Tras sus últimas palabras, la Justicia decidió la extradición de Facundo Molares a Colombia

Guido Otranto, juez federal de Esquel, anunció ayer en su veredicto que el militante argentino Facundo Molares Schoenfeld deberá ser extraditado a Colombia, país que lo requiere por haber sido integrante de las FARC-EP (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo). De todas maneras, todavía queda un recurso judicial ante la Corte Suprema por parte de la defensa. Si el Máximo Tribunal ratifica este fallo, el presidente de la Nación será quien decida finalmente si Molares es trasladado o no. "El juez tiró la pelota hacia arriba, como pidieron los fiscales (Federico Baquioni y Diego Solernó), a la Corte y al Poder Ejecutivo; rechazó la competencia argentina, dijo que algunos de los delitos que se le imputan no son políticos, excluyó de la extradición los cargos de 'rebelión, terrorismo, uso de uniforme militar y armas', pero dejó dos graves, 'secuestro y homicidio'. Una y otra vez le mostramos que lo son, pero falló por decisión política", dijo a Página/12 Eduardo Soares, uno de los abogados defensores.

Tras varios días de audiencia, el magistrado --de nefasto rol en los casos de Santiago Maldonado y otros de criminalización de la pobreza y la protesta--, falló contra el militante político y fotoperiodista que cubrió el golpe de estado en Bolivia, en el juicio de extradición iniciado el 20 de abril. Diversas organizaciones de derechos humanos, políticas, sociales y sindicales que integran la Coordinadora por la Libertad de Facundo Molares denuncian que este proceso judicial "ha dejado entrever la mirada políticamente discrecional de los fiscales", ya que "se han aportado argumentos y pruebas suficientes sobre la ausencia total de garantías que ofrece el Estado colombiano no sólo para la legítima defensa, sino para garantizar la vida de Facundo”. Es por eso que señalan que su extradición implica una "pena de muerte encubierta, como lo demuestra el asesinato del Estado narcoterrorista de Colombia contra los guerrilleros desmovilizados”, al recordar que el pedido se basa en la militancia previa de Molares en la FARC. Estas organizaciones se habían congregado en la puerta del penal donde Molares está preso desde el 7 de noviembre, con graves problemas de salud.  

"Desde niño sentí la necesidad moral y ética de luchar por la justicia social, por eso aprendí que todos debemos comprometernos por una sociedad sin explotadores ni explotados", dijo Molares en la última audiencia por Zoom, haciendo uso de sus últimas palabras antes de la sentencia. Allí el acusado reiteró el carácter político de este juicio, donde el Estado argentino termina siendo partícipe necesario de una persecución basada en la militancia política del detenido. 

"Colombia tiene un pueblo de mucha nobleza, y una clase dominante atroz similar a las dictaduras militares, hay 100 mil desaparecidos, 300 mil asesinados y 3 millones de campesinos desplazados de sus tierras", dijo desde la cárcel de Ezeiza. "Esa situación conmovió mi espíritu y decidí aportar a un gran cambio", agregó. Y agradeció con un "abrazo fraterno el gran compromiso" de quienes lo vienen apoyando con su presencia e incluso de periodistas. Molares recordó que mientras trabajaba en Bolivia tuvo una descompensación renal y permaneció en coma durante 25 días. "Desperté esposado a la cama, detenido por un gobierno dictatorial que se había instalado mientras yo agonizaba. Por la lucha del pueblo argentino y de hombres y mujeres de bien de todo el mundo fui rescatado luego de trece meses, a instancias del gobierno de Alberto Fernández, que envió un avión a buscarme remediando en alguna medida el abandono que sufrí", recordó en la audiencia transmitida por La Retaguardia.

Viejos conocidos

El fallo del juez Otranto no reconoce “el carácter político de los hechos por los cuales lo requieren” desde Colombia, con lo cuál la extradición estaría plenamente justificada. Es la misma visión que llevó al mismo magistrado a garantizar en 2018 la extradición del referente mapuche Facundo Jones Huala a Chile, acusado por el Estado del país vecino de un delito del que nunca se comprobó su autoría o participación.

Según explicó el abogado Soares, a cargo de la defensa junto a Gustavo Franquet, Otranto planteó recaudos hacia la Cancillería para que no le pase nada a Molares si va hacia Colombia. Pero, en consonancia con el presidente colombiano Iván Duque, dijo que no hay "tantos muertos" (sic) en ese país. "Hay muertos pero comparado con otros procesos de paz, son muchos menos", expresó el juez. "Algo así como que no está claro que lo vayan a matar, como dijeron en el caso de Paraguay, hay tortura en América Latina pero no está probado que a los seis los vayan a torturar", interpretó Soares. El letrado explicó que ahora habrá un recurso directo a la Corte, sin instancia de apelación.

"La Jurisdicción Especial para la Paz (mecanismo de justicia transicional por medio del cual se investiga y juzga a los integrantes de las FARC en Colombia) no se ha portado bien con la Gremial de Abogados ni con Facundo. La JEP debe intervenir, pero atiende un contestador automático. Si hubieran respondido Facundo no estaría preso. En seis meses no respondió, tendría que haber dicho que era su competencia y que levanten las cautelares. Hay una situación en Colombia que nos excede, tanto burocrática como política. La JEP pudo haber dado señales, pero no lo hizo", dijo Soares. 

"A las organizaciones de derechos humanos le decimos que deben interpelar al gobierno argentino, porque la Cancillería dejó pasar una circular roja que era trucha, con la orden de detención para Facundo que no fue emitida por una autoridad competente, y si quisiera mañana mismo manda un oficio al embajador argentino en Colombia, a quien respetamos mucho, para que se presente ante la JEP. No somos una organización política y no recibimos fondos de nadie", enfatizó el abogado. Y fue más allá: "Díganle al canciller Cafiero que lo puede resolver en cinco minutos. Nosotros seguiremos apelando, Facundo y su familia nos ratificaron su confianza. Hay montones de compañeros argentinos y colombianos, las izquierdas pueden mover para que atiendan a los abogados de Facundo. Y el gobierno argentino lo puede resolver hoy mismo, porque puede. Veremos si quiere".