Mauricio Macri consiguió un aval fundamental en su cruzada para que le anulen el procesamiento por el espionaje sobre los familiares de los 44 tripulantes del ARA San Juan, el submarino que se hundió durante su gobierno. El fiscal ante la Cámara Federal porteña, José Agüero Iturbe, acompañó el reclamo del expresidente y ahora son los camaristas Pablo Bertuzzi, Leopoldo Bruglia y Mariano Llorens quienes deben decidir si se mantiene en pie la resolución que dictó el juez federal Martín Bava en diciembre pasado –antes de que le sacaran todas las causas de espionaje–. 

La semana pasada, el abogado de Macri, Pablo Lanusse, pidió que le anularan el procesamiento por las tareas ilegales que la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) hizo sobre el colectivo de parientes que quería saber qué había pasado con el buque.

Agüero Iturbe le dio la razón a Lanusse al sostener que existió un defecto formal. Según el fiscal, el juez Bava indagó a Macri por unos hechos pero después le agregó otros a la hora de dictarle el procesamiento, lo que afectó el derecho de defensa del exmandatario. “En el acto de la indagatoria le fue achacado un acontecimiento de determinada extensión siendo procesado por uno de mayor alcance sin que se le haya ampliado previamente la declaración sobre tales hechos a los efectos de que pueda ejercer cabalmente su defensa”, sostuvo el representante del Ministerio Público.

De acuerdo con el fiscal ante la Cámara, Bava interrogó --después de, al menos, tres intentos fallidos-- a Macri por haber presuntamente ordenado las tareas que la AFI hizo sobre las familias entre diciembre de 2017 y finales de 2018, pero después, al momento de resolver su situación procesal, incorporó otros elementos. Por ejemplo, no había dicho que uno de los delitos era que no haya dispuesto que cesaran las tareas de la exSIDE o que lo hizo en conjunto con los jefes de la AFI --lo que parece obvio porque el Presidente es quien establece los lineamientos de la inteligencia, pese a que Macri diga lo contrario--. 

Para establecer cuál fue el tenor de la gestión de Macri, Bava había hablado también de la derogación de la doctrina que se aprobó a finales del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner a través del decreto 1311/2015. Esa decisión Macri la tomó al principio de su mandato --y consistió en dotar a la AFI de un manto de secretismo que le permitió realizar muchas de las acciones que ahora se le reprochan--. Como Macri firmó el decreto antes de diciembre de 2017 --que es el período que investigó Bava y por el que procesó al expresidente--, el fiscal dice que no tuvo oportunidad de defenderse correctamente de una decisión que había tomado antes.

La decisión de la Cámara

En esa línea, la solución que propone Agüero Iturbe es que le anulen el procesamiento y que el juez que ahora tiene la causa –Julián Ercolini– le amplíe la indagatoria a Macri y resuelva si hay elementos para procesarlo. Si Bertuzzi, Llorens y Bruglia se pronuncian en sintonía con el fiscal, Macri tendrá casi ganada la partida.

Lo que resuelvan los tres camaristas que llegaron a ese tribunal durante el mandato de Macri es fundamental para una causa que puso al expresidente en el centro de la pesquisa por el espionaje durante su gobierno. Dos de los tres jueces, Bertuzzi y Llorens, ya dijeron en otro expediente que no creen que haya existido un plan masivo de inteligencia ilegal durante la era Cambiemos y, por el contrario, convalidaron la teoría de que los espías, en realidad, actuaron por su propia cuenta y persiguiendo sus intereses particulares.

Macri tiene buenas perspectivas en la Cámara y la nulidad por un supuesto defecto formal sería un buen atajo para no analizar el fondo de la cuestión: ¿La AFI espió a familiares de una de las peores tragedias de los últimos 20 años? ¿Existió una orden del propio Macri? ¿Los espías lo hacían por su propia cuenta o buscaban anticiparle al entonces Presidente cuáles serían los reclamos en un tema que suscitaba la atención de la mayoría de las potencias?

La reacción de la abogada de la querella

“Hay justicia para unos y justicia para otros”, dijo la abogada Valeria Carreras ante la consulta de Página/12 tras conocerse el dictamen de Agüero Iturbe. “No solo por la rapidez con la que se maneja la causa en la que el expresidente Macri está procesado, sino por los esfuerzos por parte del Poder Judicial e incluso el Ministerio Público en cada una de sus presentaciones. Sin ir más lejos, entre Silvia Majdalani y Macri hay diferente trato. No parecen iguales ante la ley”, dijo Carreras.

La abogada menciona el intento de la exsubdirectora de la AFI, el exdirector Gustavo Arribas y un grupo de agentes que revistaban en la base Mar del Plata por anular el procesamiento de Bava. Sin embargo, Agüero Iturbe rechazó sus planteos sin más el 29 de marzo pasado. El planteo de los exagentes era bastante similar al de Macri, pero la postura del fiscal varió.

“No esperamos nada de la Justicia. Es desgarrador cada atropello para las familias”, añadió Carreras, que había pedido que rechazaran el planteo de Macri para que le anularan el procesamiento.

Carreras no es optimista acerca del futuro de la causa. “Si bien rige el principio de inocencia, que alguien zafe por una nulidad habla de un defecto formal pero --completó-- eso en modo alguno altera los hechos que se imputan: en este caso que hubo espionaje ilegal sobre las víctimas."