La provincia de Jujuy perdió al único juez federal que se animó a procesar a Carlos Pedro Blaquier, propietario del Ingenio Ledesma por crímenes de lesa humanidad. Fernando Poviña presentó su renuncia a partir del 1 de junio al cargo de titular del Juzgado Federal 2 de San Salvador, puesto que subrogó durante más de cinco años y al que llegó porque la Corte Suprema de Justicia de Nación declaró el estado de emergencia judicial en una provincia en la que no avanzaban las causas de lesa humanidad. Poviña que dijo retirarse por razones familiares continuará desempeñado su rol de juez federal titular en Tucumán. En su lugar fue nombrado Esteban Eduardo Hansen, un hombre proveniente de una familia patricia de Jujuy y nacido en la zona del Ramal, donde está establecido el Ingenio Ledesma. Hansen fue designado juez federal de Ledesma por acuerdo del Senado en diciembre del año pasado y meteóricamente ahora fue desplazado al corazón judicial de la provincia por resolución 161/17 del Consejo de la Magistratura. Allí será subrogante. 

–¿Qué garantías hay ahora con el avance de la investigación de estas causas e incluso la investigación pendiente sobre Blaquier?

–Estas causas están todas encaminadas –dijo el juez Poviña a PáginaI12–, sacarlas de su eje sería difícil. La causa Blaquier está en la Corte y lo que allí se falle es lo que se debe hacer, cualquier persona que llegue está encorsetado con eso.

La noticia se conoció en Jujuy el jueves a la noche y disparó nuevos estados de alerta entre ya alertados actores del movimiento de derechos humanos desde la asunción del gobernador Gerardo Morales, con el primer plano de la detención ilegal de Milagro Sala y en un contexto de sumisión del Poder Judicial al Ejecutivo. Poviña había trasformado su juzgado en un espacio de puertas abiertas para las víctimas de la dictadura militar, que luego de años de parálisis y de bloqueo comenzaron a observar el avance de las causas, no sólo contra el zar del azúcar. Hasta su llegada no se habían iniciado los juicios orales de lesa humanidad y la justicia obstaculizaba hasta las investigaciones hasta sobre militares. Por más de cinco años trabajó entre Jujuy y Tucumán. En ese tiempo se presentó a concursar para juez de Casación, donde quedó entre doce ternados para cuatro cargos que aún esperan resolución del Consejo de la Magistratura. Ahora se queda sólo en Tucumán con 40 mil causas en avance.

“Poviña es el que caratuló con el nombre de ‘Blaquier y otros’ las causas que antes tenían el nombre de las víctimas y el que las caratuló implicándolo en la privación ilegal de la libertad”, dice Eva Arroyos de HIJOS Jujuy. “Los abogados de Blaquier fueron a quejarse y sabemos que él les dijo que no podía cambiar eso porque el que encabeza la causa es el victimario. Fue el único que calificó el año pasado como arbitrarios los despidos de los trabajadores de Agricultura Familiar que dependían de Nación. Y ordenó que se los reincorpore. Para nosotros su partida es una pérdida muy importante porque con su intervención en procesos de lesa humanidad, con su llegada, se abrieron las puertas del juzgado que tuvimos cerradas durante ocho años con causas absolutamente detenidas”. 

Hansen concursó en 2010 al cargo de juez federal. Quedó cuarto en una lista de la que se retiró un aspirante y finalmente fue seleccionado para ocupar el cargo de juez en Libertador General San Martín, la zona de Ledesma. El 6 de diciembre de 2016 se presentó en la audiencia pública de acuerdo del Senado. Sin embargo, desde entonces es un juez sin trabajo porque su juzgado todavía no tiene edificio ni está habilitado, como sucede con otros como Tartagal. El año pasado la Corte Suprema sacó una resolución en la que señala que los jueces sin juzgado ocupen subrogancias. En ese contexto, quedó habilitado este pase meteórico. Se vio con Poviña dos veces para la transición. Poviña presentó su renuncia en mayo, pero el Consejo de la Magistratura la confirmó ahora con una resolución que lleva la firma de su titular, Adriana Donato. Allí se señala que de acuerdo a los resultados aprobados por “la Comisión de Selección de Magistrados y Escuela Judicial en su sesión del día 4 de mayo” se “consideró pertinente” que Hansen fuera subrogante del juzgado de San Salvador para así asegurar “una mejor prestación de servicio”. La subrogancia durará, según la misma resolución, hasta “el 30 de noviembre de 2017 o hasta el nombramiento de un titular conforme al orden legal y constitucional”. 

De acuerdo con su currículum, Hansen, de 54 años, se recibió de abogado en la Universidad Nacional de Córdoba el 8 de marzo de 1990. Ese año ingresó a trabajar de secretario en el juzgado de primera instancia de Jujuy por un año. Allí terminan sus antecedentes en el Poder Judicial. Entre 1993 y 2005 alternó cargos ejecutivos en la provincia de Tierra del Fuego. Y pasó por tres estudios jurídicos, entre ellos uno con su apellido. Ama las motos de alta cilindrada, de acuerdo a su perfil público de Facebook. Y cuando el ex gobernador peronista Walter Barrionuevo lo presentó en la Comisión de Acuerdos del Senado, hizo una semblanza de su linaje en Jujuy. “Quiero decirles –afirmó Barrionuevo a sus compañeros senadores– que el doctor Hansen es de una familia muy conocida en la provincia, justamente del Ramal, donde ahora va a ejercer” la magistratura. También dijo que era una buena persona, “quiero destacar se aspecto”. No dijo más. Y nadie habló demasiado. Ni siquiera el ahora juez ocupó más de un minuto cuando le dieron espacio: dijo sólo que era un hombre formado en la calle. 

El Ramal es una de las principales zonas productivas de Jujuy, en la que se encuentran los principales ingenios: Ledesma, La Esperanza y Mendieta. La llegada al juzgado de un hombre de Ledesma que debe investigar los crímenes del Ingenio Ledesma se produce no sólo en el contexto de este nuevo gobierno. Allí mismo desembarcó la esposa del fiscal de Estado Mariano Miranda, designado por Morales para avanzar en las causas contra Milagro Sala. Dentro del juzgado dicen que Florencia Carrillo lleva muchos años de trayectoria judicial, es excelente funcionaria y que está en un lugar donde la provincia no tiene prácticamente causa alguna. Pero no todos creen lo mismo. Quienes impulsan las causas de lesa humanidad y las causas federales entendieron aquel ingreso como una pata puesta por el mismo gobernador dentro del juzgado. Habrá que ver ahora si no son dos.