Por si quedaba alguna duda de la intención del gobierno de Gerardo Morales de vaciar el Superior Tribunal de Jujuy para armar uno nuevo, esta semana se sumaron pedidos de juicio político contra tres de sus integrantes a los tres ya promovidos la semana pasada. El claro objetivo es forzar sus renuncias, algo que concretaron hasta ahora Clara de Langhe de Falcone, Beatriz Altamirano y Sergio González. Si se van todos, quedará una mayoría vacante. Los nuevos denunciados son Laura Nilda Lamas González, José Manuel Del Campo y Federico Francisco Otaola. Tres de estos seis jueces y juezas habían sido nombrados por el propio Morales al comienzo de su mandato en 2016, cuando logró la ampliación de la corte local de cinco a nueve miembros. Todo hace suponer que evaluó que el tribunal tal como estaba ya no le serviría o no sería suficientemente funcional para sí y en base a un acuerdo que trazó con el peronismo de la provincia. El mandatario especula frente a dos posibles escenarios a los que apuesta: su candidatura en una fórmula presidencial o su segunda reelección como gobernador. Para esto último necesita una reforma constitucional en la provincia y su aval judicial.

La iniciativa es la antítesis de los discursos de republicanismo e independencia de poderes de los que suele hacer gala el mismo radicalismo al que Morales representa. Jujuy ha sido una matriz del modelo de armado de causas y uso político de la justicia, con el abuso de las prisiones preventivas y la designación de aliados/as en los tribunales. La ofensiva desatada contra el Superior Tribunal comenzó la semana pasada como fruto de un pacto entre Morales y Rubén Rivarola, presidente del PJ jujeño, titular del bloque del PJ en la Legislatura y dueño del diario El Tribuno. Si avanzan los proyectos del gobernador a nivel nacional, Rivarola podría perfilarse como su sucesor. Como resultado de los tres primeros pedidos de juicio político presentados, el gobernador ya firmó el viernes último la aceptación de las renuncias de Altamirano, que se hizo efectiva en el momento, y la de De Langhe, a concretarse el 31 de mayo. Todavía está pendiente la situación de González, que pide que sea a partir de junio.

Los tres nuevos pedidos de remoción ingresaron a la Legislatura este lunes y todavía no se conocen sus fundamentos. Lo que queda claro es que para los jueces y juezas es alto el costo de quedar en el foco de un escándalo, atravesar el escarnio de un enjuiciamiento y que se abra la posibilidad de perder su jubilación. Entre esta última tanda, tanto la jueza Lamas como el juez Otaola, fueron nombrados por Morales en 2016 con la ampliación cortesana. Otaola había sido diputado radical, también fue candidato a vicegobernador con Morales. El juez del Campo, viejo socio del estudio del exgobernador Eduardo Fellner, es uno de los más antiguos del tribunal, donde está desde 1998. Lamas, también de origen radical, había sido denunciada por manipular el sistema informático en plena feria judicial para perjudicar a Milagro Sala.

Pero en los despachos tribunalicios de Jujuy se conoce una historia adicional. Morales y su esposa Tulia Snopek demandaron al exmarido de ella, el abogado tucumano Carlos Martí Coll por daños y perjuicios, entre otras cosas. Martí Coll batalló para que la causa tramite en Tucumán, a lo que como era esperable el matrimonio se opuso. El expediente pasó por el Superior Tribunal jujeño hace muy poco, 16 de marzo, y sin decir demasiado se lo envió a la Cámara Civil y Comercial, sala II vocalía 5, y le dio pie para hacer lo que finalmente hizo: girar el caso a la Corte Suprema de la Nación, según pudo reconstruir este diario. ¿Quiénes firmaron la resolución en el superior tribunal jujeño? Altamirano, del Campo y Otaola. La vocalía 5 de la Cámara le corresponde al juez Jorge Daniel Alsina, que preside el Colegio de Magistrados de Jujuy. La respuesta fue mandar a abrir un investigación sobre esa entidad, para determinar si tiene personería y si presentó sus estatutos y balances, con intervención de la fiscalía de Estado, a cargo de Mariano Miranda, un aliado del gobernador.

El enojo y desconfianza hacia Altamirano tendría relación con otra cuestión de la familia gobernante. Tenía encaminado el voto de un fallo contra Tulia Snopek, en un reclamo de alimentos de su propia madre, explicaron allegados al caso a Página/12. El borrador o las bases de su contenido le habrían llegado a Morales, y Altamirano ya no es cortesana. Ella también había sido designada cuando se agrandó el tribunal: es más, fue una de las diputadas que votaron la reforma y pocas horas después se convirtió en jueza. Lo mismo sucedió con el exlegislador y exsupremo Pablo Baca, quien tuvo que renunciar en 2020 después que se conocieran audios de conversaciones que mantuvo con una funcionaria que reconocía que Milagro Sala seguía presa porque su libertad era un problema para Morales.

De Langhe de Falcone, alias "Titina", llevaba 12 años en el superior tribunal y venía del radicalismo (fue diputada e intendenta de San Pedro). Apenas se agrandó la Corte, fue nombrada como su presidenta. Uno de sus yernos, el juez Gastón Mercau, pocos días después ordenó la detención de la líder de la Tupac Amaru, a quien le fueron apilando una causa tras otras y hoy sigue detenida. Ella fue denunciada por intentar perjudicar a Sala ante la visita de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La ahora exjueza venía enfrentada con el jefe de los fiscales, Sergio Lello Sánchez, un leal a Morales lleno de denuncias de maltrato, que maneja los tiempos de una causa donde ella está denunciada por la apropiación de un menor, uno de sus hijos (al menos de crianza).

La danza de nombres de candidatos a la Corte jujeña es variopinta porque responde al pacto con el peronismo y una gestión bicéfala. Como informó este diario, se repite el del exgobernador Walter Barrionuevo, peronista histórico, exsenador nacional y diputado provincial, hoy asesor de Rivarola. La diputada provincial de la UCR y antes diputada nacional Gabriela Burgos, hija de un supremo jujeño de la última dictadura cívico militar, sería una de las favoritas del gobernador. Otro de los mencionados es Alberto Matuk, asesor del vicegobernador jujeño Carlos Haquim, quien fue juez, fiscal, ministro, diputado, secretario parlamentario en la legislatura, co-redactor del código procesal penal de la provincia, entre otros. Miranda, el fiscal de Estado de confianza de Morales, es el candidato crónico, igual que Lello Sánchez, que como tiene un cargo creado a medida para encabezar a los fiscales y ocuparse de la persecución de Sala y opositores, no tiene fueros.

Los pedidos de enjuiciamiento presentados que se habían conocido hasta ahora hablan de mal desempeño, no presentar declaraciones juradas, modificar procedimientos, y faltas de ese tipo. Las primeras renuncias y su aceptación dan cuenta de que, por más que algunas cuestiones fueran atendibles, eran una excusa para armar un nuevo tribunal.