La interminable saga de irregularidades en el Poder Judicial de la Nación, con la reciente maniobra del titular de la Corte Suprema, Horacio Rossatti, de saltar sobre las facultades del Congreso Nacional para hacerse del control del Consejo de la Magistratura, profundiza el proceso de descomposición de la Justicia, y con ello, devalúa el funcionamiento de la democracia en nuestro país.

No haber avanzado en la necesaria y demorada reforma judicial que gran parte de la sociedad reclama, ha posibilitado al máximo tribunal seguir cajoneando expedientes, sacar resoluciones express con la oportunidad de intereses ajenos a la justicia, condicionar a líderes políticos con procesos judiciales viciados de arbitrariedad y nulidad y proteger intereses económicos poderosos a través de cautelares con plazos “sine die”.

Irregularidades permanentes a las que la Corte Suprema debería erradicar, pareciera que desde el máximo tribunal no sólo se legitiman y consienten, sino que se perpetran deliberadamente.

Con el permanente doble estándar que caracteriza a líderes de Juntos por el Cambio –que desde su lugar de autoproclamados garantes de la República cuestionan cualquier intento de reforma judicial para encauzar este desmadre–, hacen un silencio estruendoso cuando toca defender a las instituciones de los avasallamientos que en nombre del Poder Judicial se llevan adelante.

Maestro en el arte de la contradicción, en esas filas se enrola el gobernador de Jujuy y titular de la UCR, Gerardo Morales, que a nivel nacional cacarea un republicanismo de cartón mientras que en la provincia pisotea la noción básica de la división de los Poderes del Estado.

En las últimas jornadas, y tal como viene informando en estas páginas Irina Hauser, embistió sobre integrantes del Superior Tribunal de Justicia con pedidos de juicio político contra Sergio González, Clara De Langhe de Falcone y Beatriz Altamirano, una de las legisladoras radicales que un día votó la ampliación de integrantes del Tribunal y al siguiente juró como una de sus miembros por decisión de Morales, al iniciar su primer mandato. Esta última ya dimitió, y los dos restantes fecharon sus renuncias para los próximos días.

Redobló la apuesta este lunes, al sumar a la lista de denunciados a los cortesanos Laura Nilda Lamas González, José Manuel Del Campo y Federico Francisco Otaola, de tal suerte que seis de los nueve integrantes del Superior Tribunal fueron empujados a presentar sus renuncias antes que exponerse al enjuiciamiento político del que, demás está decir, no podrían salir indemnes toda vez que Morales administra a voluntad todos los resortes del poder.

Si un juez del Superior Tribunal no cumple los deseos de Morales, le monta un juicio político, lo llena de presiones, de veladas amenazas y le augura un incierto futuro. Y aplica la misma metodología con sus funcionarios del Ejecutivo, con jueces de todos los fueros, con los legisladores que no sucumben ante sus aprietes, con los ciudadanos, los trabajadores estatales, en definitiva, con cualquier jujeño y jujeña.

Sí siendo Gobernador hace estas cosas, es difícil imaginar a qué situaciones estaríamos expuestos los argentinos y argentinas si llegara a ser Presidente o Vicepresidente.

Por qué impulsa cambios en la integración del Tribunal? Enfrascado en una pretendida campaña presidencial que vislumbra por demás dudosa, Morales necesita imperiosamente renovar el control sobre el Tribunal Superior de modo que convalide lo que, a todas luces, será su próxima jugada: impulsar una reforma constitucional que lo habilite a ser reelegido nuevamente como gobernador, algo que actualmente tiene vedado. Así, manipula escandalosamente al máximo tribunal provincial a la medida de sus aspiraciones políticas.

Estos movimientos no hacen más que confirmar lo que sostenemos desde hace 7 años: el Gobernador tomó por asalto a la Justicia, cooptándola para imponer un estilo de gestión unipersonal, una democracia devaluada en la que se hace lo que Morales desea, en connivencia con sectores del PJ que desviaron sus principios y su doctrina para asociarse con aquel en emprendimientos económicos vinculados al Estado provincial.

Morales distorsionó completamente el concepto de Justicia en Jujuy y la redefinió a su medida: en lugar de promover a jueces capaces e independientes, sólo aseguró el acceso a los Tribunales a empleados que respondiesen a sus intereses. Y fue capaz de eso porque la oposición institucionalizada a través del Partido Justicialista se lo permitió durante todos estos años, haciendo silencio o mirando para otro lado.

El gobernador de Jujuy no tiene límites a la hora de usufructuar su dominio sobre los tres Poderes del Estado, y ejerce la violencia política en todos los órdenes de la vida institucional. Aquí, las garantías constitucionales, las libertades públicas y la Justicia independiente son una falacia.

Es hora de frenar estos atropellos. Si Gerardo Morales amenaza a jueces del Superior Tribunal de Justicia hasta hacerlos renunciar, ¿qué queda entonces para un dirigente sindical, un militante social, un opositor político o un simple ciudadano de Jujuy?

(*) Diputada nacional por el Frente de Todos