Tras la convocatoria a una conferencia de prensa, el referente del Sindicato de Camioneros, Hugo Moyano, denunció este lunes el mal desempeño de la Justicia en una causa que tiene a dos empleados del gremio detenidos por "extorsión y coacción" a una empresa de San Pedro.

Hugo Moyano dijo este lunes que "este procedimiento es una clara causa de lawfare" y acusó a la Justicia de trabajar en connivencia con “intereses políticos” para “perseguir” al gremio. “Todo lo que nos viene pasando, y le pasa a la dirigencia gremial en general y a los trabajadores en particular, es una maniobra judicial", detalló en la conferencia.

Luego, fue el turno del abogado que representa al sindicato de Camioneros, Javier Moral, quien detalló el proceso judicial y los alcances de la investigación que llevaron adelante, y que resultó en la denuncia por "maniobras judiciales" y “tareas de inteligencia para producir una causa contra el gremio”.

En este sentido, el abogado explicó que Camioneros incluyó en la denuncia a la fiscal y a la jueza, "porque consideramos que tuvieron actitudes que comprometieron el proceso".

Seguidamente, presentaron capturas de un expediente judicial donde está la transcripción de una comunicación entre el denunciante, Gustavo Javier Ruiz, y una persona que le brinda información confidencial, a quien indican como "agente de inteligencia".

"Estas pruebas fueron presentadas a la fiscal por el mismo denunciante- Gustavo Rey-, pero jamás fueron informadas a la defensa, ni anexadas a los expedientes de la causa, como corresponde a todo proceso", expresó Moral.

Igualmente, el letrado aclaró que "si no insistian" para conocer detalles de la acusación y tener un encuentro con la jueza, "no hubiéramos visto esta prueba porque no estaba foliada, ni anexada al expediente, algo que resulta sospechoso y determina una falla jurídica grave", aclaró.

Y añadió: "Todo esto consta en un acta que realizamos con la fiscal y la magistrada". Seguidamente, Moral indicó que la fiscal Viviani además contaba con transcripciones de conversaciones "privadas" entre los imputados y su abogado. "Eso es algo que no puede suceder, ya que esos encuentros tienen el secreto de la confidencialidad", remarcó.

Presentadas estas pruebas, el titular del gremio y el abogado sostuvieron que el sindicato solicitó la recusación de la fiscal Maria Viviani y de la jueza de la causa, Maria Eugenia Maiztegui, en pos de "garantizar la correcta aplicación de las garantías procesales".

Cómo comenzó el conflicto entre el empresario nicoleño y los camioneros

En febrero de 2021, la empresa de alimentos “Rey Distribución” denunció a Maximiliano Cabaleiro y a Fernando Espíndola por un supuesto "pedido de coimas" a cambio de que puedan “trabajar tranquilos”. La situación se agravó con una protesta en la fábrica, que el sindicato atribuyó a irregularidades en las condiciones de trabajo de los empleados.

El procedimiento judicial dispuesto por la jueza María Eugenia Maiztegui, por pedido de la Fiscalía Nº 7 de San Pedro, a cargo de María del Valle Viviani, apuntó a comprobar si existía una presunta irregularidad en los pagos, situación que habría dado origen a la protesta sindical que impidió el ingreso y salida de camiones.

En este punto, la delegación del Ministerio de Trabajo en San Nicolás acreditó la existencia de esa deuda, pero no aportó documentación que lo avalara, por lo que la jueza le pidió al Sindicato de Camioneros de San Nicolás que la presentara. Como esta seccional explicó que había enviado esa información a la sede central del gremio, el juzgado de Maiztegui libró un oficio a la organización que lidera Hugo Moyano, pero no tuvo respuesta, por lo que dispuso el allanamiento para secuestrar la información correspondiente.

Los abogados de la familia Rey, liderados por Florencia Arietto, consideraron que este procedimiento judicial es clave para la causa porque si no se logra acreditar la deuda, la acusación de coacción, que tiene una pena máxima de 4 años, pasaría a ser extorsión, con un máximo de 10 años, y así se agravaría la situación judicial de los dos detenidos, Maximiliano Cabaleiro, titular del Sindicato de Camioneros de San Nicolás y Fernando Espíndola, dirigente del mismo gremio, quienes se entregaron a la Justicia el 8 de abril pasado.

Ambos están acusados por los delitos de turbación de la posesión, extorsión, extorsión en grado de tentativa y coacción por un bloqueo contra la empresa de San Pedro.

Los abogados de Distribuidora Rey, en caso de que no se encuentre documentación que pruebe la deuda, afirmaron que también pedirán a la Justicia que se profundice la investigación para determinar si hubo complicidad de los funcionarios de la cartera de Trabajo con el Sindicato de Camioneros. La idea de dicha maniobra sería apuntar a la responsabilidad del gremio por haber firmado y recibido cheques de una empresa por una deuda que no existía.