El secretario de Gobierno, Gustavo Zignago, y la subsecretaria Legal y Técnica, Juliana Conti, fueron ayer a la Comisión de Gobierno del Concejo a defender el proyecto del municipio para la detección del lavado de activos. Si bien existe unanimidad de todos los bloques políticos respecto a la necesidad de contar con una ordenanza que apunte a alertar a los organismos que investigan este tipo de delitos, el debate promete varios capítulos, ya que hay varios proyectos presentados por ediles de la oposición quienes pretenden que se incluyan en la discusión. Una de las principales objeciones a la iniciativa del Ejecutivo está relacionada con la creación de la Unidad de Control, integrada por representantes de las secretarías de Gobierno y Hacienda, y de un miembro del Tribunal de Cuentas, al considerar que se debe crear un área especial con personal capacitado. "El criterio es el de poder ampliar las facultades que tenemos y construir herramientas que reviertan este proceso de violencia que aflige a la ciudad", señaló Zignago.
La primera reunión formal entre los funcionarios municipales y concejales en la Comisión de Gobierno que preside Caren Tepp para debatir el proyecto enviado por el intendente Pablo Javkin demandó casi tres horas. Tanto Zignago como Conti se refirieron a la ordenanza vigente, consideraron que fue un buen paso, pero coincidieron en la necesidad de ampliar y mejorarla. "La normativa está construida bajo el concepto de aportar lo que el Estado local tiene, esencialmente la información. En este caso a partir de un proceso de modernización, y dejarla disponible para las agencias de control, de investigación o de persecución penal según sus competencias", dijo el titular de la cartera de Gobierno.
"Entendemos que por las actividades, los montos y las inconsistencias que puedan surgir de la información que este proyecto deberían estar brindando, tendríamos la posibilidad de generar una herramienta más. Sabemos que no será la que va a resolver definitivamente este problema, pero claramente es un aporte más que genera el Ejecutivo local, cuidadoso de sus atribuciones, deberes y facultades", agregó Zignago.
Al brindar mayores precisiones sobre la normativa -rubros agregados y montos para emitir las alertas, entre otros- la subsecretaria Legal y Técnica explicó que el sistema está compuesto por tres grandes partes. "La primera tiene que ver con la información que vamos a recabar, en segundo lugar con el establecimiento del protocolo para las alertas, y por último qué hay que hacer con esta información. Por eso entendemos que es importante que la autoridad de aplicación pueda definir lo que se denuncia o reporta", destacó Conti.
En defensa de la integración de la Unidad de Control, la funcionaria explicó que "no está planteada como un organismo especializado, si no como un sistema transversal que implique una mayor cantidad de personas observando los expedientes, que tengan una formación contable, financiera, económica y jurídica". En ese marco, informó que esta semana cuatro personas de la Municipalidad iniciaron una diplomatura en Auditoría y Análisis Económico Forense. "Ojalá podamos diseñar una capacitación más específica para las competencias del municipio, pero nos parece un paso importante", apuntó.
"Se perdió mucho tiempo, algunos tenemos iniciativas presentadas desde el 2016, la ordenanza tiene que aggiornarse y modificarse lo antes posible porque en el medio pasan cosas. También nos hace un poco de ruido la Unidad de Control, por la posibilidad de hacer caso omiso a una alerta, queremos saber cuáles serán sus competencias", sostuvo la concejala Fernanda Gigliani (IP), autora de una de las iniciativas presentadas sobre el tema. Además, destacó el rol del Concejo cuando alertó en los casos de Esperanto, Sheraton y Hard Rock Café.
"La respuesta que tenemos que dar es ir a pegarle a la exteriorización de la riqueza producto de la actividad de ilícitos llevadas a cabo por organizaciones criminales", apuntó el concejal Martín Rosúa (UCR-Juntos por el Cambio), que también tiene un proyecto presentado donde propone la creación de una agencia especializada área conformada por contadores, abogados y analistas de datos que realice el entrecruzamiento de la información. El edil consideró que la propuesta del Ejecutivo se puede complementar con la suya, pero cuestionó que haya elegido "un formato insuficiente que ya fracasó".
El concejal de Ciudad Futura, Juan Monteverde, cuyo bloque presentó un proyecto para crear una Agencia de Justicia Urbana, celebró que se debata la iniciativa del Ejecutivo. "Tenemos que ver cuáles son los puntos de acuerdo para avanzar y no caer en un simulacro político, apoyaremos algo que funcione", adelantó. El edil subrayó que "el narcotráfico permeó las estructuras del Estado, a la sociedad, y también al mercado porque la plata sucia está en los negocios lícitos". En ese sentido, agregó: "Nuestro objetivo tiene que ser que Rosario no sea un lugar fácil para lavar dinero".
Al final del encuentro, Tepp adelantó que la próxima semana la comisión comenzará a debatir los proyectos ya presentados y recibirán a referentes del Foro Regional Rosario que solicitaron una audiencia. Además, sumó el compromiso de la subsecretaria Legal y Técnica para ser convocada varias veces, como sucedió con el debate por el nuevo Código de Convivencia, y avanzar en el tratamiento de la ordenanza.
