El damnificado, a quien pararon durante un control vehicular de rutina, le transfirió el dinero a uno de los oficiales, quedando constancia de su nombre, CUIL y código de la operación.
Tres efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires fueron desafectados de la fuerza e acusados ante la Justicia de pedirle una coima a un automovilista, quien abonó a través de una transferencia por la aplicación de Mercado Pago.
El hecho se registró el sábado por la mañana a la altura del kilómetro 33.700 de la Autopista del Sol, a metros del peaje de la calle Henry Ford, en la localidad de General Pacheco, partido de Tigre.
Según expresaron fuentes policiales, en el lugar se realizaba un operativo para prevención de delitos en el cual estaban destinados un oficial subayudante, un subteniente y un oficial de la Policía bonaerense.
En ese contexto, los oficiales detuvieron la marcha de un automóvil y le solicitaron al conductor un pago de tres mil pesos para dejarlo seguir su viaje.
Según consta en la denuncia, el conductor le transfirió el dinero a través de la aplicación de Mercado Pago a uno de los oficiales, quedando constancia de su nombre, CUIL y código de la operación.
La víctima es un conocido de la diputada nacional Agustina Propato, esposa del ministro de Seguridad bonaerense Sergio Berni, y la puso al tanto del hecho. "Hola compañera Agustina. Sé que no estás para estas cosas. Mira, me acaban de coimear en el peaje de Pacheco en un operativo de la Policía Bonaerense. No es mi costumbre 'chapear' y no lo hice, pero son tan idiotas que me permitieron pagarles la coima por Mercado Pago. Si le sirve a Sergio, estoy a disposición de él", la puso al tanto a través de un mensaje.
La Auditoría General de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad bonaerense tomó conocimiento del hecho y rápidamente ordenó la desafectación de los tres implicados.
En tanto, la fiscal María Virginia Toso, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción de Don Torcuato, imputó a los tres policías por el delito de "exacciones ilegales", que prevé una pena de prisión de uno a cuatro años e inhabilitación especial de uno a seis años.
La fiscal Toso ya solicitó el libro de guardia, la constancia de Mercado Pago de la transferencia realizada y se les secuestró el teléfono celular a los tres policías.