Dos represores que durante la última dictadura y los años previos actuaron en La Pampa sumaron nuevas condenas por crímenes de lesa humanidad: el Tribunal Oral Federal de Santa Rosa condenó al militar retirado Luis Baraldini y al comisario retirado Carlos Reinhart a 18 y 12 años de cárcel por considerarlos coautores de secuestros, torturas y abusos sexuales cometidos contra víctimas del terrorismo de Estado. “Nosotros lo decimos desde siempre y una vez más lo dijo la Justicia: La Pampa no fue una isla, acá hubo terrorismo de Estado planificado como en todo el país”, remarcó la sobreviviente y querellante Raquel Barabaschi.

El debate, el tercero que se lleva a cabo por las violaciones a los derechos humanos sucedidas en la provincia entre 1974 y 1983, comenzó en abril de 2021 y preveía juzgar a seis represores por delitos de lesa humanidad cometidos contra 196 personas en lo que el Ejército, durante la dictadura cívico militar, denominó Subzona 1.4, que comprendió a la provincia de La Pampa.

Solo dos acusados llegaron a instancia de sentencia. El capitán retirado del Ejército Jorge De Bártolo, que integró la plana mayor de la subzona, y Humberto Riffaldi, quien comandó el Departamento de Informaciones de la Policía pampeana, fallecieron impunes, como también lo hizo Gerardo Jáuregui, mayor retirado del Ejército, que ni siquiera llegó al comienzo del debate. También murió el coronel Néstor Omar Greppi, quien cumplió el rol de secretario general de la gobernación entre marzo de 1976 y enero de 1977. Roberto Fiorucci, al frente del sector de informaciones del grupo de tareas que actuó en la provincia, no pudo ser juzgado debido a sus problemas de salud.

Los represores se llevaron a su tumba la posibilidad de que la mayoría de las víctimas consideradas al inicio del debate de obtuvieran finalmente justicia. Casi todos los casos ya fueron evaluados en juicios previos, pero habían regresado al estrado ya que Riffaldi y De Bártolo no habían rendido cuentas aún.

Las condenas

De manera puntual, a las 8.30, los jueces Pablo Díaz Lacava, José Triputti y Marcos Aguerrido inauguraron el lunes pasado la última audiencia del juicio, que comenzó de manera virtual y culminó en la presencialidad, en el aula magna de la Universidad Nacional de La Pampa. En un veredicto breve –cuyos fundamentos se conocerán el 1 de julio próximo–, los jueces condenaron a 18 años de prisión a Baraldini y a 12 años de encierro a Reinhart. Ambos ya habían recibido penas en el segundo juicio de lesa humanidad que se llevó a cabo en la provincia y que culminó a mediados de 2019 con 13 represores condenados a entre 6 y 25 años de cárcel.

En esta ocasión, las condenas fueron sensiblemente menores. A Baraldini, que entre octubre de 1975 y el 24 de marzo integró el Destacamento de Exploración de Caballería Blindada 101 como oficial de inteligencia del Estado Mayor General de esa unidad, desde el día del golpe de Estado hasta noviembre de 1979 fue jefe de la policía provincial, lo condenaron por haber sido coautor de seis casos de secuestros, un caso de torturas y dos de abuso sexual.

Carlos Reinhart, que fue parte de la fuerza policial en la Seccional Primera, principal centro clandestino de la provincia, y en la Brigada de Investigaciones, brazo operativo del grupo de tareas local, fue considerado coautor mediato en un secuestro, un caso de tortura y otro de abuso sexual.

La Fiscalía y las querellas habían requerido 25 y 22 años de cárcel para uno y otro. La fiscala federal de La Pampa, Iara Silvestre –acompañada por Miguel Pallazzani y Federico Iparraguirre– consideró que Baraldini y Reinhart debían ser condenados por el delito internacional de genocidio: “El concepto de crímenes de lesa humanidad no abarca la intencionalidad que define al genocidio y por lo tanto no es representativo de la totalidad de lo sucedido, de la magnitud del fenómeno”, rescataron de su exposición el sitio de difusión del Ministerio Público Fiscal.

Una etapa cerrada

Barabaschi, sobreviviente del terrorismo de Estado y militante del Movimiento Popular Pampeano por los Derechos Humanos, criticó la sentencia por no haber condenado a los acusados por genocidio y reconoció que “se cierra una etapa”. “Los imputados están muertos o están a punto de morir, también se están yendo las víctimas y los familiares, pero aún tenemos cosas pendientes. Queda mucho por investigar, mucho por denunciar, mucho por reparar”, advirtió. En ese sentido, indicó que “si no podemos ya reclamar ante la Justicia, insistiremos con juicios por la Verdad”.

Entre los “pendientes” que cuenta el movimiento en el territorio figura la confirmación de las condenas a los represores juzgados en 2019. También la revisión de los abusos que “sufrimos las mujeres que fuimos víctimas” de la dictadura para que sean considerados delitos sexuales y “no apremios ilegales”, remarcó Barabaschi. Además, insistirán en que la Seccional Primera de la Policía pampeana sea desafectada –sigue siendo sede policial– y entregada al movimiento de derechos humanos para constituir alí un espacio para la memoria. Por último, mencionó la “necesidad de identificar” los restos que “hay enterrados en el cementerio de la localidad de La Adela”. Existe, según explicó, una denuncia en la Justicia Federal para que se investiguen enterramientos de “cuerpos sin identificar que fueron encontrados a la vera de la ruta durante la última dictadura y enterrados en La Adela. Hay un montón de familias que están buscando a sus seres queridos y necesitamos que eso avance”, concluyó.