El fiscal penal de Salvador Mazza, Armando Cazón, solicitó la detención de tres referentes indígenas tras un hecho ocurrido en las inmediaciones de la escuela primaria N° 4128 Puerto La Paz, ubicada en Misión La Paz, en el departamento de Rivadavia. Según la Fiscalía, los acusados fomentaron los incidentes que llevaron a que se incurra en la retención indebida y la privación ilegítima de la libertad de personal del Ministerio de Educación de Salta.
El Juzgado de Garantías 2 de Tartagal aprobó la solicitud de detención, después que los referentes Alejo Gallardo, Alejadro García y Florencio Pensa no se presentaran ante la Fiscalía. El hecho que se investiga ocurrió el martes 26 de abril en las instalaciones de la escuela, donde se llevaba adelante una protesta por parte de miembros de comunidades indígenas que manifestaban su disconformidad con las dos directoras del establecimiento, del turno mañana y tarde.
Gallardo contó a Salta/12 que las manifestaciones contra la dirección de la escuela vienen desde hace largo tiempo, ya que consideran que existe un mal desempeño de sus funciones y además llevan adelante prácticas discriminatorias contra los estudiantes y familiares indígenas y no reconocen la interculturalidad. Con esas acusaciones, solicitaban el apartamiento del lugar.
Gallardo contó que el 10 de marzo presentaron una nota al Ministerio de Educación provincial que recién tomó curso el 22 de marzo. Sin novedades, el 5 de abril se presentaton en la comisaría de la localidad de Santa Victoria Este (SVE), a cuyo jurisdicción pertenece Misión La Paz, reiterando las acusaciones contra las directoras. En esa presentación dieron un plazo de 48 horas para que se otorgue una respuesta favorable y advirtieron que si no tenían novedades se disponían a tomar otras medidas.
Efectivamente, el 7 de abril por la mañana un grupo de padres y madres se presentó en la institución educativa solicitando que las autoridades educativas se retireran de la institución. Tras mantenerse en protesta por largas horas, Gallardo aseguró que "se les solicitó en forma pacífica que se retiren", pero la dirección optó por decir a sus docentes que no se iban a dar clases.
"Les dijeron que por el pedido de los padres no iban a poder ingresar, pero la realidad es que no fue así. Todo es falso porque lo único que queríamos era que las directoras se retiren del lugar y que las clases funcionen normalmente sin perjudicar nuestros hijos", narró Gallardo. "Nunca hemos cerrado la institución ni hemos golpeado a nadie", indicó.
Ese mismo día se elevó una nota al supervisor de la zona, Oscar Cruz, para que "tenga conocimiento" de la situación. Después de ese aviso, y poco antes de los feriados de Semana Santa, llegó personal del área de Educación de la provincia, ante quienes "volvemos a pedir que respeten nuestro pedido". "Cruz cumplió y sacaron a las directoras" y la comunidad quedó a la espera de que se produzcan los nuevos nombramientos.
Sin embargo, no tuvieron noticias al respecto y el martes 26 se dieron con la novedad de que estaban en la institución supervisores de la zona y la directora general de Nivel Inicial, Alicia de la Fuente. Gallardo consideró que su presencia era para respaldar a las directoras, pues aseguró que en ningún momento se dispusieron a hablar con los representantes originarios.
Sabiendo que las autoridades estaban en la escuela, el referente dijo que más de 50 personas de las comunidades se hicieron presentes en el lugar, en cambio, la Fiscalía indicó que eran 15 los manifestantes. Gallardo dijo que se apartó por un momento para hablar por telefóno con el coordinador de Relaciones con la Comunidad de Educación, Rubén Figueroa, para saber qué había pasado con "el compromiso de ellos, que no cumplieron", dado que las directoras estaban en la escuela con el propósito de asumir nuevamente sus funciones.
"Cuando regreso con los manifestantes, se encontraban los funcionarios afuera con la intención que se querían retirar de la zona, pero la gente los presionaba", narró Gallardo, ya que lo que sobrevolaba era que nuevamente no se respetaba la voluntad de la comunidad. El referente contó que atinó a decirles que sólo "vinieron a empeorar el problema y se tenían que hacer cargo".
Para esos momentos, ya pasado el mediodía, llegaron efectivos de Infantería enviados a pedido del fiscal Cazón. El clima era bastante denso y no se permitió el retiro de la zona "hasta que entendieran que había una denuncia" de los padres contra las directoras. "Muchas madres estaban furiosas", agregó Gallardo. Incluso, algunos padres de los estudiantes desinflaron las gomas del vehículo que trasladaban a los funcionarios, por lo que Gallardo tuvo que buscar un compresor de aire para volver a inflarlas, y hacer posible que se retiren del lugar.
"No se presentaron y no se justificaron"
Ya para las 12 de la noche, policías llegaron al domicilio de Gallardo para hacerle saber de la citación de Cazón. La acusación respondía no sólo a lo relevado por personal de Infantería que estuvo al momento de incidente, sino a una denuncia penal que presentaron los funcionarios provinciales contra los referentes, informó el Ministerio de Educación de Salta a este medio.
La orden desde el Juzgado de Garantías 2 de Tartagal decía que debían presentarse el mismo miércoles 27 de abril. Pero los referentes no asistieron y se pidió la detención. Gallardo dijo que no tenían los recursos ni el tiempo para trasladarse hasta Tartagal, que dista más de 188 kilómetros de Misión La Paz. Además, afirmó que no le sorprendía el accionar del fiscal porque no suele actuar en favor de las comunidades.
"Estamos en contra de todo lo que está actuando el fiscal, y lo acuso de cómplice porque lo conocemos hace varios años y sabemos que hay cosas que hace y no son a favor de los originarios", precisó. "Somos dueños de la tierra y la justicia debería respetarnos a nosotros", añadió. Aún así, dijo que está a disposición de Cazón y contó que hoy se presentarán ante la Fiscalía.
Por su parte, Cazón contó a Salta/12 que se siguió un protocolo de actuación que involucró un trabajo previo de la comisaría del lugar para establecer un diálogo con los manifestantes. Para el fiscal, el intercambio se establece en la medida que "sea racional y se respete la libertad y la salud de las personas".
Y añadió que eso no ocurrió en las afueras de la escuela de Misión La Paz porque "no se permitió a la gente entrar ni salir", además de avanzar contra un vehículo. "Para evitar que sea explosivo (el momento) mandamos gente de Infantería para disuadirlos", agregó.
Cazón dijo que logró identificar a tres de los referentes y solicitó su presencia en la Fiscalía, donde se les haría conocer la imputación por la posible comisión de los delitos de privación ilegítima de la libertad, retención indebida, coacción, atentado a la autoridad y desobediencia judicial. "No se presentaron y no se justificaron", sostuvo sobre el pedido de detención.
Para el fiscal, el punto de sus decisiones radica en que "por más justo que sea el reclamo, no se debe tolerar de ninguna manera que se avasalle el derecho de terceros", y afirmó que desde hace 8 años vienen trabajando en esa línea. "El derecho de huelga es comprensible, pero siempre respetando el derecho de los terceros, y cuando tenemos denuncias de retención y privación de la libertad, hay que marcar claramente esas posiciones", afirmó.
