Organismos de derechos humanos, sindicatos, partidos políticos y movimientos sociales se congregarán este jueves a las cinco de la tarde frente al Palacio de Justicia para reclamar cambios profundos en la Corte Suprema. “Vamos a exigir la reforma de lo que se ha convertido en un partido Judicial. Es insólito lo que pasa en la Corte: en lugar de impartir justicia, lo que hace es impartir injusticia”, dice Taty Almeida, referente de Madres de Plaza de Mayo– Línea Fundadora, después de terminar un encuentro con otras de las organizaciones que participan de la convocatoria con la que se pretende impulsar un reclamo de transformaciones en el máximo tribunal –disparado especialmente después de que su presidente, Horacio Rosatti, asumiera al frente del Consejo de la Magistratura en lo que se entendió como un desafío a los poderes políticos–. “Se mueren los genocidas impunes y nos estamos muriendo nosotras sin lograr justicia. No podemos tolerar que existan presos políticos en Jujuy ni la persecución del gobernador (Morales) contra Milagro y los compañeros de la Túpac. Esas son muchas de las razones que tenemos para estar en las calles”, recalca la integrante de Madres.

La convocatoria a la marcha contra la Corte se empezó a gestar hace dos semanas en la reunión de los organismos. Hubo contactos con referentes del movimiento sindical y finalmente el lunes pasado se concretó una reunión en la sede de la CTA en la que se acordó la fecha de la concentración. Este martes, se hizo el anuncio formal en el Congreso. Lo hicieron los organismos de derechos humanos y, a sus espaldas, se juntaron sindicalistas, diputados y senadores que apoyan el reclamo.

El anuncio cayó en una fecha especial: justo en el día en el que se cumplieron cinco años desde que la Corte –con los votos de Rosatti, Elena Highton de Nolasco y Carlos Rosenkrantz– habilitó el beneficio del 2x1 para los genocidas. El fallo –a contramano de lo que habrían pensado los supremos y el gobierno de Cambiemos– funcionó como un boomerang: una ola de repudio recorrió las calles y permeó en los tribunales, donde los jueces rechazaban aplicar la doctrina de la Corte –que terminó dando marcha atrás un año después–. “El jueves tenemos que demostrar, como lo hicimos con el 2x1, que –al tomar las calles– que el pueblo unido jamás será vencido”, dice Taty.

¿Qué justicia?

“Esto ya no es justicia”, lamenta, por su parte, Iris Avellaneda, presidenta de la Liga Argentina por los Derechos Humanos (LADH). “En la Corte Suprema cajonean las causas. Nuestro caso estuvo cajoneado desde 2013”, dice.

A Iris la secuestraron junto con su hijo adolescente, Floreal “Negrito” Avellaneda, en abril de 1976. Ella sobrevivió. Al “Negrito” lo torturaron ferozmente hasta matarlo. Su cuerpo fue tirado al Río de La Plata. El caso de Iris y del Negrito fue el primero en llegar a juicio en los tribunales de San Martín por los crímenes cometidos en Campo de Mayo. El juicio y la sentencia fue en 2009, pero apelaron la pena baja que les habían dado a dos represores que participaron del secuestro de madre e hijo –Raúl Harsich y César Fragni–. El tema estuvo en la Corte durante ocho años. El año pasado, los supremos advirtieron que no tenían nada por hacer y reenviaron el expediente a la Cámara Federal de Casación Penal que aún no se pronunció. Un caso de calesita judicial.

“¿Qué justicia tenemos?”, se pregunta Iris. “No tenemos ni un cuarto de los genocidas condenados; los que están condenados están en sus casas y las causas están atrasadas. Una pretende que esto cambie. La única solución es que estemos en las calles para que se resuelva y tengamos justicia como es debido”, agrega.

Graciela Lois, de Familiares de Detenidos y Desaparecidos por Razones Políticas, cree que la concentración del jueves puede ser la primera manifestación de muchas otras. “No es por pesimismo”, aclara y remarca cuál es la consigna que sacará a los organismos a las calles: “Queremos que se democratice la Corte, que se amplíe y que funcione”.

María Elena Naddeo, de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), se entusiasma con las adhesiones que van recibiendo. La convocatoria incluye a las dos CTA, a sectores de la CGT, organismos de derechos humanos, partidos y a sectores del movimiento de mujeres. “Estamos tratando de articular todo esto”, cuenta. “Reclamamos una reforma profunda del Poder Judicial y de la Corte en particular”.

La transformación judicial viene de la mano de una serie de reclamos, que enumera la referente de la APDH: “Estamos apoyando el pedido de remoción, el proyecto de ampliar la Corte y planteamos que sea con paridad de género. También exigimos el cese de cualquier persecución política que tenga al Poder Judicial como brazo ejecutor”.

Parte del lawfare

El diputado Leopoldo Moreau fue otro de los legisladores que, junto con Hugo Yasky, estuvo articulando con los organismos de derechos humanos. Para Moreau, el reclamo del jueves tiene tres patas: el pedido de remoción de todos los integrantes del máximo tribunal, el respaldo de los proyectos para ampliar la Corte y la celebración de una consulta popular –que impulsa el senador Oscar Parrilli– para acompañar la reforma judicial.

“Es una Corte que está conducida por los grupos dominantes de la Argentina y tiene una fuerte influencia de la embajada norteamericana. En el pasado jugó un rol en el lawfare y, en el presente, es el refugio de la impunidad del macrismo”, dice Moreau, que preside la Comisión Bicameral de Inteligencia.

El Palacio frente a la calle

En la Corte relativizan la importancia de la convocatoria del jueves. Lo habían hecho también con la marcha que se hizo en febrero y que obligó también a la Corte a una serie de medidas para intentar lavarse la cara después de las guerras intestinas en las que estuvieron embarcados sus miembros. Entre otras cosas, fue, a raíz de esa manifestación, que la Corte anunció una serie de audiencias públicas –práctica que había quedado en desuso en la pandemia y que venía bastante abandonada desde tiempo antes–.

Este martes, hubo acuerdo en el máximo tribunal y los supremos decidieron firmar una serie de fallos vinculados a temas de lesa humanidad. La mayoría se resolvieron sin adentrarse en el fondo, a excepción de uno en el que le advirtieron a un tribunal que había calculado la pena de los imputados a la baja que eso podría acarrear responsabilidad internacional del Estado argentino. 

La propia Corte estuvo en el centro de un reclamo de Naciones Unidas por la demora a la hora de resolver las causas vinculadas a crímenes cometidos durante los años del terrorismo de Estado.  Aún se espera un pronunciamiento del organismo internacional. El último fallo de trascendencia que firmó la Corte en esta materia fue el que reactivó la causa contra Carlos Pedro Tadeo Blaquier, pero el tribunal de juicio lo dejó afuera por no estar en condiciones de afrontar el proceso. La demora de seis años en la Corte lo ayudó para conseguir esa salida nada elegante.

Por el momento, el tribunal que encabeza Rosatti no está demasiado interesado en dar un mensaje para acelerar esas causas. Ante una consulta de Página/12, en el máximo tribunal dijeron que, por el momento, no estaba previsto reactivar la comisión interpoderes –creada en 2008 para impulsar los juicios que estaban arrancando, que fue desactivada durante el gobierno de Mauricio Macri y que tuvo un efímero resurgimiento entre 2020 y 2021 cuando Rosenkrantz la convocó para evitar cuestionamientos por su postura en esos expedientes–.