Al cumplirse los primeros 100 días de gobierno, el secretario de Estado en el Despacho de la Presidencia de Xiomara Castro, Rodolfo Pastor de María y Campos habló con la Agencia Regional de Noticias (ARN) para explicar las medidas que está impulsando el gobierno de Castro en medio de la crisis que tiene el país. Las “arcas públicas han sido saqueadas, no tenemos liquidez y por otra parte estamos altamente endeudados”, dijo.
El gobierno de Honduras, según Pastor, no está en “condiciones” para avanzar en este período en temas como reforma constitucional y despenalización de drogas, aunque son discusiones que podrán reaparecer más adelante, ya que prevén un “proyecto de reconstrucción” nacional que tomará “varias generaciones”.
El funcionario del gobierno considera que una posible “reformulación” de la relación con Estados Unidos y el vínculo “estratégico” con México son factores importantes para enfrentar la crisis migratoria y se mostró entusiasmado con la nueva oleada de gobiernos progresistas latinoamericanos. “Nosotros queremos ser parte de eso también”, señaló.
Pastor de María y Campos es un politólogo, diplomático y político hondureño y mexicano. Fue Ministro de Asuntos Políticos y Encargado de Negocios en la Embajada de Honduras en Washington
La crisis que dejó Juan Orlando Hernández
-Cuando asumió Xiomara Castro planteó unas 18 medidas para tomar en el país, ¿en qué está eso en estos primeros 100 días?
-La propuesta de la presidenta Xiomara es de transformaciones profundas y de refundación de Honduras. Partimos de la idea que Honduras como país, como república, está rota. Y es una ruptura que se origina en el golpe de Estado de 2009 (cuando se derrocó a Manuel Zelaya, esposo de Xiomara Castro). Eso provocó una crisis que se va profundizando, con instituciones desmembradas y luego se concentra el poder alrededor de la figura presidencial de Juan Orlando Hernández. Ahí se instala una dictadura en 2013. En esos años, Hernández manipuló la institucionalidad y la estructura del Estado para concentrar poder, consolidar la dictadura y para que todas las instituciones del Estado le obedecieran.
Eso llevó al país a estar sumergido en una crisis sin precedentes que ahora estando a cargo del gobierno, comprendemos con mayor precisión de qué se trata. Lo veníamos denunciando cuando éramos oposición, pero ahora lo comprendemos a mayor profundidad porque nos toca administrar. Logramos ver el nivel de saqueo que se había dado. En ese sentido, los primeros días nos hemos dedicado a apagar fuegos, a hacer un diagnóstico de la situación que recibimos. Es abrumadora la crisis. Por un lado, tenemos un país cuyas arcas públicas han sido saqueadas, no tenemos liquidez y por otra parte estamos altamente endeudados. Tenemos una deuda que representa más del 60% de nuestro PIB, de alrededor de 20 mil millones de dólares, y hemos tomado la decisión de responder a esa deuda y de ir haciendo los pagos correspondientes para tratar de estabilizar la situación.
Eso significa que prácticamente el 50% del presupuesto que estaba proyectado para este primer año se va automáticamente al pago de esa deuda y nos deja con la reducida capacidad, sino que nula capacidad, de inversión pública. Previo al golpe teníamos una deuda que no rebasaba los 3 mil millones de dólares y ahora tenemos 20 mil millones de dólares. Tenemos colapsada la salud pública, no solo por la pandemia, sino por falta de inversión durante muchos años y por el saqueo. Esto coincide con un contexto internacional complejo, el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania que ha resultado el incremento de los combustibles. Es una situación crítica. Y las primeras decisiones de la presidenta Castro se enfocaron en atender las emergencias. Se tomó la decisión, a un costo considerable para el gobierno, de subsidiar las energías eléctricas y los combustibles, para mitigar el impacto que podía ser sobre la población.
Por otra parte, se ha comenzado a desarticular la estructura de esa dictadura. Hemos ido trabajando de la mano de un congreso con el que podemos colaborar de cerca, se fueron derogando leyes que le garantizaba a la estructura previa un grado de impunidad.
Además, fuimos testigos de la extradición del expresidente Hernández que es un paso importante y simbólico. Juan Orlando le rinde cuentas a una justicia ajena pero no por los crímenes que cometió contra Honduras y su población. En Honduras todavía está instalado en los operadores de justicia gran parte de la estructura que Juan Orlando construyó, y lo siguen protegiendo aquellos que le permitieron operar con total impunidad.
A partir de ahora hay que comenzar un proyecto de reconstrucción que tomará más que esta administración, tomará varias generaciones.
La relación con los empresarios
-El gobierno impulsó la derogación de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico, ¿cómo ha sido la reacción del empresariado? ¿Cómo explica en general la relación en estos primeros 100 días con el sector empresarial?
-La relación tanto con el sector empresarial como con otros poderes fácticos ha sido en principio un reconocimiento de parte de ellos de que hemos llegado por la vía democrática con un mandato muy importante de la población. La presidenta Xiomara Castro goza de una legitimidad y apoyo popular que la fortalece. Es un reconocimiento de que lo que venía sucediendo no era ni sostenible ni aceptable. Ellos mismos terminaron aceptando que los abusos, la dictadura, la corrupción, los vínculos con el crimen organizado, le había hecho tanto daño a la economía hondureña que les estaba afectando también sus propias ganancias. Eso pasó también con los norteamericanos. Desde el golpe se dedicaron a lavarle la cara al golpe y luego apostaron a una normalización del gobierno. Apoyaron a Juan Orlando Hernández en sus dos mandatos. Estados Unidos lo tenía como un aliado fundamental, como alguien que les daba garantías y seguridad en el país, pero también se dieron cuenta, aunque tomó demasiado tiempo, que se había convertido en un socio incómodo, que no solamente afectaba sus intereses sino que provocaba en Honduras un problema tan profundo que se había convertido en un emisor de emigrantes, miles de hondureños que buscaban migrar a Estados Unidos. Ahora esos empresarios y los norteamericanos se han acercado a nosotros con la intención de establecer una buena relación. La contradicción está ahí, y a pesar de que estamos en un momento en que se busca un entendimiento, entendemos que en la medida que comencemos a implementar las transformaciones profundas que buscamos, también entraremos en confrontación con algunos de estos intereses.
-Habló de medidas para desmontar la dictadura que dejó el expresidente Hernández, ¿qué pasa con la Corte Suprema de Justicia que es cuestionada? ¿En qué otras cosas están pensando para desmontar esa dictadura?
-Hemos declarado una lucha contra la corrupción y por la transparencia. Hemos solicitado a las Naciones Unidas que nos acompañen en la conformación de una Comisión de Lucha Contra la Corrupción y la Impunidad, tratando de aprender de otras experiencias de la región y de aquí mismo. Queremos que sean contrapeso a los operadores de justicia que sabemos que no contamos y que pueden hacer un juego en nuestra contra. Las nuevas autoridades de la Corte Suprema como de las fiscalías serán electas en 2023 y esto depende la conformación del congreso nacional. Ustedes vieron que antes de que asumiera doña Xiomara, se dio en la conformación del congreso una última jugada de Juan Orlando Hernández queriendo comprar a un sector de la bancada del partido Libre para que viniera a la oposición y se conformara un bloque oficialista y tuviera suficiente control para influir en el control de esta elección de magistrados. Eso, afortunadamente, lo logramos revertir, no sin costos, pero hemos ido tratando de estabilizar las cosas y en este momento tenemos una buena colaboración con el congreso nacional. Las cosas no van a ser fáciles, se creó la Secretaría de la Transparencia y Lucha Contra la Corrupción también para fortalecer esta intención y esperamos que en este sentido nos acompañe las Naciones Unidas para tratar de tener ese contrapeso contra ese sector muy poderoso.
-Los gobiernos progresistas que plantean cambios refundacionales muchas veces apelan al camino de la reforma constitucional. ¿Lo tienen descartado?
-El golpe de Estado provocó la organización y movilización de un frente nacional de resistencia popular, y de ahí surge el partido Libertad y Refundación (Libre). Lo que buscamos es una asamblea nacional constituyente que pueda revisar de manera integral el pacto social vigente que no obedece a la realidad actual en Honduras. Hay que llegar a nuevos consensos en el que todos estemos representados. Sin embargo, en este momento nosotros nos consideramos como un gobierno de transición, que debe tener un entendimiento estratégico respecto a qué tanto podemos hacer en lo inmediato. Venimos también de un golpe de Estado y eso nos enseñó que hay límites a lo que es posible hacer en un momento determinado y reconocemos que en este momento no hay condiciones para que se lleve a cabo una asamblea nacional constituyente. No tenemos entre los hondureños los suficientes consensos, la estabilidad y fortaleza institucional que requería dar un paso de esa naturaleza. Estamos buscando primero generar las condiciones de estabilidad y los consensos básicos que nos permitan dar los próximos pasos.
Reformular la política de seguridad
-¿Cómo funcionó el indulto para descomprimir las cárceles?
- Apostamos a desmilitarizar el sistema penitenciario, que en nuestro país fue militarizado de manera absoluta en la última década. El sistema penitenciario de Honduras tiene problemas históricos pero en estos últimos años se privatizó; las instalaciones físicas se construían y se operaban por medio de empresas privadas, con el Estado jugando un papel marginal. Y le permitían al crimen organizado operar desde estas cárceles de alta seguridad. En estas condiciones, no tenemos capacidad para garantizar los derechos humanos a la población privada de la libertad. En ese proceso estamos. No podemos transformarlo de la noche a la mañana y sacar a los militares de ahí pero la intención es que el Ejército y la Policía cumplan con sus propias responsabilidades. Es una transformación del modelo y de la concepción de lo que debe ser un sistema penitenciario que tenga como objetivo fundamental la rehabilitación y eventual reinserción de estas personas a la sociedad. Tenemos que reconocer que en el origen de estos privados de libertad hay una situación de abandono del Estado, una ausencia de garantías y servicios públicos para que estos jóvenes tengan oportunidades de educación.
- En El Salvador hay una polémica acerca de cuánto negociar con las organizaciones criminales y se supo hace poco que Nayib Bukele había negociado con las pandillas. ¿Cómo se para el gobierno de Honduras en esa discusión?
- Nosotros no coincidimos con el modelo del presidente Bukele en ese sentido. Buscamos enfrentar el tema de la seguridad y las violencias múltiples, que son estructurales, desde una perspectiva de derechos humanos y desarrollo. Queremos generar condiciones para que el Estado tenga la capacidad de brindar oportunidades y servicios, como herramienta para prevenir el crimen. En El Salvador, al igual que en otros países centroamericanos como Honduras, hay un problema muy serio de seguridad, con distintas dimensiones de crímenes, tanto lo que implica el tráfico de drogas y armas, que obedecen a dinámicas más globales de oferta y demanda, y también por ser país de tránsito. La ausencia del Estado durante décadas ha permitido que otras organizaciones llenen estos espacios. En Honduras, como en otros países de la región, hay importantes territorios en los que el Estado está prácticamente ausente y esa falta de presencia, control y servicios estatales deja un vacío. Con los grados de desigualdad y pobreza que tienen nuestros países, la violencia es algo estructural, o sea que cualquier tipo de solución tiene que pasar por disminuir los niveles de miseria y las desigualdades. A eso verdaderamente apuesta la presidenta Xiomara Castro. Por ejemplo, el presupuesto se reformuló para atender los temas sociales: salud, educación, vivienda y generación de empleo. Uno de los pilares del gobierno es la red solidaria, que busca erradicar la pobreza extrema y ahí estamos destinando la mayor parte de los recursos. Es una estrategia que lleva tiempo, son semillas que empezamos a sembrar ahora para cosechar después y en términos inmediatos enfrentamos problemas muy grandes de seguridad que vamos a tener que atender desde una perspectiva más convencional, fortaleciendo estrategias de inteligencia policial y combatiendo la impunidad con la que se venía actuando.
Venimos de 10 años en los que el Estado era un socio fundamental del crimen organizado, desde la propia Casa Presidencial se controlaban estos negocios, con el apoyo de las Fuerzas Armadas, la Policía, las cortes y los bancos. Todo un sistema que le permitía al crimen organizado funcionar de manera fluida mientras se hacía un espectáculo con la construcción de prisiones de alta seguridad y teníamos una policía altamente represiva, militarizada, que obedecía directamente al presidente. El presidente le daba órdenes a las cortes, las Fiscalías, desde el Consejo Nacional de Seguridad. Era un modelo perverso, que no solamente no combatía el crimen, sino que formaba parte de la estructura criminal. ¿Cómo hacerle frente a eso? Es todo un reto.
- Salvador Nasralla, socio presidencial y designado presidencial, habló de legalizar el cultivo de cannabis, pero el expresidente Zelaya dijo que no estaba de acuerdo. ¿Cuál es la posición del gobierno?
-En América Latina se ha explorado esta potencial industria, que puede generar empleos e ingresos que son necesarios. Es posible que Honduras tenga características que le permitirían, en algunos sectores del país, producirla con alguna ventaja competitiva. Pero siendo sincero, creo que para el gobierno no es un tema a tratar en este momento. Acabamos de extraditar a Juan Orlando Hernández, estamos tratando de desarticular una operación del Estado diseñada para el tráfico de drogas y armas, entonces no tenemos las condiciones ni la solidez institucional que nos permitiría desarrollar este tipo de industrias de manera responsable, porque el Estado obviamente tendría que jugar un papel de regulación. No estoy en contra de una idea como esa, pero hay que tener conciencia del contexto y la coyuntura en la que estamos. No creo que sea factible en este momento. Sabemos que hay experiencias interesantes en Uruguay, Colombia, México lo está considerando, Estados Unidos, Canadá. Es un tema para ponerle ojo en el futuro, pero en este momento no viene al caso.
Las relaciones con Estados Unidos
-Habló de una posible reformulación de la relación con Estados Unidos. ¿Eso serviría para enfrentar la crisis migratoria?
- La migración es el problema fundamental que lleva a Estados Unidos, primero a dejar de considerar a Juan Orlando Hernández como socio y luego a intentar establecer, por varias vías, una nueva relación con nosotros, ya como actores legítimos y democráticos en el poder. Para ellos representa un problema de diferentes tipos. Es de carácter humanitario por lo que sucede en la frontera y también es un problema político para ellos. Para Joe Biden o Kamala Harris el problema de los migrantes representa un problema político que sus adversarios pueden utilizar en su contra. Ahí tienen un interés claro, que quedó claro desde el momento que Kamala vino a la toma de posesión de Xiomara Castro. Cambia dramáticamente el discurso hacia nosotros, que fuimos perseguidos por una dictadura que ellos apoyaron de muchas maneras. Ahora somos socios, diría que particularmente imprescindibles para ellos, en una región en la que otros interlocutores han perdido legitimidad y con los que están confrontados. La situación en Nicaragua, El Salvador y Guatemala lleva a que Honduras se convierta en un interlocutor interesante en la región. En ese sentido creo que tenemos coincidencias, porque nosotros también estamos interesados en generar condiciones para que nuestra población no se vea obligada a emigrar. Honduras se convirtió en un país exportador de migrantes, las remesas son la principal fuente de divisas para Honduras, representan casi 26% del PIB. Es lo que mantiene a flote la economía, a nuestro sistema financiero y comercio. Imaginen la ironía: quienes han sido excluidos, al punto que tuvieron que abandonar el país, ahora mantienen a quienes los excluyeron. Dentro de todas las transformaciones que nos planteamos, también queremos cambiar eso y permitirle a los hondureños quedarse en el país. Además, representan una fuga de cerebros importante, porque estamos hablando de mucha gente que podría quedarse y ayudarnos con sus talentos y capacidades. Mucha de esta gente es joven, entonces también estamos perdiendo futuro. No es sostenible seguir exportando hondureñas y hondureños, y queremos que eso cambie lo antes posible. Tanto ante México como ante Estados Unidos hemos dejado claro que para Honduras es fundamental que se respeten los derechos de nuestros migrantes. Son personas vulnerables, sometidas a un proceso migratorio complejo y ya luego a contratos laborales abusivos. Eso lo tenemos que cambiar y esperamos ser parte de una solución.
- ¿Qué más dejó la señal estadounidense de enviar a Kamala Harris a la asunción presidencial?
- Centroamérica es particularmente estratégica para Estados Unidos y dentro de Centroamérica, en particular Honduras. Acabamos de estar en una primera sesión del diálogo estratégico binacional, junto al canciller, el secretario de Desarrollo Económico y la secretaria de Derechos Humanos. Tenemos un diálogo fluido. A pesar de las diferencias importantes que tenemos con Estados Unidos y sabiendo que actúan en función de sus propios intereses, también tenemos claro que Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y es la superpotencia que tiene la hegemonía en la región a la que pertenecemos. Estados Unidos no se va ir ni va a dejar de ser una superpotencia en los próximos 100 años y tenemos que trabajar con esa realidad. Lo que sí queremos y vamos a exigir es una relación de respeto a nuestra soberanía y al derecho a la autodeterminación como pueblo independiente. En la medida que podamos marcar esa diferencia, nosotros vamos a tener la apertura hacia un diálogo y una relación que debe ser fluida.
- ¿Esas coincidencias con Estados Unidos generan algún riesgo en la base social y electoral de Libre? ¿Se entiende naturalmente o es necesario explicar el vínculo?
- Creo que la fuente fundamental de la legitimidad y la autoridad de Xiomara Castro y del gobierno es popular. Son sectores populares que nos dieron el voto y un mandato. Son quienes también nos dan la fuerza para hacerle frente a estos intereses poderosos que he señalado a lo largo de la entrevista. Si dejamos de entenderlo, vamos a perder esa fuerza. Entonces el diálogo debe ser muy cercano con los movimientos populares que nos acompañaron en los años de resistencia, que marcharon en las calles contra la dictadura y nos debemos a esos sectores. Tenemos que cumplirle a esa población que nos llevó al poder. Claro, estando en el gobierno tienes que hacer un acto permanente de equilibrio, entre distintos intereses y fuerzas. Y lograr consensos, porque sino esto se desbarata. Tenemos que administrar eso. Pero Xiomara ha dejado claro que la cercanía con los sectores populares va a ser total. Es de donde venimos y para quienes estamos aquí. No aceptamos el actual statu quo y lo queremos cambiar, porque no es justo ni sostenible.
Los sectores que han concentrado la riqueza tradicionalmente han sido demasiado mezquinos como para entender que su propia seguridad y prosperidad dependen del bienestar general. Creo que eso es lo más importante que tenemos que dejar claro. Para que le vaya bien al empresario le tiene que también ir bien al campesino, también al trabajador, a la mujer. Somos el país de la región con más violencia contra las mujeres. Esas son cosas que no vamos a tolerar, y que vamos a resolver. Estamos trabajando, con instrucción de la presidenta, en una iniciativa de ley para frenar la violencia contra la mujer. Esto implica una transformación profunda, dentro de una sociedad conservadora en la que ni siquiera tenemos acceso a los métodos anticonceptivos y es ilegal el aborto. En Honduras hay mucho por hacer y transformar.
El lugar dentro de la izquierda latinoamericana
-¿Cómo visualiza que será la relación con Nicaragua, Cuba y Venezuela?
- Ideológicamente somos un gobierno que se identifica con la izquierda. Nuestras redes diplomáticas en los años de la resistencia han sido cercanas a los gobiernos de izquierda en la región. Obviamente que hay izquierdas e izquierdas. Hay países en los que preocupa un deterioro demasiado marcado de las condiciones mínimas de democracia y de derechos humanos pueda provocar un problema mayor. Pero con Venezuela, por ejemplo, una de las primeras acciones que hicimos a nivel diplomático fue restablecer relaciones. Con Cuba tenemos una muy buena relación y con Nicaragua tenemos una relación un poquito más distante. Pero en general vamos a buscar tener buenas relaciones con otros gobiernos de izquierda. Tenemos este viernes (6 de mayo) la visita del presidente de México, Andrés Manuel Lopez Obrador (AMLO), con quien tenemos un diálogo muy fluido. El presidente AMLO tiene acá en Honduras dos programas de cooperación para el desarrollo que nos representan una ayuda. También queremos trabajar con México el tema de la migración hacia Estados Unidos. Creo que en América Latina hay una especie de renacer de la izquierda, en su diversidad. Ahí viene Lula en Brasil, en Bolivia tenemos de regreso a la izquierda, en Chile hay un proceso interesante, también en Argentina. Nosotros queremos ser parte de eso también.
-¿La relación con AMLO puede servir para negociar con más fuerza ante Estados Unidos?
México es un país lo suficientemente importante en términos políticos, económicos y comerciales en la región para que sea un interlocutor relevante. Nosotros queremos buscar con México las relaciones más cercanas y entendemos a México como un país que tiene la capacidad y el potencial de ayudar significativamente a Centroamérica, que además sufre las consecuencias de los problemas en Centroamérica y que está interesado también en crear condiciones para evitar ese éxodo de migrantes. Obviamente que también hay una presión de Estados Unidos hacia México. Creo que en este momento México, Estados Unidos y Honduras coincidimos en que hay que ir a la raíz de los problemas. No se trata de militarizar las fronteras, eso solo nos lleva a los abusos sistemáticos de los derechos humanos. La criminalización y la perspectiva punitiva no pueden dominar el trabajo de los gobiernos para regular la migración. Hay que generar condiciones en los países de origen y ayudar a los países de tránsito para que puedan garantizar derechos.
- ¿Cómo funcionó la decisión de poner una moratoria a la minería a cielo abierto?
- El tema ambiental es fundamental para nosotros y estamos totalmente en contra de la minería a cielo abierto y de todo tipo de extracción irresponsable. Estamos en contra de las concesiones que se dieron durante el régimen anterior; son operaciones criminales que no tienen ningún tipo de licencia para seguir con las actividades. En ese sentido, el ministro de Recursos Naturales ha estado intensamente ocupado en recorrer el territorio nacional para identificar las operaciones ilegales y determinar cuáles van a ser las acciones a tomar. La minería a cielo abierto no ha sido mínimamente responsable con los derechos de las comunidades afectadas. Ha sido un modelo extractivo y abusivo, que dejó como resultado comunidades desplazadas, derechos violentados y un medio ambiente deteriorado y contaminado. Somos ricos en recursos naturales, tenemos bosques, minerales, y tenemos el derecho de explotarlos, pero también tenemos la responsabilidad de hacerlo de una manera sostenible y respetuosa, con las comunidades y el ambiente. Esa es una agenda importante para este gobierno.
-¿Alguno de estos conflictos podría judicializarse?
-Las operaciones mineras más importantes del país están vinculadas con empresarios cercanos a Juan Orlando Hernández. En gran medida, son corporaciones que van a tener que rendir cuentas ante la justicia por sus abusos a los derechos humanos y por muchos tipos de crímenes cometidos. Repito: necesitamos la inversión, necesitamos generar empleos y aprovechar los recursos que tenemos, pero tiene que darse de manera respetuosa con la población y el ambiente. Y vamos a ser totalmente contundentes contra quienes pretendan continuar de manera abusiva y por fuera de la ley con la extracción de recursos.
