Por estos días, se discute las consecuencias de las disposiciones incluidas en el acuerdo de refinanciación del endeudamiento de 45.000 millones de dólares, firmado en 2018 en el gobierno de Macri, con el Fondo Monetario Internacional.

El acuerdo fue aprobado por el Congreso Nacional por una ley sancionada en 2021, a tal efecto y por lo estipulado en el artículo 75 de la Constitución Nacional. Este establece taxativamente en su inciso 4 que “corresponde al Congreso…contraer empréstitos sobre el Crédito de la Nación…" y en el inciso 7 que el Congreso debe “arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la nación”.

En virtud de esta disposición constitucional, el Congreso por primera vez, desde la adhesión argentina al FMI, en 1956, ha tomado parte en la decisión de aprobar el “arreglo” de pago de la deuda con el FMI. Debe quedar claro entonces que el gobierno de Macri transgredió la norma constitucional al endeudarse con el FMI y no elevar ese compromiso financiero al Congreso Nacional para su tratamiento.

El crédito, por lo tanto, en su origen no fue considerado por la instancia institucional obligatoria y es, entonces, inconstitucional y debería ser declarado nulo. Esto no lo puede decidir el Presidente de la Nación, sino la Justicia Federal. Esta ya se está encargando de analizar este tema, pero los tiempos corren. 

El riesgo de un default con el FMI

Evitar la mora o cesación de pagos fue imperioso. Vale recordar lo ocurrido a fines de 2001 y principios de 2002: fuerte impulso alcista en el tipo de cambio, la población retirando dineros depositados en los bancos e inestabilidad de empresas y empleo. Se desató una grave crisis económico-social con tasas de pobreza del 57 por ciento, de indigencia del 27 por ciento y de desempleo de más del 20 por ciento.

La cesación de pagos de entonces representó un costo social devastador para los sectores populares. El desmadre, ahora sería peor, seguramente estimulado por la acción psicológica de la derecha política, económica y mediática, cuando antes era menos belicosa que en la actualidad.

La deuda externa con el FMI está nominada en dólares y el país carece de reservas e ingresos suficientes en moneda extranjera para afrontarla. La conclusión es evidente: era preciso acordar con el Fondo Monetario un programa de repago que permitiera extender los plazos de cancelación de la deuda, aunque la misma sea ilegal.

El acreedor no puede responder por tal ilegalidad porque el gobierno que la firmo estaba en funciones. Pero, internamente, será cuestión de juzgar y penalizar -no cabe duda- a quienes transgredieron la Constitución Nacional, obligándolos a afrontar con sus bienes el desastre que provocaron.

El Gobierno ya ha acudido al Poder Judicial en este sentido y es de esperar que éste se expide con firmeza y velocidad. Pero, entretanto, no queda otra opción que aceptar los términos del refinanciamiento pactado. 

Cómo negociar con el Fondo

Con el FMI nunca hay formalmente negociación porque se trata de una puja profundamente desigual entre un ente financiero dominado por las potencias occidentales y un país de poco peso económico y político que está disminuido en su capacidad para discutir condiciones. 

El FMI no ha cambiado su recetario. Puede eludir algunas exigencias en el proceso de acuerdo pero, en realidad, siempre plantea lo mismo: que el país deudor exhiba superávits financieros para atender el pago del endeudamiento. 

Se trata, en rigor, de una imposición que incluye la reducción de la capacidad de definir políticas propias al país deudor, condicionando la política económica y social

El FMI es el único organismo acreedor que concerta préstamos y reajustes con cláusulas de condicionalidad. Un banco acreedor internacional presta dinero en moneda extranjera sin exigir nada a cambio. El FMI interviene directamente en la gestión publica y prácticamente cogobierna. Este requisito -altamente limitante -impide al país deudor actuar con plena libertad de acción. Tiene un intruso en su estructura que la controla cada 90 días, lo que crea tensión e inestabilidad.

Tal situación ya se conocía muy bien en 2018 cuando el macrismo convino con el FMI. Era público y notorio. Hubiera sido mejor negociar créditos con bancos internacionales o países para salvar el bloqueo que el sistema financiero global impuso al gobierno argentino en marzo de 2018, al negarle la entrega de recursos en moneda extranjera para hacer frente a los compromisos de una deuda abultada en dolares. 

Pero la banca financiera internacional se negó a seguir otorgando crédito a la Argentina por el temor a no poder cobrarlo a futuro dada su magnitud y las notorias incapacidades del país por generar dólares. 

No alcanzan los dólares

No había escenario posible de certeza de repago pues el Estado nacional no puede fabricar ni imprimir dólares. Y los que genera del intercambio comercial son insuficiente para enfrentar las obligaciones externas, la remisión de utilidades, seguros, gastos de viajeros, compras de divisas por atesoramiento de particulares y pagos de capital e intereses por endeudamiento privado y público. 

Distinto es el caso del endeudamiento en pesos que, en el peor de los casos, se pueden imprimir pesos para afrontar compromisos de amortización y pago de intereses. 

La carta de intención con el FMI, sin embargo, no impide programar una estrategia económica capaz de seguir creciendo -como en 2021 y en lo que va de este año-, bajar la pobreza y la indigencia, hoy en niveles inaceptables. Para ello hay que poner en marcha un derrotero económico-social que implique una fuerte voluntad política dispuesta a transitar un camino estrecho pero posible. 

Hay antecedentes al respecto, como la exitosa recuperación económica y social a partir de 2003 durante la gestión de Néstor Kirchner.

Existe espacio de maniobra y es preciso utilizarlo al máximo. Es hora de que tras la firma del acuerdo con el FMI se desarrolle una agresiva política económica y social que atienda, en primer lugar, la deuda interna, garantice crecimiento y mejore la distribución del ingreso . 

Qué hacer

Esta política económica-social vigorosa, que aproveche los intersticios que dejan las condicionalidades impuestas por el FMI, es preciso que enfrente decisivamente las pesadas herencias del macrismo y la pandemia.

Damos cuenta de algunas decisiones imperiosas a incluir en la etapa que hay que abrir, necesariamente, hasta el cierre de 2023. Primero y fundamental, derrotar la indigencia, que es intolerable en cualquier sociedad pero más aún en la nuestra que posee producción de alimentos para diez veces su población. No se puede aceptar ni un día más que haya hambre en el 10  por ciento de las familias que habitan el país. 

Para ello hay varios caminos simultáneos por donde avanzar. Uno, otorgar un incremento sustancial de la AUH asociada a la tarjeta Alimentar. Otro, la creación de mercados de concentración -como el Central ubicado en La Matanza- en decenas de ciudades de todo el país para poner en contacto productores y consumidores de alimentos frescos sin intermediación alguna. La tercera, fortalecer la Economía Social y Solidaria como herramienta para vigorizar la producción ecológicamente sustentable y la soberanía alimentaria. La ley de apoyo a la Agricultura Familiar existe desde el 2014 pero aún no se reglamentó y su articulado contiene estrategias esenciales y novedosas, como el Banco de Tierras y Programas de Colonización.

En esa misma dirección, fomentar la creación y fortalecimiento de cooperativas de trabajo y de consumo aparece como otra asignatura pendiente de imprescindible estímulo para industrializar alimentos en forma asociativa y canalizarlos al consumo popular por fuera del sistema depredador del supermercadismo expoliador. 

Una estrategia política así definida será, además, una aliada muy valiosa en la lucha contra la inflación. Esta estrategia se puede financiar con aumentos de retenciones a bienes exportables que han experimentado sustanciales incrementos de precios en dólares, como la soja, y en el incremento de ingresos fiscales por el mayor consumo de alimentos. Serán políticas de redistribución del ingreso en términos progresivos de imperiosa y urgente puesta en marcha.

* Economista del Plan Fénix.