El Gobierno dará comienzo este martes a las audiencias públicas para analizar nuevos aumentos en las tarifas de luz y gas, con segmentación incluída, a partir de junio. El objetivo oficial es desacelerar el crecimiento de los subsidios. Gremios y entidades de defensa de los consumidores le pidieron al ejecutivo evitar los aumentos.
A partir de las 10 horas de este martes y a través de la plataforma Webex, se realizará la primera audiencia pública convocada por la Secretaría de Energía para discutir los nuevos precios del gas natural en el Punto de Ingreso al Sistema de Transporte (PIST). El orden del día conformado contempla la participación de 38 expositores, que dispondrán de 5 minutos cada uno. La subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Luz Videla Oporto, será la encargada de presentar las proyecciones sobre el PIST. La audiencia se podrá seguir por el canal de Youtube de la secretaría de Energía.
El miércoles se tratarán los nuevos valores de referencia del Precio Estacional de la Energía Eléctrica (PEST), y el jueves se debatirá la implementación de la segmentación de los subsidios al precio de la energía por parte del Estado Nacional a los usuarios del servicio de gas natural y del servicio de energía eléctrica, para el bienio 2022-2023.
El ministro de Economía, Martín Guzmán, defendió este lunes la baja de los subsidios energéticos que impulsa. "En la Argentina el principal limitante para sostener el crecimiento económico es la restricción externa, la restricción de divisas, los dólares. Por eso es tan importante articular políticas que agreguen valor en la economía, que le permitan a la Argentina generar mas divisas. Hay cosas que ayudan a eso, como la obra pública, la educación, la ciencia y la tecnología. Hay otras que no, como los subsidios energéticos no segmentados que favorecen a los ricos", aseguró.
La propuesta oficial
Lo acordado en el “Memorando de políticas económicas y financieras” firmado en marzo con el Fondo Monetario Internacional es que los beneficiarios de la tarifa social tendrán un aumento anual equivalente al 40 por ciento del Coeficiente de Variación Salarial (CVS) del año anterior, mientras que para el resto de los usuarios la suba será equivalente al 80 por ciento del CVS del año anterior. En 2021 el CVS subió 53,4 por ciento. Por lo tanto, para los que tengan tarifa social el tope es del 21,36 por ciento y para el resto trepa al 42,72 por ciento, con excepción del 10 por ciento más rico que dejará de percibir subsidios. Este último grupo será el único que deberá afrontar un aumento en términos reales porque para el resto la suba quedará por debajo de la inflación y en términos reales la incidencia de la tarifa en la canasta hogareña de gastos seguirá reduciéndose, como ha venido ocurriendo durante los últimos tres años.
Como las tarifas ya aumentaron un 20 por ciento en marzo para todos los usuarios, Energía informó que ahora la suba para cerca del 60 por ciento de los usuarios de gas será de 21,5 por ciento, mientras que en el caso de la luz el ajuste promedio llegará al 17 por ciento.
Los beneficiarios de la tarifa social, alrededor del 30 por ciento de los usuarios, no tendrán mayores aumentos de gas durante este año y para los de la luz el retoque será de 6 por ciento.
El mayor impacto recaerá sobre el 10 por ciento de mayor poder adquisitivo que dejará de percibir subsidios y deberá afrontar subas que podrían llegar al 200 por ciento ya que en la actualidad dos tercios de la tarifa está subsidiada. Lo que hizo el equipo de Guzmán hasta el momento fue tomar en cuenta datos geográficos y socieconómicos para identificar a este universo de usuarios de mayor poder adquisitivo. Aquellos que cumplan con alguno de los siguientes criterios directamente perderán el subsidio:
- Estar ubicado dentro de “polígonos” de alta capacidad de pago identificados por el Ente Nacional Regulación de la Electricidad.
- Registro de barrios cerrados.
- Tener ingresos superiores a 3,5 Canasta Básicas Totales de un hogar tipo 2 del Indec, monto equivalente a 314 mil pesos en marzo.
- Tener 3 o más inmuebles registrados.
- Tener 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años.
- Tener aviones o embarcaciones de lujo.
Según un informe del Ente Nacional Regulador de la Electricidad distribuido en febrero, los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires que perderían el subsidio son aquellos ubicados en Puerto Madero y en gran parte de los barrios de Recoleta, Palermo, Belgrano y Nuñez, una parte de Colegiales, algunas manzanas de Villa Urquiza, Retiro, Saavedra y Devoto y una zona de elevado valor en Caballito. En el Gran Buenos Aires, el recorte alcazaba a una zona específica denominada “el bajo” integrada por los partidos de Vicente López y San Isidro. Por ahora no hay mayores precisiones sobre las áreas afectadas. A ese listado se le sumarán también los countries y barrios cerrados.
En total se estima que 921.778 titulares del servicio de electricidad y 760.600 titulares del servicio de gas residencial perderían todo tipo de subsidio a nivel nacional.
Críticas a los aumentos
Entidades gremiales y asociaciones de consumidores pidieron este lunes un "minucioso análisis" y una revisión "a fondo" de los costos de producción de gas y de generación de la energía eléctrica antes de que se defina un eventual aumento de tarifas, y sostuvieron que el valor de éstas debe "razonable", con "niveles de ganancias empresariales razonables" también.
Así lo expresaron a través de un pronunciamiento suscripto, entre otras organizaciones, por la CGT, la CTA, la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios (Apyme), la Cámara de Empresarios Bonaerenses para el Fortalecimiento de las Cadenas de Valor (Focava), Defensa de Usuarios y Consumidores (Deuco), Asociación Civil Argentina de Electrodependientes y la Federación De Trabajadores De La Economía Social (Fetraes).
Las organizaciones plantearon que, "para determinar el valor de las tarifas, es preciso conocer y revisar a fondo cuáles son los costos de producción de gas y de generación de electricidad", e indicaron que "un puñado de empresas energéticas reciben desde 2016 ganancias extraordinarias producto de la dolarización de los precios del gas y la electricidad", lo que implicó "una fabulosa transferencia de recursos desde la ciudadanía y el aparato productivo hacia un pequeño puñado de empresas".
En el texto de una solicitada anticipada a través de un comunicado de prensa, las entidades y organizaciones firmantes sostuvieron que, "quitar subsidios para realizar un aumento de tarifas sin analizar de forma minuciosa los costos reales de las empresas, implica consolidar una política que ha sido perjudicial para el pueblo argentino".
"El precio de la energía es uno de los valores testigo centrales de la economía. Por ello, las tarifas de luz y gas deben tener un valor razonable, con niveles de ganancias empresarias razonables. Es central que no haya pocos que concentren mucha ganancia, y millones de argentinos y argentinas pobres con tarifas impagables". remarcaron.
En este contexto, pidieron al presidente Alberto Fernández y al ministro de Economía, Martín Guzmán, "evitar un nuevo aumento tarifario que recaiga sobre la ciudadanía" y analizaron que, "lo contrario, significaría un retroceso en la política de recomposición de ingresos a los sectores medios y populares que el Gobierno intenta llevar a cabo para morigerar los efectos de la inflación en los bolsillos de las y los argentinos".
