El abuso sexual y femicidio cometidos contra Guadalupe Medina, quien tenía apenas 12 años cuando fue encontrada sin vida en una construcción de villa Banana en mayo de 2016, llegó a la Cámara Penal. Tanto la Fiscalía como los querellantes por la familia de la niña pidieron que sea confirmada la pena de prisión perpetua dictada el año pasado al único acusado. Ante el recurso presentado por la defensa de Sergio Saravia, de 30 años, el tribunal integrado por Bibiana Alonso, Gustavo Salvador y Javier Beltramone analiza los elementos que llevaron a la sentencia del 2 de diciembre pasado, tras un juicio oral y público en el que quedaron expuestas todas las violencias (física, sexual, simbólica) que padeció la víctima en los últimos minutos de vida y su vulnerabilidad. 

"Abuso sexual seguido de muerte en concurso ideal con femicidio", es la figura penal que llevó al tribunal de primera instancia a fijar la pena para el agresor. El veredicto fue atacado por la defensa del imputado que pidió su absolución, y ahora la Cámara deberá resolver si la misma es ratificada. 

La familia de Guadalupe esperó durante más de cinco años una respuesta en el caso. El próximo 25 de mayo se cumplirá uno más. "Sería importante la confirmación (del fallo) porque después del juicio quedó claro todo lo que significó el trabajo de este caso para poder identificar al imputado, donde la participación de la querella fue muy importante (fue una de las abogadas que representó la familia de la víctima en los primeros momentos quien advirtió similitudes entre el hecho que terminó con la vida de Guadalupe y otro abuso cometido siete meses después). Esperamos que se ratifique en los mismos términos, ya que la sentencia reconoció los indicadores de violencia, por lo que encuadró el hecho como femicidio. Eso fue lo que llevamos a la Cámara y dimos las razones a nuestro pedido. No podría decirse que hubo violencia de género en el caso si no se reconoce la figura del femicidio", indicó el abogado del Centro de Asistencia Judicial (CAJ), Valentín Hereñú, que representa a la familia de la niña junto con Jorge Haurigot.

A lo largo del juicio de 2021, los querellantes hablaron de un hecho al que enmarcaron como "la máxima expresión de la violencia machista" y recordaron que la niña "fue violada y ahorcada hasta la muerte por un hombre que la usó como un objeto". Siempre plantearon la figura del femicidio, más allá de que no hubiera un vínculo entre víctima y agresor, sino teniendo en cuenta que se cometió "en un claro contexto de violencia de género".

Eso fue lo que reconoció el fallo de primera instancia en el que también se destacó la situación de una familia "vulnerable en su aspecto socioeconómico y cultural".

Para el tribunal de primera instancia, el caso manifiesta claramente "el ejercicio pleno de una desigual relación de poder entre un hombre maduro y una niña, maltratándola, subordinándola, desvalorizándola, aumentando el factor de vulnerabilidad de la víctima por ser mujer". También mencionaron que tras el abuso, la descartó "como un objeto, demostrando la cosificación que merece la mujer, para el imputado".

Antes de que fuera acusado Saravia, hubo tres jóvenes implicados en la causa, sindicados como miembros de "la banda de Pandu" (detenido y ahora involucrado en hechos recientes de violencia y asociación ilícita). Dos años después, Saravia fue acusado en otra causa por abuso sexual, cuando se advirtió que ese hecho tenía muchas similitudes con lo sufrido por Guadalupe. La abogada Martina Guirado, que en ese momento era parte del equipo del CAJ, tenía ambos expedientes como querellante y empezó a atar cabos. Cuando se hizo el cotejo de material genético, arrojó resultado positivo y Saravia quedó como único acusado por el femicidio de Guadalupe.