A la hora de dar su sentencia en el juicio por la muerte de Cristian Gallardo en un procedimiento de detención de la Policía de Salta hubo diferencias entre los jueces Roberto Lezcano, Maximiliano Troyano y la jueza Norma Vera pero por mayoría absolvieron por la duda a los cuatro policías acusados por homicidio culposo, Ricardo José Antonio Llaves, Lucas Maximiliano Ozuna, Ricardo Ezequiel López y a Jorge Antonio Olea.
La Sala IV del Tribunal de Juicio condenó a estos cuatro efectivos sólo por vejaciones calificadas, delito por el que les impusieron 3 años de prisión de ejecución condicional, es decir que no irán presos.
El tribunal también absolvió con voto mayoritario, por la duda, al policía Elio Maximiliano Moya, quien llegó a juicio acusado de falsedad ideológica en concurso ideal con encubrimiento agravado.
Además, el tribunal resolvió la absolución lisa y llana del civil Ángel Lozano, imputado por falso testimonio y encubrimiento en perjuicio de la administración de justicia. “Considero que es muy injusto esto para mí, desde el principio fue una lucha, nunca traté de poner trabas a esto, siempre tuve predisposición y siempre colaboré, nada más”, manifestó Lozano en la última audiencia antes de que los jueces y la jueza pasaran a deliberar.
La sentencia no dejó conformes a la familia del joven fallecido el 26 de agosto de 2019, cuando estaba en custodia de los policías ahora absueltos por su muerte. El abogado querellante, Martín Plaza, sostuvo sostuvo que "la perspectiva judicial sigue siendo la impunidad ante los delitos que se cometen en la fuerza de seguridad" y adelantó que apelará el fallo.
"Vamos a seguir con la lucha"
"(Los jueces) Ni siquiera tuvieron un poquito de empatía de vernos a nosotros sufrir adentro. (Los policías) Han salido absueltos. Ellos lo han dejado morir a mi hijo, lo han dejado tirado cuando podrían haberlo llevado al hospital o a alguna salita. Ellos lo han terminado matando a mi hijo. Han salido como si nada", manifestó Alicia Salas, la madre de Cristian Gallardo, luego de conocer el veredicto.
Tras la muerte de Gallardo, en la provincia se conformó la Comisión de Familiares de Víctimas de Gatillo Fácil, en 2019, año en que hubo otras 4 muertes en operativos policiales. "Vamos a seguir con la lucha, con más fuerza. Vamos a seguir luchando. No existe la justicia ya", lamentó Salas.
La hermana de Cristian, Jennifer Gallardo, consideró que en el juicio, más que juzgar a los policías acusados, juzgaron a su hermano.
Mientras que su tía, Adelina Salas, dijo que el tribunal no fue capaz de dictar una condena justa. La sentencia es "una verguenza, con el video y las fotos (de los golpes que tenía el cuerpo). Son unos asesinos, a Cristian lo agarraron vivo y sano, y nos lo entregaron a la madre y a la familia muerto. ¿Cómo se le llama eso?. Estamos mal porque el dolor de la madre, del padre, de las hermanas y de la familia, que dejaron ellos no se cura más. Han dejado a dos niños pequeñitos sin padre, que preguntan por su papá", sostuvo.
El integrante de la Comisión de Familiares, Jorge Farfán (padre de Jorge "Gury" Farfán Vera, quien murió también luego de ser detenido por la policía en circunstancias no esclarecidas), expresó su impotencia ante la condena. "Esto demuestra cómo se maneja la oligarquía en Salta y que la vida de 'los negros de mierda', de la gente pobre, de nuestros hijos, no tiene ningún valor para estos oligarcas", aseguró.
"No sé qué otras pruebas necesitan si están corroboradas las lesiones. La familia de Cristian Gallardo no pudo tener un perito de parte (...) El Estado protege a los asesinos de nuestros hijos, brindándoles todas las herramientas, como peritos forenses, únicamente se tuvieron en cuenta todas las mentiras que dijeron ellos, el entramado que armaron para dejarlos libres. Están todas las evidencias, qué más necesitan, Cristian está en un nicho", manifestó Farfán.
Gallardo tenía 23 años y era padre de dos niños que hoy tienen 4 y 9 años. Era un joven de un barrio popular de la zona sur de la Capital salteña que en sus últimos 6 meses estuvo trabajando como peón rural en Embarcación.
El joven había regresado a la Capital por unos días para visitar a su familia. Fue detenido en la madrugada del lunes 26 de agosto de 2019 en la barriada Finca Independencia por personal policial del 911 con base en el sector 6 A de la comisaría del barrio Democracia que lo había perseguido por el supuesto robo de un celular y una mochila a Lozano, el civil acusado después por falso testimonio y encubrimiento y que resultó finalmente absuelto en el juicio.
El abogado de Lozano, Pablo Solano, había señalado que su defendido no recuperó el teléfono robado y que aquel 26 de agosto de 2019 hizo la denuncia por pedido de la policía, que incluso lo fue a buscar para que la ampliara después y especificara que estuvo en el móvil que trasladó a Gallardo.
El abogado negó que su cliente encubriera a los policías pero consideró que terminó imputado para que no declarara como testigo en este juicio por la muerte de Gallardo. También dijo que la Fiscalía que intervino dejó asentado en la comisaría que estaba imputado por el delito de “homicidio culposo” por el que no estuvo acusado y que esto le impidió encontrar trabajo, situación que se resolvió recién a fines de 2021 luego de que realizara una intimación.
"Perspectiva judicial de la impunidad"
"Claramente la perspectiva judicial sigue siendo la impunidad en cuanto a los delitos que se cometen en la fuerza de seguridad y eso no solamente perjudica a los familiares sino a toda la sociedad porque no podemos seguir sosteniendo este tipo de delitos en el margen de un estado de derecho, en el marco de la democracia", expresó a Salta/12 el abogado de derechos humanos, Martín Plaza, quien representó junto su colega Josué Díaz Cueto, la querella de la familia de la víctima.
La querella había pedido que se juzgue a los cuatro policías que intervinieron en la detención por "homicidio con dolo eventual", que tiene una pena más alta que la del homicido culposoo por el que los acusó la Fiscalía y del que fueron absueltos.
Plaza señaló que el tribunal "tuvo la oportunidad histórica de revertir, y no solamente generar reparación para los familiares, sino de que efectivamente a través de una condena ejemplar empiecen a dejar de suceder estos hechos" pero no lo hizo.
"El hecho de que hayan absuelto por el beneficio de la duda, por lo menos llama poderosamente la atención porque la causa llega con pruebas contundentes, como ser una autopsia en la que se ha demostrado que Cristian tenía más de 16 lesiones externas y hasta con un video donde se escucha como grita a los alaridos mientras le están propinando vejaciones, torturas, en la camioneta de la policía", señaló el abogado. Aunque la querella espera conocer los fundamentos, anunció que impugnará la sentencia.
También el Comité Provincial para la Prevención de la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanas o Degradantes que participó como veedor en el juicio se expresó en relación al veredicto. La comisionada Cristina Cobos dijo a Salta/12 que esta fue "una sentencia sin sorpresas porque las investigaciones tuvieron algunas falencias, es casi una confirmación de que la justicia no quiere castigar la tortura, ni qué hablar del homicidio perpetrado por las fuerzas policiales. Le llaman vejaciones a las torturas. Así las fuerzas policiales seguirán creyendo que torturar es la forma de imponer el tan mentado 'orden'. Seguirán amparados por los fiscales y los jueces".
Asimismo, el comisionado Rodrigo Solá expresó la solidaridad del Comité con la familia de Cristian Gallardo y sus amistades. Sostuvo que analizarán la sentencia cuando estén los argumentos. "El veredicto nos parece sumamente preocupante desde una perspectiva de prevención de la tortura, creemos que la investigación y la sentencia responden claramente a lo que nosotros ya habíamos anticipado en un comunicado", afirmó. "Ese accionar judicial, creemos que de ninguna manera genera un efecto disuasivo para que este tipo de prácticas se repitan en el futuro".
Las diferencias de criterios del tribunal
El juez Troyano, quien fue ministro de Seguridad de la provincia, votó la absolución por la duda para los cuatro policías, tanto en la acusación por homicidio culposo como por vejaciones calificadas.
En disidencia con Troyano y Lezcano, la jueza Norma Beatriz Vera votó por la condena a 5 años de prisión efectiva para los cuatro acusados de homicidio culposo en concurso real con vejaciones calificadas y la inhabilitación por 8 años para el ejercicio de cargos públicos, disponiendo el inmediato traslado a la Unidad Carcelaria 1, en calidad de detenidos.
La magistrada también consideró que Moya debía resultar condenado a tres años de prisión condicional por falsedad ideológica en concurso real con encubrimiento agravado y la inhabilitación por 6 años.
Al parecer, estas divergencias fueron las que demoraron la sentencia que estaba prevista para las 12 pero fue dictada a partir de las 14.25.
Policías quieren volver a la fuerza
Los imputados decidieron hacer uso del derecho a expresar sus últimas palabras antes de la sentencia. Cuatro manifestaron haber cumplido con sus tareas y que quieren volver a la fuerza policial. El abogado defensor Ariel Vásquez dijo a Salta/12 que la condena por vejaciones les impedirá a sus defendidos Olea, López y Ozuna volver a ejercer como funcionarios policiales, por lo que también anunció que apelará la sentencia.
“Nosotros cumplimos con nuestro deber, nuestro trabajo, en ningún momento quisimos que pase esta situación, queremos seguir trabajando en la fuerza policial”, dijo en primer lugar Llaves. A continuación Olea expresó: “Cumplimos nuestro deber, quisiera seguir trabajando, lamentamos lo que pasó con el muchacho”.
López dijo que únicamente hicieron su trabajo: “no quisimos que pase esto, es más, quiero seguir trabajando en la fuerza, que se haga justicia, nada más”. A su turno, Ozuna sostuvo que no tenía nada para manifestar. Mientras que el oficial Moya, acusado por introducir declaraciones falsas en documento público para favorecer a sus cuatro colegas, también dijo que quiere seguir trabajando en la fuerza policial y cumpliendo su “función”.
"Encima se paran (ante el tribunal) a decir que quieren seguir trabajando (como policías), ¿para qué?; ¿para seguir matando a chicos como a ellos se les dé la gana?", sostuvo sobre esto la tía de Gallardo, Adelina Salas.
