El fiscal de San Isidro Claudio Scapolán, quien había sido procesado en octubre del año pasado acusado de ser jefe de una asociación ilícita integrada también por policías que entre 2013 y 2015 robaba cargamentos de droga y extorsionaba a narcotraficantes, fue apartado preventivamente de sus funciones por el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense.

Scapolán, quien ya había sido licenciado por la Suprema Corte de Justicia bonaerense ante la gravedad institucional de los delitos que se le atribuían, fue apartado luego de una votación en el Tribunal de Enjuiciamiento de la provincia, que tuvo 9 votos a favor del apartamiento y 2 en contra de esa sanción, con lo que ahora el fiscal quedó más cerca de una eventual detención.

La primera denuncia contra el fiscal fue realizada en 2016 por la exdiputada Elisa Carrió y, posteriormente, por la jueza federal de San Isidro Sandra Arroyo Salgado, quien tenía a su cargo la investigación en la que fue procesado Scapolán.

En 2019 se abrió competencia en el Tribunal de Enjuiciamiento bonaerense y el procurador general de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Julio Conte Grand, efectuó la acusación pero la pandemia evitó que se avanzara en el proceso. Ahora, el Tribunal debatió sobre el apartamiento preventivo del fiscal y resolvió hacer lugar a esa sanción.

El fiscal apartado está acusado de presunta asociación ilícita y mal desempeño por la sospecha de liderar una banda de policías que se quedaban con droga secuestrada a los narcos en operativos, para su posterior comercialización. Al momento de ser procesado, el 1 de octubre del año pasado, la jueza Arroyo Salgado, además, trabó sobre los bienes del fiscal un embargo por dos mil millones de pesos.

En esa resolución, la jueza procesó a Scapolán por un total de diez delitos: jefe de una asociación ilícita, instigador de falso testimonio agravado, uso de documento público falso, falsedad ideológica de documento público reiterada, sustracción de medio de prueba, tenencia de estupefacientes con fines de comercialización doblemente agravada, cohecho pasivo agravado por su condición de agente fiscal, extorsión, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público.

Dada la imposibilidad de detener por el momento al funcionario judicial, la magistrada dispuso diferir su eventual arresto “hasta tanto se resuelva el desafuero” del imputado.