Mar Azul es uno de los destinos turísticos más atractivos que ofrece Villa Gesell por su naturaleza y tranquilidad. Sin embargo, hace varias semanas que la localidad del sur no respira otra cosa que preocupación ante las acusaciones de “ecocidio” que despierta el avance de un proyecto hotelero de más de 25 millones de dólares, que busca materializar un reconocido holding internacional en el frente costero. Los vecinos, por el momento, insisten en agotar todas las instancias de reclamo con la municipalidad pero, en caso de no obtener respuestas, prometen llevar el conflicto a la Justicia.

Detrás de la iniciativa inmobiliaria de las calles 36 y 37 se encuentra la constructora Portland y la cadena hotelera Solanas, famosa por su proyecto en La Mansa de Punta del Este. En distintas etapas, los inversores pretenden levantar un complejo de 116 departamentos, con servicios de lujo, gimnasio, piletas, cocheras subterráneas y todo tipo de amenites, que se repartirán en los edificios “Playa”, “Duna” y “Bosque”. Cada uno se ubicará en tres manzanas distintas: una de ellas da al mar y otra a la avenida principal.

En la gestión que conduce Gustavo Barrera celebran el desembarco de “Solanas Mar Azul”: entienden que la inversión abre una oportunidad no solo desde el punto de vista turístico, sino a la hora de generar puestos de trabajo y dotar de mayor infraestructura a un lugar que aún carece de distintos servicios. “Es algo muy importante. En Gesell no suele haber emprendimientos de estas características. Esto va a potenciar la zona y se traducirá en más trabajo”, anticipan funcionarios del Ejecutivo local ante la consulta de Página/12.

Sin embargo, parte de la comunidad de Mar Azul se resiste al proyecto y permanece movilizada desde el verano. Los vecinos ya se organizaron en una Asamblea Vecinal en Defensa de la Duna y el Agua, en la que participan activamente unas setenta personas, y viralizaron el reclamo en las redes a través de una colecta de firmas en la plataforma change.org, cuya petición “No al ecocidio de Solanas en Mar Azul” ya recoge más de cinco mil apoyos virtuales.

Los residentes denuncian que el complejo turístico viola leyes medioambientales y pone en riesgo al ecosistema costero y el acuífero. Durante la última temporada estival, se había visto con alarma y sorpresa la instalación de una oficina comercial de Portland pero la preocupación se agudizó tras Semana Santa, cuando se dio inicio a los trabajos de demolición de los restos estructurales que quedaban del excamping de la zona céntrica.

Básicamente, en la asamblea vecinal denuncian que se pretende cercar, construir y hacer uso de un espacio público que está protegido por el Código de Aguas de la ley provincial 12.257, que en su artículo 142 prohíbe cualquier construcción a menos de 150 metros de la línea de ribera hacia el continente. Y como Mar Azul no cuenta con servicios de agua corriente ni cloacas, advierten que el emprendimiento inmobiliario generaría un serio riesgo de intrusión de agua salada a las napas, algo que no podría revertirse en mucho tiempo y condicionaría aún más las reservas y el consumo de agua potable.

“Esta es una zona muy frágil desde el punto de vista del acuífero porque el único agua que consumimos es la que se almacena de las lluvias. Una construcción tan grande va a requerir de mucha demanda de agua y si le causamos un vacío a este acuífero y dañamos los médanos, se van a terminar salinizando las napas. Los geólogos dicen que podría tardar cien años en solucionarse este problema si llega a ocurrir”, dice a este medio Rolando Papof, un hombre que vive a dos cuadras del lugar donde se proyecta el complejo de la polémica.

De vieja data

Grupo Solanas, junto a la desarrolladora Portland y otros inversores, adquirió las tierras sobre la costa del pueblo gesellino en 2012. En aquel entonces, los empresarios presentaron un estudio de impacto ambiental con la idea de iniciar el proyecto entre 2015 y 2016 pero toda la construcción se frenó repentinamente. “En siete años se borraron. Ellos ya tenían la inversión lista para hacer pero se fueron y nunca nos dijeron por qué. Y ahora aparecen así como si nada”, reprocha el Papof.

“Con Solanas hay bronca porque han sido pocos claros. Cuando presentaron su estudio de impacto ambiental, convocaron a una audiencia pública para el 2 de enero a las 8 en la otra punta, en un barrio del norte de Gesell. Y esa audiencia quedó en un cuarto intermedio porque no se habían dado respuestas a las preguntas que hicieron los pocos vecinos que pudieron ir. De ahí, el municipio tenía que remitir el proyecto a la Provincia para que lo apruebe pero en todos estos años no se supo nada más”, sostiene, en la misma línea, Pablo Domínguez, otro de los asambleístas.

El resurgir de “Solanas Mar Azul”, sin embargo, no sorprende si se tiene en cuenta el auge que vive el mercado inmobiliario en la Costa Atlántica. Después de sufrir los dos años de pandemia, los desarrolladores retomaron proyectos pendientes y trataron de adaptarlos a la realidad que dejó el coronavirus, donde se hizo evidente la necesidad de las personas por alejarse de Capital para conectar con más espacios al aire libre. Así, en este nuevo escenario, cualquier tipo de inversión pensada frente al mar se vuelve una clara prioridad por su potencial rédito económico.

Los resultados, de hecho, están a la vista: durante el prelanzamiento comercial que se hizo en enero, el Grupo Solanas confirmó que un veinte por ciento de las unidades habitacionales del complejo turístico, que van desde los 60 a los 120 metros cuadrados, ya fueron vendidas. Aunque las tareas de construcción aún no comenzaron en el predio, en la empresa garantizan que la primera entrega de departamentos a los futuros propietarios se hará en el transcurso de noviembre del 2024.

En el marco de esta segunda incursión, los inversores presentaron otro estudio de impacto ambiental pero las dudas persisten. Hay vecinos de Mar Azul que quieren que se haga otra audiencia pública y que el intendente Barrera dé intervención a la Provincia para que avance con el análisis correspondiente y verifique si el proyecto es viable o no. “La municipalidad no puede aprobar nada porque no tiene competencia para eso. Acá no hay ingenieros ambientales”, asegura Papof.

“Después de siete años, es obvio que las condiciones ambientales cambiaron y nadie puede hacer valer una audiencia de un estudio que ya caduca y es suplantado por otro. Sin embargo, nos insisten con que la audiencia ya se hizo y se niegan a hacer una nueva. Lo que deducimos nosotros es que se quiere engañar a la Provincia y hacer pasar esto como algo de hecho y para que eso ocurra tiene que haber algún arreglo entre los inversores y el municipio”, denuncia el vecino.

Aunque también hay voces que señalan que ningún estudio tendría validez si se tiene en cuenta que el área de construcción ya está protegida por ley. “Por más que los inversores traigan un estudio de impacto ambiental, si la zona es protegida, no sirve ningún estudio. Porque está protegida. Es el primer concepto que hay que tener claro, si la zona es protegida no se puede hacer nada. Sacás el médano y se destruye la playa. Eso no tiene vuelta atrás”, advierte el ingeniero ambiental José Soto.

El especialista reitera la importancia de respetar las zonas protegidas para mantener “la funcionalidad del ecosistema” y evitar que “las playas comiencen a degradarse”. “Cuando sacaron el noventa por ciento de los médanos de la zona céntrica de Gesell, la playa perdió ochenta metros en menos de veinte años”, ejemplifica, y añade: “En Mar Azul y Mar de las Pampas tenemos todavía playas de 200 metros debido a que los médanos siguen haciendo su función en el conjunto que forma el sistema costero”.

Cruces

En la municipalidad de Barrera sostienen que el planteo que se hace sobre la violación de la zona protegida es “inexacto” ya que aseguran que el proyecto de construcción de Portland y Solanas es anterior a las “nuevas normas” que definen límites en base a la línea de ribera. “Las manzanas están dentro del ejido urbano; la zona ya está urbanizada. Se está confundiendo la norma porque si se aplicara de la manera que se plantea entonces el terreno no tendría ninguna utilidad. No se podría construir nada de nada”, cuestionan.

Las autoridades ratifican, entonces, que “no hay nada fuera de la reglamentación” y que la inversión “Solanas Mar Azul” cuenta “con todas las autorizaciones” de rigor. “Ni siquiera se empezó a construir. Solo se hicieron trabajos de demolición porque se están terminando los últimos trámites que faltan para la construcción”, aclaran, y apuntan: “Nadie discute el respeto al medio ambiente pero hay cosas que no pueden obstaculizarse. Si hay derecho a construir, hay derecho a construir. Pero hay grupos ambientalistas que se oponen a todo y la gran contradicción es que muchos ambientalistas que hoy se quejan ya tienen su casa frente al mar… ¿cómo llegaron a construir?”.

“No estamos en contra de que los inversores vengan y desarrollen proyectos que favorecen al turismo pero sí estamos en contra de que se hagan lugares que perjudiquen todo el ecosistema. Esto no es un problema de ambientalistas: es un problema de supervivencia”, responde el vecino Papof, quien exige: “Solo le pedimos al municipio que no autorice una cosa tan grande sin primero darnos infraestructura. Acá no hay gas, en el verano no alcanza cubrirse lo que se requiere de electricidad, y tampoco hay cloacas ni agua potable por red sino que cada uno hace su bomba. Por eso estamos en una situación frágil”.

¿A la Justicia?

La polémica, por lo pronto, parece tener un final claro: la Justicia. Ya hay antecedentes recientes por conflictos similares. Dos años atrás, la Asamblea Ciudadana en Defensa del Médano Costero frenó la obra del complejo hotelero Mandala que iba a emplazarse en una playa del norte gesellino. En ese entonces, los asambleístas presentaron un recurso de amparo que todavía tiene vigente una medida cautelar y una causa abierta.

Y ahora, los integrantes de la flamante Asamblea Vecinal en Defensa de la Duna y el Agua no descartan interponer una acción judicial si no logran algún acercamiento con el Ejecutivo. “Si logramos que algún abogado valiente y honesto se anime, vamos a tratar de empezar con las acciones. Por lo menos queremos pedir un amparo y una medida de protección ambiental. Así que está al caer algún tipo de medida judicial”, asegura Domínguez.