Una agrupación de ex combatientes de Malvinas presentó un pedido en la ONU (Organización de Naciones Unidas) para que este organismo internacional se expida sobre las demoras del Poder Judicial en la causa por torturas de militares argentinos contra su propia tropa durante la guerra de 1982
El planteo fue presentado por el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, el suizo Nils Melzer.
La causa data de 2007 y está radicada en el Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, tiene 130 jefes militares imputados, solo tres están procesados y hay 15 llamados a indagatoria que esperan un pronunciamiento de la Corte Suprema argentina.
Qué debe resolver la Corte Suprema
Lo que el máximo tribunal debe resolver es si la causa por castigos inhumanos que padecieron los soldados son o no delitos de lesa humanidad y, en consecuencia, imprescriptibles o ya se extinguió la acción penal.
Es decir, si los oficiales que estuvieron al frente de tropas en la guerra de Malvinas deben ser juzgados por los estaqueamientos a la intemperie, enterramientos, golpizas y demás vejámenes contra subordinados son delitos de lesa humanidad o bien delitos comunes.
"Hemos decidido sumar una vía más de reclamo, esta vez ante la ONU", explicó Ernesto Alonso, secretario de Derechos Humanos de la agrupación que sostiene que la demora de la Justicia argentina pone a los ex combatientes torturados en una situación de “revulneración” (nueva vulneración) de sus derechos.
Los abogados que representan a la querella, Jerónimo Guerrero Iraola y Laurentino Alonso explicaron que a la ONU se le requirió que “evalúe el accionar del Estado argentino que, a instancias del Poder Judicial de la Nación, omite desde hace cuatro décadas investigar el delito de torturas".
Un fallo cuestionado
En marzo pasado, un grupo asociaciones de ex combatientes, apoyadas por la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), se movilizó hasta el Palacio de Tribunales para exigirle a la Corte que se pronuncie al respecto.
En mayo de 2021, con votos de Daniel Petrone y Diego Barroetaveña y disidencia de Ana María Figueroa, la Cámara Federal de Casación Penal se pronunció a favor de no investigar las graves violaciones de derechos humanos en Malvinas.
Ambos camaristas se limitaron a reeditar un fallo de Casación de 2009, sin analizar el caudal de pruebas y argumentos aportados por el Estado durante los once años siguientes, y dictaron el virtual sobreseimiento del militar Jorge Oscar Ferrante, procesado por apremios ilegales, por entender que no se trata de delitos de lesa humanidad.
El fiscal general Javier de Luca, el Cecim, la Comisión por la Memoria, la Subsecretaría de Derechos Humanos bonaerense y la querella que representa a las víctimas presentaron recursos extraordinarios que aún requieren un pronunciamiento.
