1992 fue un año crucial en la ola privatizadora encarada por el presidente Carlos Menem y el ministro de Economía Domingo Cavallo durante su permanencia en el poder. En medio del espejismo de la paridad un peso = un dólar, estaba en marcha una profunda reforma económica que contemplaba la privatización de empresas públicas estratégicas, que habían desempeñado un papel fundamental en el desarrollo del país. En el recuerdo quedaban las promesas del candidato justicialista de “revolución productiva” y “salariazo”.

Apenas se calzó la banda presidencial, Menem no solo descartó su discurso de campaña, sino también el legado de las políticas proteccionistas impulsadas por Juan Domingo Perón durante sus dos primeras presidencias. Hizo aprobar la estructura legal básica para su cometido: las leyes de Reforma del Estado 23.696 (agosto de 1989) y la Ley de Emergencia Económica 23.697 (setiembre de ese año) fueron la base para vender las empresas públicas a precios irrisorios. Con el manual neoliberal aprendido en tiempo récord, se transformó en el “alumno modelo” de Estados Unidos.

“La Ley de Reforma del Estado consagraba un cambio sustantivo en la concepción del rol del Estado abarcando distintos ámbitos: reforma administrativa, descentralización, reforma tributaria y privatización de empresas públicas”, resumió Cecilia Senén González, investigadora del CONICET y docente de la materia Relaciones del Trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).

En diálogo con el Suplemento Universidad, precisó que “entre sus capítulos principales se destaca la declaración del estado de emergencia en la administración pública, empresas y sociedades del Estado, las privatizaciones, las concesiones y el programa de propiedad participada”.

“En cuanto a las privatizaciones, autorizaba al Poder Ejecutivo a intervenir casi todas las empresas públicas, suprimiendo sus directorios y otros órganos de control, a modificar su forma social, a dividirlas y, obviamente, a privatizarlas”, destacó Senén González.

Respecto de la Ley de Emergencia Económica, puntualizó que “concedía al Poder Ejecutivo una amplia capacidad de decisión, al derogar todas las normas que diferenciaban al capital extranjero del nacional, permitiendo el ingreso de aquel a áreas privatizables antes restringidas y suspendía el régimen de compre nacional”.

Como parte de la reforma del Estado, Menem y Cavallo emitieron el 12 de noviembre de 1991 el decreto 2.408 con el “Cronograma básico de aplicación a los procesos de privatización de las empresas y servicios públicos” (disponible en http://mepriv.mecon.gov.ar/Normas/2408-91.htm).

En diciembre de ese año, se aprobó el marco regulatorio y de los pliegos de licitación para la privatización de Obras Sanitarias de la Nación (OSN), que terminó de concretarse en 1992, y realizó una evaluación de la Empresa Nacional de Correos y Telégrafos (ENCOTEL, hoy Correo Argentino), para su posterior entrega a manos privadas en el curso de ese año.

También en 1992 se enajenó la Empresa Líneas Marítimas (ELMA), ramales ferroviarios de carga y pasajeros, centrales distribuidoras y generadoras de energía eléctrica –la emblemática Servicios Eléctricos del Gran Buenos Aires (SEGBA)– y las centrales Puerto Nuevo, Costanera, Dock Sud y Pedro de Mendoza. El desguace energético generó además la creación de una veintena de centrales hidroeléctricas, cuyas concesiones vencen en 2023 y años subsiguientes.

Para Menem y Cavallo, las empresas estatales eran “unidades de negocios”, según la redacción oficial. Así fue que en 1992 encararon la desarticulación de Agua y Energía Eléctrica, Gas del Estado e YPF.

Además, se creó el régimen de peajes en rutas y autopistas, cuyo llamado a licitación estaba estipulado entre enero y julio de 1992, según el artículo 8 de aquel decreto, para la “explotación de la red de acceso a grandes ciudades”.

Las normas oficiales tomaron como argumento básico, tal como lo venía haciendo a su vez el sistema mediático privatizador desde el gobierno de Raúl Alfonsín, que el programa de concesiones “redundará en beneficios apreciables para la comunidad, por la mejora de los servicios que deberá recibir y la concentración de los esfuerzos en áreas prioritarias: seguridad, salud, educación y justicia”. Una promesa que nunca se cumplió.

A modo de resumen del estado de situación, Natalia Álbarez Gómez, doctora en Ciencia Política, docente e investigadora de las universidades de Córdoba (UNC) y La Rioja (UNLaR), reflexionó: “La crisis económica, el ineficiente funcionamiento de las empresas estatales, los organismos internacionales y los medios de comunicación hegemónicos participaron activamente en la construcción de legitimidad para que esas privatizaciones fueran posibles, y sin una participación social activa que ponga en discusión tal decisión”.

Las empresas emblemáticas como objetivo

“Las leyes de reforma del Estado de los noventa marcaron el inicio del proceso de privatización de las empresas públicas, con especial énfasis en aquellas compañías que revestían como titulares y prestadoras de los servicios públicos”, sintetizó el investigador de la Universidad Nacional de José C. Paz (UNPAZ) Juan José Carbajales, coordinador del Manual de empresas públicas en Argentina (1946-2020).

Carbajales precisó que en 1983, el año de la vuelta a la democracia, existían en el país casi 300 empresas estatales, de las cuales 260 empresas eran no financieras –143 nacionales, 83 provinciales, 6 municipales, 3 intergubernamentales y 24 mixtas–.

“A partir de 1990 comienza un proceso de desregulación y privatización de empresas estatales, en especial, las de servicios públicos, con sustento en los principios del liberalismo económico y en la necesidad de lograr mayores niveles de eficacia en la prestación del servicio”, resaltó a este suplemento.

En la primavera de 1992 se concretó la privatización de una de las empresas emblemáticas. En una escandalosa sesión, la Cámara de Diputados aprobó entre el 23 y 24 de setiembre la entrega de YPF, que había sido creada en 1922 por el presidente Hipólito Yrigoyen. Se hizo por la ley 24.145, promulgada el 13 de octubre de 1992.

Otra de las empresas vitales que privatizó Menem y Cavallo fue AyE, creada por el primer gobierno peronista en 1947, que había realizado la canalización de agua hacia las ciudades y pueblos de todo el país para el funcionamiento de usinas, instalaciones militares y agua corriente a la población. La ley 24.065, aprobada por el Congreso en diciembre de 1991, fue publicada en el Boletín Oficial el 16 de enero de 1992.

Dentro del plan privatizador, se emitió el decreto 817 (26 de mayo de 1992) sobre las actividades portuarias, que apuntaba “a la reorganización administrativa y privatización; transporte marítimo, fluvial y lacustre; practicaje, pilotaje, baquía y remolque; y de regímenes laborales”.

Una votación viciada de nulidad

Creada durante 1946, otra empresa pública emblemática privatizada por Menem y Cavallo fue Gas del Estado, que quedó desguazada en 11 sociedades privadas con mayoría de capitales extranjeros. De ellas, 9 de distribución y 2 de transporte por gasoductos.

Exigida por el Banco Mundial, la privatización se plasmó en la ley 24.076, promulgada el 9 de junio de 1992. La fecha apuntaba al sentimiento popular: ese día, pero en 1956, la dictadura de Aramburu-Rojas comenzó a fusilar militares y civiles peronistas tras el levantamiento del general Juan José Valle.

La privatización de esa empresa constituyó uno de los escándalos políticos más resonantes de la historia argentina. Durante la sesión en Diputados, el 26 de marzo de 1992, un “diputrucho” votó a favor de aprobar la privatización. Se llamaba Juan Abraham Kenan y era asesor del entonces diputado Julio Manuel Samid. La “ayuda” se debió a que el PJ se había quedado sin quórum. La Justicia no sancionó a nadie.

En ese año, también se privatizaron la Caja de Ahorro y Seguro (ley 24.155, promulgada el 26 de octubre) y la Sociedad Mixta Siderúrgica Argentina (SOMISA), creada en 1947. Para esta última, por decreto, se llamó a concurso y subasta pública nacional e internacional para la transferencia del paquete accionario y venta de sus bienes.

La contundencia de los números

“Las privatizaciones, según FLACSO, involucraron la transferencia de activos públicos, estratégicos para la economía, por los cuales el Tesoro recaudó 23.851 millones de dólares y absorbió 20.106 millones de pasivos”, precisó Karina Forcinito, doctora en Economía e Investigadora de la Universidad Nacional de General Sarmiento (UNGS).

En diálogo con este suplemento, añadió que “las adjudicatarias captaron ganancias extraordinarias que no derivaron en niveles significativos de inversión en la mayor parte de las actividades durante los noventa”.

La especialista recordó que durante los gobiernos de Néstor Kirchner y Cristina Fernández “se recuperó parcialmente la capacidad regulatoria del Estado con la reestatización de la propiedad de algunas empresas estratégicas”.

“Sin embargo –advirtió– la institucionalidad regulatoria neoliberal otorgó privilegios aún vigentes a las firmas de capital extranjero, tales como la posibilidad de litigar contra el Estado argentino en tribunales arbitrales internacionales frente a modificaciones en la ecuación económico-financiera original de los contratos derivadas de decisiones soberanas de política y regulación económica.”

Forcinito destacó que como consecuencia de ello “el Estado argentino, que lidera los juicios en el tribunal arbitral del Banco Mundial (CIADI) con 56 casos, lleva pagados 16.538 millones de dólares y posee demandas pendientes por otros 8.755 millones desde 2001 hasta la actualidad”.

“Resulta fundamental denunciar los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI); reformular los esquemas de regulación, que resultaron ineficientes, socialmente excluyentes y ambientalmente insustentables, y reemplazar al mercado por la planificación con participación social”, enfatizó.

Lecciones para aprender

“Es posible concluir que las privatizaciones constituyeron un verdadero ‘traje a medida’ de los mismos actores económicos que se habían consolidado estructuralmente a partir de la política económica de la dictadura militar”, señalan Daniel Azpiazu y Eduardo Basualdo en Las privatizaciones en la Argentina, un libro esencial para entender el proceso de reducción del Estado.

Álbarez Gómez, en ese sentido, señaló que “pensar las privatizaciones de las empresas estatales en Argentina nos remite a los noventa y al modelo neoliberal, cuyo germen podemos encontrar en la dictadura de 1976”.

En conversación con el Suplemento Universidad, advirtió que “a 30 años de esas privatizaciones, es ineludible interpelarnos acerca de sus efectos y consecuencias para la sociedad argentina”.

Un ejemplo son los servicios públicos que, a su criterio, “no pueden estar en manos de los privados; la razón está en que los privados tienen al lucro como principal objetivo y el Estado debe garantizar el bien común”.

Tres décadas más tarde, las consecuencias de las privatizaciones aún se sufren: “La intensidad y celeridad de su aplicación, caracterizada por una regulación ambigua y débil, benefició a quienes sólo perseguían intereses lucrativos, porque promovió la concentración de capitales, no generó competencia y debilitó el papel regulador del Estado, a lo que se debe sumar los perjuicios a los trabajadores y sus familias”.