Los senadores del PRO Luis Juez y Humberto Schiavoni iniciaron ayer el trámite de per saltum (léase saltear una instancia) para que la Corte Suprema de Justicia resuelva de manera directa el amparo que presentaron para ser nombrados en el Consejo de la Magistratura como representantes titular y suplente de la Cámara alta, en un nuevo caso de judicialización de una decisión eminentemente política. Los macristas presentaron el recurso ante el máximo tribunal tras el rechazo de la acción de amparo por parte del juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Pablo Cayssials, fundado precisamente en que dar lugar implicaría una intromisión en las “funciones que la Constitución les asigna a cada uno de los poderes”. La jugada del PRO tuvo lugar cuando la Corte ya estaba en condiciones de convocar al senador Martín Doñate (Unidad Ciudadana) y a la diputada Roxana Reyes (UCR) a jurar para completar el nuevo Consejo de 20 integrantes presidido por el cortesano Horacio Rosatti, luego de que otro juez del mismo fuero, Martín Cormick, rechazara el lunes una medida de no innovar pedida por el jefe del bloque de Diputados del Frente de Todos, Germán Martínez, contra la designación de Reyes.
El Consejo ya comenzó a funcionar bajo las disposiciones de una ley derogada de 1997 pero que la Corte resolvió reponer al declarar inconstitucional en diciembre último la composición de 13 miembros, producto de un reforma de 2006 impulsada por Cristina Fernández de Kirchner. Así funcionó durante 15 años. Los supremos dijeron que el Congreso debería dictar una nueva norma que respete el equilibrio entre los estamentos de consejeros –veían sobrerrepresentada a la dirigencia política– pero que si eso no ocurría para el 15 de abril volvería a regir la norma con la que comenzó a funcionar el cuerpo a fines de 1999 y que se caracteriza por tener como presidente al mismo titular de la Corte, en este caso Rosatti. Hasta ahora juraron cuatro nuevas consejeras (dos abogadas, una jueza y una académica) pero faltaban los consejeros por el Congreso, que según la ley repuesta deben representar a la “segunda minoría”.
Juez y Schiavoni judicializaron las designaciones de la Cámara alta después de que la vicepresidenta CFK eligiera a los senadores oficialistas Martín Doñate y Guillermo Snopek como titular y suplente por la segunda minoría, a partir de la división del bloque del Frente de Todos en Unidad Ciudadana y Frente Nacional y Popular. El planteo se centró en cuestionar que la presidencia del Senado había enviado el nombre de Doñate en forma extemporánea y la jugada política de la división en sí.
El jueves pasado, la directora de Asuntos Jurídicos de la cámara alta, Graciana Peñafort, presentó un escrito ante el juez Cayssials para que rechace el amparo. La abogada señaló que “el planteo judicial que nos ocupa conlleva la intención de que VS (vuestra señoría) proceda a subvertir el sistema de control de constitucionalidad resolviendo una cuestión ‘política’ inherente exclusivamente al ámbito del Poder Legislativo”. En ese sentido, añadió que “la mera disconformidad con los temperamentos adoptados en el marco del ejercicio democrático de las facultades exclusivas y excluyentes del Poder Legislativo no permiten ni evidencian la existencia de controversia legal alguna que importe la intervención del Poder Judicial sobre el ejercicio de las facultades propias de otro poder del Estado republicano”.
El juez Cayssials rechazó el planteo de Juez y Schiavoni el sábado último. Sostuvo que avalar ese reclamo “implicaría adentrarse respecto de la valoración de la ‘temporaneidad’ o de la subjetividad de la participación del bloque del Frente de Todos”, lo que llevaría a la “judicialización de las decisiones de otros poderes”. Eso, añadió, generaría una intromisión respecto de las “las funciones que la Constitución les asigna a cada uno de los poderes”.
“Venimos por el presente a recurrir la decisión
adoptada por el juzgado interviniente que rechazara nuestra acción de amparo,
por considerarla una cuestión política no justiciable, tendiente a declarar
nulo de nulidad absoluta e insanable el DPP 33/22 de la Presidencia del Senado
de la Nación, y por tanto inválidas las designaciones allí dispuestas”,
sostuvieron ayer los legisladores macristas, patrocinados por el abogado Pablo
Manilli, en el pedido de per saltum. Ambos reclaman a la Corte que “se proceda
al efectivo nombramiento de los senadores Luis A. Juez como consejero titular y
a Humberto L. Schiavoni como consejero suplente, propuestos por el bloque de la
segunda minoría, para el Consejo de la Magistratura”. “Solicitamos que se
declare admisible el presente recurso extraordinario por salto de instancia y
que, en virtud de ello se revoque por contrario imperio la sentencia recurrida”,
plantearon, con el objetivo de intentar ganar tiempo y evitar las distintas
instancias recursivas.