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Despedir a un millón de empleados públicos, eliminar la obra pública, interrumpir las transferencias discrecionales de recursos de la Nación a las provincias y suprimir todos los subsidios forma parte del recetario del histórico discurso conservador. El Estado es apuntado de esta forma como el responsable de las penurias económicas.
Estas posiciones reaccionarias hoy tienen de voceros principales a autodenominados libertarios, que en otra época se los mencionaba como liberales retrógrados.
El principal exponente de estas propuestas es Javier Milei y luego le sigue José Luis Espert, ambos mimados por el inmenso dispositivo de medios de comunicación de derecha.
Son dos personajes que eran marginales en el debate político y económico pero la permanente presencia mediática en los últimos años, con rasgos payasescos y declaraciones violentas que suben el rating de programas de televisión, lograron instalar en el ámbito público una agenda que en otros momentos era marginal y, fundamentalmente, políticamente incorrecta.
Los exabruptos naturalizados de Milei y Espert son funcionales además al poder económico, puesto que esos mensajes hoy dominantes permiten correr todavía más a la derecha el debate económico, social y político.
El insulto como estrategia política
El discurso económico de los libertarios es la versión renovada del eslogan de la dictadura "Achicar el Estado es agrandar la Nación".
Cada una de las tres traumáticas experiencias neoliberales de los últimos 45 años (dictadura, menemismo y macrismo-radicalismo) promovieron ese camino y el saldo fue otro: no hubo reducción del Estado y, en cambio, sí hubo desarticulación del entramado productivo y social, a lo que se sumó negocios con el Estado para empresas amigas o financistas de esos proyectos políticos.
La cuestión básica para entender porqué no pudieron achicar el Estado es que esa consigna no se puede implementar por más insultos y desbordes discursivos de políticos de ultraderecha con aspiraciones presidenciales.
Datos duros de la estructura del gasto público desmantelan esas groserías, que sólo ganan adeptos por la fragilidad emocional de gran parte de la población debido al prolongado deterioro de la calidad de vida.
Existe otro factor que no debe minimizarse: el factor emocional corre con ventajas en esta época de redes sociales tóxicas y de lenguaje del odio frente a la rigurosidad de la racionalidad de la evidencia empírica.
Esto no implica que no haya que hacer el esfuerzo para desarticular la renovada versión de una derecha violenta, que además es promovida por medios de comunicación conservadores.
Datos duros no matan relato libertario pero lo dejan desnudo
La Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), cuyo director general es Marcos Makón y no responde al oficialismo ni a la oposición política, publicó "Estudios de rigideces presupuestarias de la Administración Nacional. 2010-2021". Es un informe que derriba una a una las consignas livianas de los libertarios cuando se refieren al gasto público.
El objetivo del informe es identificar y cuantificar la capacidad que tiene el Poder Ejecutivo Nacional en un año para reasignar recursos o reducir gastos.
Analiza la rigidez del gasto según su naturaleza, y por el otro, la afectación de los recursos a un determinado gasto según su fuente de financiamiento.
Al relacionar ambos conceptos es posible identificar aquellos gastos menos rígidos que son financiados con recursos de libre disponibilidad, o bien determinar la cantidad de recursos que le quedan al Estado luego de descontar los gastos rígidos y los recursos con afectación alta, lo que se conoce como "espacio fiscal".
Muy escaso margen para bajar el gasto público
Milei dice: "Yo propongo eliminar de cuajo la obra pública, por ejemplo, o las transferencias discrecionales tanto de la Nación a las provincias como de las provincias a los municipios".
No se trata de voluntad política o que los políticos no quieren reducir el gasto "porque se lo roban todo", como engaña a la población con ese tipo de declaraciones con la complicidad de interlocutores expertos en hablar sin saber.
Durante el extenso período analizado (2010-2021) la OPC revela que los gastos rígidos, mayoritariamente compuestos por las jubilaciones y pensiones, remuneraciones al personal, intereses de la deuda, asignaciones familiares, entre otros, implican alrededor de dos tercios de los gastos totales (66,9 por ciento), con máximos de 80,0 alcanzados en 2019 y mínimos de 57,9 por ciento en 2014.
Estas cifras muestran que es muy finito el margen para reducir el gasto público sin provocar un descalabro socioeconómico de proporciones.
Alrededor de otro 20 por ciento del gasto es de rigidez media (subsidios a la energía y transporte, programas sociales, servicios no personales, entre otros). Aquí también es escaso el espacio para bajarlo, aunque puede exigirse una mayor eficiencia, pero esta cuestión no forma parte del debate de los fundamentalistas anti-Estado.
Existe una pequeña porción del gasto que constituyen las erogaciones flexibles (13,2 por ciento del total) que se integra con gastos de capital, transferencias a provincias, bienes de consumo, entre otros. En esta categoría se encuentran los recursos para la inversión pública en infraestructura, capítulo preferido de los neoliberales para recortar y así hundir las perspectivas de desarrollo.
No sólo no baja el gasto rígido sino que crece
El informe de la OPC indica que el componente del gasto con rigidez alta no sólo representa la mayor proporción del gasto total, sino que también ha sido el que ha tenido mayor dinamismo en el período analizado. Explica el 84,0 por ciento del crecimiento registrado en el gasto total de la Administración Nacional entre 2010 y 2020, período en que su ponderación pasó de 19,8 a 25,5 por ciento del Producto Interno Bruto.
El año pasado, con la influencia de la pandemia en el presupuesto nacional, los gastos con rigidez alta igual fueron elevados, al representar el 63,6 del gasto total, mientras que los clasificados como de rigidez media (aquí se incluye el gasto Covid) fueron el 24,8 por ciento y sólo el 11,5 por ciento restante, aquellos gastos más factibles de reasignar.
El documento también cruza los gastos sin rigidez con fuentes de financiamiento sin afectación sobre los que el Gobierno tiene mayor margen de acción. Este indicador redujo su participación en el total de 16,6 por ciento en 2010 a 9,8 por ciento en 2021.
La conclusión del informe es contundente: "Actualmente el espacio fiscal por el lado de las erogaciones y afectación de recursos del presupuesto de la Administración Nacional es muy reducido".
Inflexibilidad de partidas presupuestarias
La promesa libertaria de reducir el gasto es una consigna política para convocar a sectores de la población desorientados o agobiados por la situación socioeconómica.
La realidad es que, según explica el informe de la OPC, los gobiernos cuentan con escaso margen para decidir las asignaciones presupuestarias anuales. Esto se debe a que "una elevada proporción de los gastos públicos está determinada con antelación por instrumentos legales, contratos, demandas de la ciudadanía, compromisos políticos o procedimientos de las administraciones públicas".
Al conjunto de partidas presupuestarias que no pueden reasignarse en el corto plazo por las autoridades presupuestarias sin altos costos (judiciales, económicos o políticos) se las denomina "rigidez presupuestaria".
Estas inflexibilidades son las siguientes:
* Rigideces que surgen de políticas o programas vinculados al "principio del beneficio", es decir, que son diseñados para beneficiar a aquellos que las financian (por ejemplo, políticas de seguridad social o salud).
* Derechos y garantías establecidos en distintas regulaciones, lo que dan origen a asignaciones específicas de recursos con el objeto de proteger ciertos gastos (por caso, la afectación del impuesto a los combustibles al gasto en vialidad).
* Transferencias intergubernamentales, lo cual se vincula al grado de descentralización de la política fiscal.
* Rigideces vinculadas a marcos legales (leyes, contratos), como los pagos de intereses de la deuda pública, la indexación de salarios y jubilaciones, reglas fiscales y fondos de estabilización.
Las jubilaciones y pensiones, la mitad del gasto total
Las prestaciones sociales son el principal componente del grupo de gastos con alta rigidez.
En este rubro, los gastos en jubilaciones y pensiones constituyen los de mayor participación relativa, con un promedio de 49,3 por ciento del gasto con rigidez alta de 2010 a 2021.
Incluye aquellas jubilaciones y pensiones del régimen general, de los regímenes especiales, y el pago a retirados y pensionados de las fuerzas armadas y de seguridad.
El gasto en las jubilaciones y pensiones del régimen general constituye el componente más relevante dentro de este capítulo porque se actualiza automáticamente mediante la movilidad jubilatoria, y el resto de los regímenes lo hace en base a los incrementos en las remuneraciones del personal en actividad.
En 2021 más de la mitad de los gastos con rigidez alta correspondió al pago de jubilaciones y pensiones, lo que implicó 3,3 puntos porcentuales por encima del promedio del período 2010 a 2021.
Los empleados públicos, el blanco preferido
Espert promueve el despido de 1 millón de trabajadores del Estado, consigna que ignora que gran parte de ellos son docentes, personal de las fuerzas armadas y de seguridad, prestadores de servicios de salud y de otras funciones importantes para la atención de la población.
Sin evaluar que una medida de ese tipo provocaría un cimbronazo en el clima social y en la economía por el aumento del desempleo y caída del consumo, lo concreto es que sería impracticable.
El documento de la OPC ilustra que se consideran gastos no discrecionales a los gastos en personal, al pago de las jubilaciones y pensiones y al servicio de la deuda.
En cuanto a los gastos en personal y las transferencias vinculadas a salarios (por caso, a universidades), si bien pueden modificarse por disminuciones en la planta de personal y/o en las remuneraciones en términos reales, existen normas jurídicas que limitan el accionar estatal.
En este sentido, entre otras normas se destaca la estabilidad propia del empleado público garantizada por el artículo 14 bis de la Constitución Nacional.
Una forma legal de disminuir la cantidad de empleados públicos es mediante la implementación de programas de retiros voluntarios, pero en el corto plazo no se reduce el gasto en remuneraciones porque estos programas suelen incluir el pago de indemnizaciones o de sumas no remunerativas por plazos mayores a un ejercicio fiscal.
Si bien los procesos inflacionarios pueden disminuir la carga salarial en términos reales, no es fácil reducir la carga nominal del gasto, puesto que los agentes estatales están protegidos por la estabilidad en el empleo y sus remuneraciones nominales están protegidas por la intangibilidad. Lo mismo ocurre con las jubilaciones y pensiones.
El informe menciona que, en cambio, los gastos destinados a la inversión pública son de naturaleza discrecional, dado que pueden ser postergados, aunque de hacerlo puede dificultar la continuidad de proyectos en ejecución, promover el aumento de costos a futuro o generar reclamos judiciales contra el Estado por el incumplimiento de contratos firmados.
El mito del gasto público elevado
Como se observa, el informe de la OPC permite determinar el escaso margen para reducir el gasto público, y sólo se lograría provocando un descalabro de proporciones o negando derechos a grupos sociales vulnerables.
Una muestra en este sentido, el jueves pasado, fue el voto negativo de los cuatro representantes libertarios en Diputados al proyecto de ley que busca dar una respuesta integral a personas con VIH, hepatitis virales, tuberculosis e infecciones de transmisión sexual. Lo rechazaron José Luis Espert, Carolina Píparo, Javier Milei, Victoria Villarruel, además de otros cuatro legisladores de la alianza macrista-radical Juntos por el Cambio.
El argumento principal para votar en contra fue que la iniciativa elevaba el gasto público. No importa en cuánto aumentaría, cualquier situación les sirve para alimentar una de las grandes mentiras de los liberales y sus descendientes libertarios: la Argentina tiene un gasto público excesivo.
En datosmacro.com se identifica que, en el ranking de gasto público/PIB, Argentina anotó 38,09 por ciento en 2021, por debajo de casi todos los países europeos y también por debajo de Brasil, que registró 42,87 por ciento.
La prédica contra el gasto público continuará porque, como se sabe, las evidencias de los números no tienen que alterar el relato de confusión deliberada de liberales y libertarios.
