobernador es un dinosaurio cuyos planes contra la inmigración incluyen una batería de medidas adicionales: bloqueos de botes en el Río Grande, la colocación de alambres de púas en cruces de aguas bajas y autobuses financiados por el Estado para que trasladen a los solicitantes de asilo hasta el Capitolio en Washington. Aclara, “de forma voluntaria”, una manera de trasladarle el problema al gobierno federal que ejerce Biden.
Hoy los detenidos se cuentan por miles y las denuncias por violaciones a los Derechos Humanos son reflejadas en medios de los estados fronterizos. El viernes, el presidente de EE.UU llamó a su par mexicano Andrés Manuel López Obrador. La conversación duró 45 minutos e incluyó los problemas migratorios irresueltos. La portavoz de la Casa Blanca Jen Psaki declaró: “Fue planeada en parte por la Cumbre de las Américas y también por el próximo levantamiento del Título 42 y la anticipación y expectativa del Departamento de Seguridad Nacional sobre el aumento de la afluencia de migrantes que intentan cruzar la frontera”. Las oleadas de desesperados no se detendrán. Los esperan para esta primavera en Estados Unidos. Biden se juega en su frontera sur el futuro de su gobierno en los próximos dos años.
