Lo primero que vieron los gendarmes al subir al Hércules que los llevaría a Bolivia fue una gran pila de cajas blancas con el logo de Fabricaciones Militares. Algunos de ellos dijeron que se veían con nitidez las etiquetas que daban cuenta de que la carga era de cartuchos 12/70, los que, horas más tarde, terminarían repartidos entre las fuerzas que dieron y apoyaron el golpe contra Evo Morales. Esas descripciones son parte de las declaraciones que empezó a tomar el juez Alejandro Catania a los integrantes del primer contingente de Gendarmería que estuvieron desplegados en La Paz entre noviembre de 2019 y enero de 2020.
Los gendarmes partieron el 12 de noviembre de 2019 hacia Bolivia. Dos días antes, el jefe del contingente, Martín Hidalgo, les avisó que viajarían. El argumento era que debían proteger la embajada y la residencia del embajador –que entonces era el radical Normando Álvarez García. No fueron en un avión de línea –como sí lo hizo el contingente que se movilizó hacia Chile– sino en un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina (FAA), que dispuso el entonces ministro de Defensa Oscar Aguad. El avión despegó poco antes de la medianoche desde el Aeropuerto de El Palomar, adonde había llegado el contingente de gendarmes en una camionetita.
Cada gendarme viajaba con sus armas y con su bolso de ropa. Las armas y las municiones ya habían sido divididas por persona. Al llegar a Palomar debieron esperar un buen rato antes de subir al avión de la FAA. Cuando lo hicieron, se encontraron con que había una carga ya subida a la aeronave.
“Cuando ingresé al avión ya había una carga armada dentro del avión. Tuvimos una demora al subir y, al llegar, ya estaba esa carga”, le relató al juez Catania el sargento Omar Sande. “En ese momento no sabía en qué consistía esa carga. Cuando la vi, eran bultos, cajas, pertrechos de municiones. Se notaba bien la caja, la etiqueta y el calibre. Las cajas eran de cartucho de escopeta 12/70”, agregó en la declaración que suministró la semana pasada y a la que accedió Página/12.
Su compañero Roberto Daniel Gómez, que también declaró ante el magistrado que investiga el contrabando agravado de armas a Bolivia, también recordó las cajas blancas de Fabricaciones Militares y relató que la carga había salido con ellos desde Gendarmería. Después –según la versión de los gendarmes– el cargamento lo debió haber subido la tripulación de la Fuerza Aérea. Según surge de la causa, los cartuchos que se enviaron a Bolivia habían sido comprados por Patricia Bullrich como parte de los preparativos para la cumbre del G20, que se celebró en Buenos Aires en diciembre de 2018.
La decisión de enviar esa carga se tomó –entienden en el gobierno nacional– después de una reunión que se hizo ese mismo 12 de noviembre en la Casa Rosada. Allí, se le pidió a la Agencia Nacional de Materiales Controlados (ANMaC) que autorizara una partida “complementaria” que fue la que nunca volvió.
Reparto en Bolivia
Ni Sande ni Gómez vieron qué pasó con la carga cuando el avión aterrizó en Bolivia. Los testimonios indicarían que la Policía de Bolivia –que se llevó 26.900 cartuchos– los subió a una de las camionetas que la fuerza había usado para trasladar a la delegación argentina; mientras que la parte del cargamento que quedó en poder de la FAB habría permanecido en el hangar de los Diablos Negros, donde estaba estacionado el Hércules argentino. La FAB se hizo de 40.000 balas, según surge de la carta de agradecimiento que envió el entonces comandante Jorge Gonzalo Terceros Lara a Álvarez García.
Una de las personas que fue testigo de lo que sucedió en el aeropuerto de El Alto fue Jorge Bernardo Salinas Berrios, el entonces encargado de seguridad de la embajada argentina que declaró ante la justicia boliviana y relató cómo fue la recepción de los gendarmes que había organizado el agregado Adolfo Caliba, tal como publicó este diario. La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) pidió que se lo cite como testigo para que ratifique esos detalles ante Catania.
Durante la exposición ante el juez, los gendarmes también negaron haber hecho prácticas con las balas, lo que desmorona la versión inicial que indicaba que los efectivos se podrían haber gastado la inusual suma de 70.000 cartuchos de goma en entrenamientos. También descartaron haber tenido contacto con las fuerzas bolivianas, lo que deja en claro que la decisión de repartir el armamento se tomó antes de su llegada.
Una maniobra coordinada
“Las declaraciones de los gendarmes –a los que seguramente Macri, Bullrich y compañía pronto comenzaran a acusar también de ‘cuentapropistas’-- confirman lo evidente: el contrabando de armamento para apoyar el golpe de Estado en Bolivia fue una decisión ordenada por las máximas autoridades del gobierno anterior”, dice el ministro de Justicia Martín Soria a Página/12. “Sólo una orden presidencial puede generar semejante coordinación en una maniobra ilegal que comprometió a la Gendarmería, la Fuerza Aérea, la Cancillería y varios ministerios”, añadió Soria –que denunció el envió de armas junto con la titular de la AFIP Mercedes Marcó del Pont y la entonces ministra de Seguridad Sabina Frederic.
“A diez meses del descubrimiento de la colaboración que el gobierno de Macri prestó a las fuerzas golpistas en Bolivia, hoy en el expediente tenemos el contrabando agravado más acreditado de nuestra historia judicial. Cuando presentamos la denuncia allá por julio de 2021 teníamos indicios y sospechas: hoy ya hay pruebas directas contra los responsables”, sostiene Soria.
En el expediente están imputados Macri, Bullrich, Aguad, Álvarez García, el exjefe de gabinete Marcos Peña, el exasesor Fulvio Pompeo, el exjefe de Gendarmería Gerardo Otero y otros integrantes de esa fuerza –que era la más leal a la ministra de Seguridad y actual presidenta del PRO.
