La Corte de Justicia de Salta ordenó a la Fiscalía de Estado de la provincia informar sobre las medidas que se tomaron ante la orden judicial emitida en enero pasado por el vocal del Tribunal de Impugnación, Eduardo Barrionuevo, en el marco de la demanda que presentó la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), junto a la comisión directiva Wichí Misión La Loma, de Embarcación, municipio del departamento San Martín.
El representante legal de ACIJ, Martín Plaza, informó sobre la novedad a Salta/12 al indicar que se notificó a las partes de esta disposición el jueves que pasó.
Esta asociación presentó un amparo ante la Justicia para que la provincia cumpla con la reglamentación de la Ley de Salud Intercultural, que fue sancionada en 2014 y ahora, al cumplir ya casí, 8 años, sigue sin aplicación alguna.
Junto al amparo se pidieron medidas cautelares que Barrionuevo resolvió antes de declarar su incompencia para resolver el amparo. Estas medidas establecían la designación de “facilitadores culturales en los hospitales de referencia o cabecera de los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín así como en Salta Capital, así también al establecimiento y manutención de albergues en las cercanías de los hospitales de referencia o cabecera de los departamentos de Orán, Rivadavia y San Martín, y del Hospital Público Materno Infantil, a fin de la contención de niños/as y adolescentes indígenas y/o a sus familiares”.
Los tres primeros departamentos están incluidos en la emergencia sanitaria declarada por el Ejecutivo provincial en enero de 2020 tras el fallecimiento de niñas y niños de comunidades originarias por causas evitables, entre ellas, la desnutrición.
Todas las medidas tenían efecto devolutivo, es decir, debían ser cumplidas por la provincia así sean apeladas. La apelación fue finalmente presentada por la Fiscalía de Estado de la provincia, y desde ese momento los representantes de ACIJ sostuvieron que las órdenes judiciales se incumplían.
Plaza afirmó que si bien no hay un plazo establecido por la orden emitida desde el máximo tribunal salteño, el procedimiento dispone por ley un plazo de 5 días hábiles para que se responda el informe solicitado. "Si no hay respuestas, pediremos que se apliquen astreintes", dijo el abogado refiriéndose a esta disposición sancionatoria que implica una suerte de multa contra el demandado por día de incumplimiento de la medida.
45 fallecimientos en tres meses
"Es urgente que la Corte de Justicia de Salta garantice el acceso a la salud de niñas y niños indígenas", tituló la ACIJ en el último comunicado que emitió a mitad de esta semana ante la falta de respuestas del tribunal a sus peticiones.
Entre ellas se encontraba, justamente, la necesidad de dar entidad a la medida cautelar dictada por Barrionuevo en pos de "mejorar el acceso a la salud intercultural de niñas y niños de comunidades originarias de los departamentos declarados en emergencia sociosanitaria".
La petición se realizó luego de que desde el Ministerio de Salud Pública salteño se confirmara el fallecimiento de 45 niñas y niños en dichos departamentos, solamente en los primeros tres meses de 2022. "Este dato se suma a la lamentable cifra de al menos 108 niñas y niños fallecidos en 2020 y 64 en 2021", recordó la asociación.
Añadió que pese a que la medida cautelar está vigente desde ela 18 de enero pasado "el Estado no ha informado avances en sus obligaciones ni en la situación sanitaria de los departamentos". Indicó que "el contexto de emergencia y de extrema vulnerabilidad, que fue valorado por el Juzgado interviniente al conceder la medida, sigue vigente y se profundiza con el paso del tiempo".
"Pese a que la situación fue reconocida por la Provincia de Salta, el Poder Ejecutivo apeló esta medida. Es por ello que es urgente que la Corte de Justicia de Salta confirme la medida cautelar ordenada y controle su ejecución de forma adecuada. Sólo de esa forma se podrá garantizar la mejora en las condiciones de acceso a la salud de las comunidades del norte provincial y, principalmente, de los niños y niñas pertenecientes a las mismas", concluyó la entidad. Por ahora, se esperan los informes emitidos por la autoridad provincial para conocer cuáles medidas se tomaron para cumplir con la orden judicial vigente.
