El gobierno precisó que 921.778 titulares del servicio de electricidad y 760.600 titulares del servicio de gas residencial perderían todo tipo de subsidio a las tarifas a partir del mes próximo, si es que finalmente se aprueba el plan de segmentación que impulsa el ministro de Economía Martín Guzmán. Son las personas que forman parte del 10 por ciento de usuarios con mayor poder adquisitivo. No está claro aún cuánto pasarían a pagar, pero se estima que una tarifa sin subsidio debería aumentar al menos un 200 por ciento.
La información surge de un documento oficial elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento Energético que será debatido en las audiencias públicas que se realizarán los días martes, miércoles y jueves de la semana próxima.
Los que perderían el subsidio
Lo que hizo el equipo de Guzmán fue tomar en cuenta datos geográficos y socieconómicos para identificar a este universo de usuarios de mayor poder adquisitivo. Aquellos que cumplan con alguno de los siguientes criterios directamente perderán el subsidio:
- Estar ubicado dentro de “polígonos” de alta capacidad de pago identificados por el Ente Nacional Regulación de la Electricidad.
- Registro de barrios cerrados.
- Tener ingresos superiores a 3,5 Canasta Básicas Totales de un hogar tipo 2 del Indec, monto equivalente a 314 mil pesos en marzo.
- Tener 3 o más inmuebles registrados.
- Tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años.
- Tener aviones o embarcaciones de lujo.
Cuáles son los barrios
El documento que elaboró el subsecretario Santiago López Osornio, que responde a Guzmán, no explicita cuáles son esos “polígonos” de alta capacidad de pago que identificó el ENRE. No obstante, en febrero se filtró la propuesta que elaboró el ENRE en colaboración con el Conicet y allí decía que los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires que perderían el subsidio eran aquellos ubicados en Puerto Madero y en gran parte de los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Nuñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Devoto y una zona de elevado valor en Caballito. En el Gran Buenos Aires, el recorte alcazaba a una zona específica denominada “el bajo” integrada por los partidos de Vicente López y San Isidro.
A ese listado le sumaban también 466 countries y otras urbanizaciones cerradas que ahora quedarían incluidas en el punto 2.
El informe del ENRE había seleccionado esas zonas a partir de aplicar una metodología de estadística espacial a las características del valor de la vivienda. Esa metodología utilizó los precios por metro cuadrado de las ofertas de venta para los inmuebles de la Ciudad de Buenos Aires y los datos de la valuación fiscal de la tierra para la Provincia de Buenos Aires. “A pesar de haber sido analizada en particular para el caso de los subsidios a la energía eléctrica, el criterio de asignación también resulta aplicable al servicio de gas natural”, asegura Economía en el informe presentado para la audiencia pública.
Patrimonio e ingresos
En el documento se afirma que los mecanismos que definen la asignación de los subsidios en función de la ubicación del suministro en un área determinada tienen un buen funcionamiento en áreas de alta concentración poblacional donde se logra identificar conjuntos de población relativamente homogéneos en relación a los ingresos, como es el caso del AMBA, pero no resultan replicables en otras regiones más heterogéneas. Es por eso que, como complemento de esa metodología, también se tomarán en cuenta variables vinculadas con el ingreso y el patrimonio de los titulares del servicio.
Los criterios que se consideraron más apropiados para alcanzar a un segmento
del 10 por ciento de mayores ingresos combinan el análisis de la información relativa
al patrimonio y los ingresos disponibles en el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS). Economía aclara en el informe que el SINTyS “es el organismo encargado de coordinar el intercambio de información patrimonial y social de las personas entre organismos públicos asegurando su privacidad y confidencialidad de acuerdo a lo establecido por la normativa de Protección de Datos Personales”. No obstante, fuentes oficiales señalaron a Página/12 que para avanzar en esta dirección se debería sancionar una ley o al menos el presidente Alberto Fernández debería autorizarlo por decreto.
Qué pasa si hay errores
La titularidad del servicio puede no coincidir con las personas usuarias del servicio por no haberse realizado el cambio de titularidad, encontrarse fallecido el titular, ser inquilinos del inmueble, etc. También puede ocurrir que no se haya identificado con exactitud las condiciones económicas del titular por diferencias entre la situación actual y la registrada en las bases de datos utilizadas para definir la asignación de segmentos de subsidios.
Si bien se aclara que la actualización de las bases de datos debería ser permanente, Economía señala que la autoridad de aplicación (no habla de las distribuidoras) deberá contar con “un mecanismo ágil de reclamo y solicitud de reconsideración del segmento de subsidios asignado”. Para ello se pondrá a disposición un formulario web, una central telefónica de consultas y atención presencial en organismos que ya participan de otros esquemas de beneficios como lo hace actualmente la Anses con el Programa Hogar. “De esa manera, se le permitirá a todas las personas presentar una solicitud de reconsideración del segmento al que fueron asignadas”, remarca el documento.
