El Comité Provincial contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles advirtió, mediante un comunicado, sobre la inadecuada calificación, investigación y condena en los procesos judiciales vinculados a estos delitos en las causas contra policías o integrantes del Servicio Penitenciario de Salta. 

El Comité sostuvo en la etapa de investigación preparatoria las fiscalías vienen recurriendo a tipos penales más benignos como vejaciones, apremios, lesiones, homicidios culposos, coacciones, entre otros. El comisionado Rodrigo Solá explicó que esta reflexión surgió en el marco del juicio por la muerte de Cristian Gallardo durante su detención el 26 de agosto de 2019, en cuya causa el Ministerio Público Fiscal eligió una calificación menor a la que podría haber aplicado.

"Destacamos que (en Salta) hay un avance, notamos que este año hay movimiento en relación a las causas (vinculadas) con policías y oficiales de seguridad, eso es algo positivo pero notamos que incurren en esa práctica que es común en Argentina de no calificar por el tipo específico de tortura, sino por otros menores y eso se hace en la etapa de investigación", manifestó Solá a Salta/12.

Ante esta situación, el organismo recomendó revisar los criterios prácticos judiciales y fiscales utilizados en la provincia  de Salta para que encuadren jurídicamente los hechos que se investiguen conforme a los derechos humanos reconocidos y garantizados en los tratados internacionales, y para que lleven adelante una adecuada investigación y sanción del delito de tortura. 

El Comité se ha constituido como observador en el juicio por la muerte de Gallardo, en el que el fiscal Leandro Flores acusó a cuatro policías que prestaban servicio en la comisaría del barrio Democracia por "homicidio culposo en concurso real con vejaciones agravadas" solicitando 6 años de prisión efectiva, y también acusó a otro oficial de servicio por "falsedad ideológica agravada y encubrimiento agravado para el que solicitó 3 años de prisión condicional, y además pidió 2 años de prisión condicional para un civil por "falso testimonio y encubrimiento". 

"La calificación que propusieron desde la Fiscalía nos disparó la reflexión sobre las calificaciones y la necesidad de trabajar estas cuestiones. Queremos esperar a mañana (por hoy), a que salga la sentencia para poder emitir una opinión particular respecto a lo que nosotros hemos observado", sostuvo Solá. 

El juicio por la muerte de Gallardo en un procedimiento policial es el primero en el que el Comité salteño, puesto en funcionamiento recién en febrero de 2022, se ha constituido como observador. Sin embargo, Solá explicó que también vienen siguiendo otras causas de violencia institucional por vía de expedientes y medios de comunicación y, por ello, realizan la advertencia con una recomendación a los organismos que administran justicia en la provincia.

"A partir de ahora ya comenzamos a tomar otro tipo de intervenciones, vamos a evaluar otras posibilidades, tenemos proyectado actuar como querellantes, presentando amicus curiae o de alguna otra forma", anunció además el comisionado.

En el comunicado del Comité Provincial se resalta que el Subcomité de las Naciones Unidas para la Prevención de la Tortura y otros Tratos Inhumanos, Crueles y Degradantes, que de forma reciente concluyó su visita oficial a Argentina, en su informe de evaluación anterior advirtió que "'la tipificación por parte de los jueces de hechos de torturas bajo otras calificaciones' que llevan aparejada 'una pena y unos plazos de prescripción mucho menores' en la práctica  'incide en la existencia de un subregistro judicial de los casos de torturas en la impunidad'".

El comisionado explicó que participó de una reunión que tuvo el Subcomité de Naciones Unidas con los mecanismos de prevención de la tortura locales en el país y allí realizó una presentación general de Salta, en uno de cuyos puntos se refirió a este abordaje judicial de las causas en las que se omite calificar el delito de tortura como tal.

Solá señaló que el Estado argentino ratificó la Convención Internacional de los Derechos Humanos, que convierte a la tortura "en un delito de gravedad, que social e institucionalmente es considerado repudiable y le da una de la penas más altas de 8 a 25 años de prisión". El comisionado explicó que al no aplicarse este tipo penal, el delito queda reducido a escalas "mucho más bajas, menos severas y pierde el efecto disuasorio que es lo que se busca desde el derecho internacional".

"La práctica hace que a riesgo de que no puedan ser condenados los miembros de las fuerzas de seguridad o de que no puedan probar completamente el delito, buscan calificaciones menores. No es solamente una situación de los jueces sino que es una situación que es estructural, que hay que modificarlo a mediano y largo plazo y que comienza desde las primeras etapas de investigación", sostuvo además el comisionado.

Ante casos de tortura cometidos por la Policía de Salta o el Servicio Penitenciario, la recomendación es que se investigue con un enfoque especial. "Tiene que haber personal calificado que trabaje desde esta perspectiva, preservación de las pruebas con métodos especiales, tiene que haber protección de los testigos desde un primer momento, eso desde el día uno, porque toda la prueba que no se produce en esas primeras instancias después es muy difícil", señaló el comisionado. Consideró que falta formación en esta materia en peritxs, personal médico y psicólogxs.

En el juicio por la muerte de Gallardo, la Dirección Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Nación que se constituyó también como observadora, presentó un pedido ante el Tribunal de Juicio para que se proteja a lxs testigxs. Esto pasó luego de que tomaran conocimiento de la detención de un testigo presencial clave para la causa, un día antes de su declaración, quien relató también a Salta/12 que viene siendo víctima de hostigamiento por parte del personal de la comisaría del barrio Democracia desde la muerte de "su amigo Cristian". El testigo también dijo que cuando lo detuvieron, lo golpearon en el fondo de la misma dependencia policial donde se encontró muerto a Gallardo. El Comité Provincial también había requerido información a la comisaría en su momento. Solá informó que el Tribunal requirió el traslado a la Fiscalía de Derechos Humanos para que investigue.