El juez federal Domingo Batule, del Tribunal Oral Federal N° 2, hizo lugar a un acuerdo de juicio abreviado presentado por el fiscal general Eduardo Villalba, de la Unidad Fiscal Salta, al cual adhirió el defensor general de víctimas Nicolás Escandar.
Se acordó que la pareja acusada, integrada por Pedro Darío Javier Peñaranda y Natali Vanesa Rueda, reciba una pena de 6 de prisión, por el delito de trata de personas con fines de explotación sexual, agravado por haber sido cometido mediante engaño y por haberse consumado.
En el caso de Rueda, la condena se cumplirá con la modalidad de prisión domiciliaria, mientras que Peñaranda permanecerá alojado en una unidad carcelaria. En la audiencia, la pareja reconoció su responsabilidad en la explotación sexual de la joven a la que habían contratado como niñera y consintieron la pena acordada.
Además, en el marco del mandato internacional de reparación integral previsto para este delito, la Unidad Fiscal informó que la joven víctima recibirá una "importante" suma de dinero.
Este caso se formalizó en octubre del año pasado, tras la detención de Peñaranda y Rueda. Después de seis meses de investigación, el caso, considerado emblemático por la crueldad ejercida sobre la joven, que provenía de la ciudad de Orán, también por su historia de vida y las circunstancias en las que fue rescatada, se resolvió a través de la aplicación de una de las medidas alternativas contempladas por el Código Procesal Penal Federal.
En este sentido, el fiscal resaltó la predisposición de la defensa por arribar a un acuerdo de juicio abreviado, mediante el cual se evitó que la joven víctima reviva episodios dolorosos y, a la vez, se obtuvo una reparación económica que le permitirá avanzar en su proceso de recuperación y reinserción laboral.
En la audiencia, entre llantos, el hombre y la mujer acusados pidieron disculpas y se manifestaron arrepentidos. “Reconozco mi responsabilidad del hecho, me duele mucho todo esto porque tampoco voy a poder estar con mis hijos, pero estoy dispuesto a cumplir la condena”, dijo Peñaranda.
La cosificación de las personas
Dado que en el sistema acusatorio el juez llega al debate sin conocer nada del hecho, en la audiencia el fiscal explicó que todo se inició el 29 de junio de 2021 a partir de la denuncia de un cliente, quien se percató del estado de vulnerabilidad de la joven, de quien también advirtió que padecía cierto retraso madurativo.
Este hombre inició una relación con la joven y la ayudó a salir de la situación en la que se encontraba, aunque luego comenzaron a ser hostigados por la pareja ahora condenada. Por esta situación, denunciaron los hechos en el Polo Integral de la Mujer y esto activó la intervención de la Unidad Fiscal Salta y la posterior detención de Rueda y Peñaranda.
Villalba sostuvo que la joven fue captada cuando se hallaba bajo un grave estado de vulnerabilidad como consecuencia de una situación de abandono familiar, y aseguró que los acusados se valieron de esta circunstancia para contratarla como niñera, ofreciéndole una salida laboral que supuestamente le iba a permitir mejorar su vida.
Con estas expectativas, la joven viajó desde su ciudad de origen, Orán, a Salta capital, donde comenzó a trabajar de niñera con la pareja en una vivienda del barrio Santa Rita. Pero, a los seis meses todo cambió. Rueda y Peñaranda la obligaron a vestir lencería erótica, le tomaron fotografías y la filmaron, obligándola a realizar distintas poses sugestivas, y luego subieron estas imágenes a un sitio de servicios sexuales para adultos.
De esta manera contactaron clientes, y obligaron a la joven a atender estas demandas desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la madrugada siguiente. Además de la gran cantidad de horas de actividad a la que la sometían, no le entregaban nada de la plata que recaudaba con los servicios sexuales, sumas que oscilaban entre los 1000 y 3000 pesos diarios.
El fiscal detalló que el hombre y la mujer condenados ejercían un control minucioso de los horarios y el dinero que la joven debía cobrar por los servicios sexuales, los que se llevaban a cabo en el cuarto de un hotel del macrocentro contratado por la pareja, que monitoreaba desde la calle la entrada y salida de los clientes.
“La explotación sexual ya no se representa a través de la escenografía del cabaret o del prostíbulo, pues ahora hay lazos más invisibles, lo cuales complejizan la investigación penal de los casos y exigen una mirada más aguda”, sostuvo Villalba. Añadió que la pareja incluso pactaron también citas en Jujuy y en el Estado Plurinacional de Bolivia.
“La fiscalía ha podido acreditar que la víctima fue explotada sexualmente en un hotel en la vecina provincia, como así también en Bolivia”, afirmó el fiscal, quien señaló que el sometimiento se extendió por ocho años hasta que tomó contacto con el cliente que la sacó de ese ambiente.
Entre otros indicadores de este delito, señaló los acusados ejercieron tanta violencia moral y psíquica que la víctima se convirtió en una “cosa”, a través de la cual se aseguraron un importante ingreso económico, tanto que no sólo adquirieron bienes, sino que incluso dejaron de trabajar para subsistir solamente de lo que se recaudaba con la joven a la que esclavizaban.
Reparación integral
“Se trata de uno de los casos que mayor impacto causó entre los operadores del sistema, pues se había ejercido tanta crueldad sobre ella que no se concebía como víctima, situación que demandó una importante labor en materia de asistencia y restitución”, resaltó el fiscal.
En este sentido, Villalba destacó la labor de la auxiliar fiscal Roxana Gual, la psicóloga de la Unidad Fiscal, Verónica Olguín Rufino y los profesionales del Polo Integral de la Mujer y de la Defensoría General de Víctimas.
Contó que a través de entrevistas y otras medidas de contención, se trabajó en busca de que la joven pueda superar el padecimiento vivido en los años en los que estuvo sometida a Rueda y Peñaranda, que llegaron al punto de no garantizarle sus necesidades básicas de subsistencia.
“La reparación integral a la víctima es un mandato que tiene preeminencia dentro de los delitos de trata de personas, aspecto claramente establecido, tanto en la normativa legal vigente como en los convenios que el Estado Argentino asumió en el orden internacional”, destacó el fiscal.
De esta forma, a la asistencia interdisciplinaria se debe sumar una reparación económica. En este caso esa reparación fue acordada con la defensa, con el aporte de otros familiares que ayudaron a la pareja a cumplir con esta exigencia.
El fiscal destacó que con el aporte de los profesionales y de otros organismos, la joven víctima pasó de la “soledad absoluta en la que estaba inmersa a contar con el apoyo y asistencia total por parte del Estado”, e incluso recibió capacitación laboral que le permitió iniciar un proyecto de sustento para su nueva vida.
Por su parte, el defensor de víctimas adhirió a los argumentos de la fiscalía y resaltó “las bondades del sistema acusatorio”, que posibilita la reparación integral a la víctima. “Se probó la verdad de la acusación y ahora la víctima siente que su palabra tiene peso”, dijo Escandar.
