Ya adentrándose en la etapa final, la jornada de ayer en el juicio en el que se investiga a siete personas por asociación ilícita y lavado de activos dejó datos de interés para la acusación, paradójicamente, a través de los dichos de testigos propuestos por el abogado Mariano Alvarez, a cargo de la defensa del principal acusado, Delfín Reynaldo Castedo, y de su hermano, Raúl Amadeo "Hula" Castedo. 

El comerciante y especialista en reparación de maquinaria agrícola Jorge Oscar Marinaro fue quizás el que hizo revelaciones más interesantes para la acusación que sostiene la Fiscalía, representada en este proceso por Jorge Viltes Monier, y la querella de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), representada por la abogada Emilia Figueroa. 

El testigo contó que conoció a Delfín Castedo"hace como 18 años", en 2005, en un remate de máquinas viales, donde se lo presentó el martillero público Eduardo "Pinto" Torino. Castedo es sindicado como el jefe de la organización narcocriminal que se juzga en este proceso ante el Tribunal Oral Federal 1 de la ciudad de Salta, y Torino está acusado en este juicio, en su caso como partícipe de esta organización. 

Marinaro siguió en contacto con Castedo, que lo contrató para que pusiera a punto cinco topadoras que compró en 2006. El testigo dijo que por entonces el precio de una de estas máquinas, marca Caterpillar, rondaba los 100 mil dólares, es decir que Castedo hizo un gasto de unos 500 mil dólares en solo un año. Además, Marinaro dijo que por su trabajo, que consistía en desarmar por completo cada topadora y dejarla a nueva, cobró unos 4 mil dólares por unidad. 

Tanto el fiscal como la querellante le preguntaron sobre una afirmación suya al principio de su testimonio, cuando el defensor le preguntó por el concepto que tenía de Delfín Castedo. "Era un cliente normal para mí", había dicho, pero haciendo la salvedad de que "después uno se entera en qué andaba".

Cuando le pidieron que se explicara, Marinaro dijo que una vez en una estación de servicio de Tartagal le dijeron que tuviera cuidado porque estaba arreglando maquinaria para un narcotraficante. Añadió que siguió yendo a la casa que su contratista tenía en la calle Fragata Libertad de Salvador Mazza, donde había un galpón donde estaban las topadoras. "Me limitaba a hacer mi trabajo", se excusó. Sin embargo, contó que a partir de ese aviso, dejaba su camioneta afuera, por dos razones, para que Castedo no creyera que podía sacarle algo y para que no se vincule su vehículo con ese galpón.

Por otro lado, el testigo contó que entonces Castedo andaba en una camioneta 4x4 que estaba levantada. "Él decía que esa era la que había ganado Riquelme" como premio por su destacada actuación en la Copa Libertadores, contó. 

La finca era de Castedo, pero 

El ingeniero agrónomo Juan José Gerónimo contó que en abril o marzo de 2006 Delfín Castedo le pidió que realizara un estudio de suelos para completar un expediente en el que solicitaba autorización de la Secretaría de Ambiente de la provincia para desmontar en la finca El Aybal. Lo destacable es que detalló que si bien lo contrató Castedo y con él vino a la ciudad de Salta a presentar el informe del estudio en Ambiente y fue él quien le pagó el trabajo, la nota que presentaron fue firmada por Mario Alberto Yudi, que también está siendo juzgado en este proceso. 

El ingeniero explicó que la solicitud de desmontes solo podía realizarla el titular del inmueble, incluso dijo que esa nota fue certificada por escribano. Y añadió que ni siquiera conoció a los Yudi. Además de Mario Alberto, en este proceso están siendo juzgados también su padre, Alberto Yudi, y su tío, Luis Yudi. 

"A su entender, ¿quién era el dueño de la finca?", insistió el fiscal: "Para mí era Castedo. Pero en los papeles era Yudi", ratificó el testigo. 

Sobre El Aybal, una extensión de más de 20 mil hectáreas en la zona de frontera con Bolivia, se realizaron diferentes operaciones. En 2003 Mario Alberto Yudi, que entonces tenía 22 o 23 años, la compró por 600 mil dólares; luego, en 2005, la vendió a Castedo en 1.300.000 pesos argentinos. Y en 2006 este último la vendió en 1.800.000 pesos a Torino, que la compró en representación de la firma off shore Anzere SA.

Alberto Yudi padre, que ayer declaró, también habló de esta operación. "Esa finca yo decidí comprarla para mi hijo", aseguró. Dijo que como no le alcanzaba la plata, su hermano Luis "puso gran parte".

"Fue buen negocio pero luego no fue tan bueno cuando vimos que estaba el señor (PIlar) Rojas", afirmó sobre los motivos que los llevaron a vender el campo. Recordó que pusieron un abogado pero: "Sabíamos que íbamos a tener problema porque era muy difícil el desalojo y decidimos venderla".

Alberto Yudi, que negó toda vinculación delictiva, sostuvo que el dinero para esta adquisición devino de la actividad comercial que realiza su familia en Salvador Mazza desde 1952. "Nos criamos trabajando en el negocio". "Trabajamos toda la vida". Aseguró, y se quejó de que los miércoles debe cerrar el negocio para asistir a la audiencia. 

Un testigo poco conveniente 

La finca El Aybal colinda con otro campo, El Pajeal, que perteneció al ex diputado provincial José Ernesto Aparicio (f), también investigado por narcotráfico. La sospecha es que las fincas, ambas con límites con Bolivia, eran usadas para el contrabando de mercaderías lícitas y de las otras. De hecho, eso es lo que denunciaba la pequeña productora rural Liliana Ledesma, que fue asesinada en septiembre de 2006. Los hermanos Castedo están acusados de ser los autores intelectuales de este crimen que increíblemente se tramita en la justicia provincial.

Gerónimo aportó datos sobre el origen de estas cuestiones. Contó que en 1998 fue contratado por Aparicio para que realizara un estudio con el objeto de abrir caminos en esa finca, entre ellos uno que conectaba con la frontera, aunque al llegar a este punto se apuró a aclarar que no recordaba muy bien este aspecto porque también había otro técnico trabajando.

El crimen de Liliana Ledesma volvió una y otra vez ayer en las declaraciones de los testigos ayer. Y de manera casi brutal regresó con la declaración de un tal Ceferino Tárraga. 

También había sido propuesto por la defensa. Cuando le tocó el turno de preguntar al fiscal, lo interrogó sobre si sabía algo del crimen de Ledesma, el testigo dijo que solo supo algo por la difusión pública que se dió al caso, sin embargo, después reconoció que es el padre de Aníbal Tarraga, uno de los asesinos de la joven. 

Liliana Ledesma fue matada a cuchilladas en la pasarela del barrio Villa Las Rosas en Salvador Mazza. Se comprobó que fue atacada por Aníbal Tárraga, Lino Abdemar Moreno, Casimiro "Nene" Torres y Gabriela Aparicio, la hermana de Ernesto Aparicio. Los tres hombres y esta mujer fueron condenados a prisión perpetua en 2010. Los hermanos Castedo no fueron juzgados en ese momento porque estaban prófugos de la justicia provincial.