“A veces, estamos tan anestesiadas por la información que absorbemos día a día, que no tomamos dimensión de algunas noticias. Eso me pasó con El Salvador. Sabía que tenía una de las leyes más restrictivas del mundo en materia de aborto, pero no tenía idea real de las gravísimas consecuencias de esa legislación sobre la vida, la salud y la libertad de las mujeres en ese país, pequeño, del tamaño de la provincia de Tucumán, pero con una población de alrededor de seis millones y medio de habitantes”, dice la periodista especializada en género Mariana Carbajal, recientemente premiada con el Lasa Media Award 2022, sobre su primer documental Cuerpos Juzgados, que se estrena el 21 de mayo en el Centro Cultural Kirchner.
A fines de abril de 2019 conoció a la activista salvadoreña Morena Herrera, en una reunión en Bogotá. Morena conocía a Mariana por leer sus notas en Página12 y le contó que habían hecho un video de apoyo a la lucha argentina y que había utilizado algunas de esas palabras para hacerlo. “Quedamos en contacto. Cuando algunos meses después, en las redes feministas se impulsó una campaña por la absolución de Evelyn Hernández, una joven salvadoreña, condenada a 30 años de prisión, tras sufrir una emergencia obstétrica, que había sido investigada primero por aborto y luego sentenciada por homicidio agravado por el vínculo, me acordé de Morena. Leyendo sobre el caso, supe que ella era la líder de la organización que peleaba por la libertad de Evelyn, en alianza con otras organizaciones, y que habían ya liberado a otras 41 mujeres injustamente condenadas y seguían luchando por la libertad de una veintena más que seguían presas. Entrevisté a Morena para Página12, para contar su historia y la vulneración de los derechos humanos de las mujeres en ese país. Luego, Morena me propuso sistematizar el trabajo de una década de su organización, cuerpo a cuerpo, con las mujeres. A medida que conocí el contexto salvadoreño y el impacto de la acción de Morena y la Agrupación Ciudadana en El Salvador, me convencí de que era necesario mostrarlos al mundo y una colega muy querida, Luciana Peker, me dio la idea de hacer un documental”, cuenta Mariana.
“Y me lancé, sin experiencia, de pura curiosa. Armé un pequeño equipo con la documentalista Victoria Bornaz y la realizadora Luciana Rodrigues Dacunto, con quienes viajamos a El Salvador en febrero de 2020, justo antes de la pandemia, para hacer las entrevistas. La Agrupación Ciudadana nos dio mucho material de archivo, que fue fundamental. Tuvimos apoyo además, de mucha gente que confió generosamente en nuestro trabajo. Nos llevó dos años hacerlo”, explica la periodista.
Decís que tiene una de las legislaciones más regresivas del mundo en relación al aborto, ¿podrías explicarlo?
--El Salvador es uno de los pocos en América que aún lo penalizan totalmente, sin excepciones, junto a Surinam, Nicaragua, República Dominicana y Honduras. La completa criminalización rige desde 1998 cuando se modificaron el Código Penal y la Constitución y se eliminaron las tres causales que estaban vigentes desde 1974 en las que era legal la interrupción voluntaria de un embarazo: en caso de peligro para la salud o la vida de las mujer, por malformación fetal congénita incompatible con la vida y si la gestación era producto de violación. Es decir, en El Salvador el aborto se considera un delito, incluso cuando es necesario para salvar la vida de la mujer gestante. Al punto de que los médicos no quieren intervenir si la mujer tiene un embarazo ectópico hasta que deja de haber latido fetal, exponiéndola a graves riesgos de morir. Lo que caracteriza a El Salvador es un contexto de persecución penal hacia las mujeres. Esta prohibición absoluta del aborto estigmatiza la función reproductiva de las mujeres, de forma tal que incluso las situaciones involuntarias como las emergencias obstétricas son sancionadas penalmente.
Emergencias obstétricas son considerados homicidios
¿Qué pena tiene entonces?
--La figura de aborto tiene penas de 2 a 8 años. Además, se introdujo la figura penal de inducción al aborto, con penas de 2 a 5 años. En la reforma de la Constitución se le dio al embrión y al feto el status de persona y se estableció la protección del derecho a la vida desde el momento de la concepción. En ese contexto, la Fiscalía General envió una orden a hospitales para que denuncien siempre a la mujer que pierde un embarazo y aunque tienen dudas sobre si fue inducido o espontánea la muerte fetal, las denuncian. Entonces, les abren investigaciones por aborto, pero luego jueces y fiscales consideran la pérdida de un embarazo como ‘homicidio agravado’ y aplican penas de 30 a 50 años de prisión. No hay presunción de inocencia para las mujeres que sufren esas emergencias obstétricas. Se asume que tuvieron intención de matar. Y las defensas oficiales a las que acceden, porque son pobres y no pueden pagar un abogado, tampoco las defiende porque actúan con prejuicios y llegan a las audiencias sin conocer los nombres de sus defendidas ni las razones por las que están siendo juzgadas. Las consideran malas madres. El sistema de salud viola sus derechos a la confidencialidad como pacientes, y las denuncia a la policía y la justicia las convierte en criminales, sin debido proceso ni defensa legal apropiada. Entre el 2000 y el 2011, 128 mujeres fueron judicializadas por aborto u homicidio agravado. Finalmente, en diciembre de 2021, la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño en el caso conocido como ‘Manuela’, denunciado por la Agrupación Ciudadana, por causas similares a las reflejadas en Cuerpos juzgados. Aunque desde diciembre han sido liberadas varias mujeres, se las sigue denunciando y criminalizando en las mismas circunstancias. Hay otra demanda presentada en 2015 por La Agrupación Ciudadana y el Centro de Derechos Reproductivos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanas donde se denuncian las violaciones de los derechos humanos de ocho mujeres que han estado encarceladas. Una de ellas es Teodora Vázquez, una de las protagonistas del documental.
Cada 4 horas, una niña o adolescente es violada. Moreno dice que "hay un permiso social para la violencia sexual contra las niñas y adolescentes", ¿cómo están luchando las organizaciones feministas contra esto?
--Hay un dato que no pude incluir en el documental en el cúmulo de información que recogimos pero que no me lo puedo sacar de la cabeza: una investigación del Fondo de Naciones Unidas para la Población detectó que adolescentes violadas y embarazadas se suicidan y la psicóloga que entrevistamos para el documental nos contaba que muchas de ellas lo hacen con veneno para ratas, al no tener alternativas para interrumpir esa gestación forzada. Se sienten como ratas. Son niñas a las que el Estado abandona de manera atroz. Hay algunas encuestas que muestran que todavía hay una opinión extendida en que la violación no debe ser una razón para que tengan derecho a abortar. Los cuerpos de las niñas son mercancías también de cambio y por tanto hay permisividad. Hay niñas que se vuelven esclavas sexuales de pandilleros. Y si no acceden, amenazan a sus familias. Se habla poco de las maternidades impuestas. Hay una naturalización de la violencia sexual que asusta, me decían compañeras de la Agrupación Ciudadana. Es un contexto muy difícil. Pero poco a poco las organizaciones feministas han ido logrado al menos darle visibilidad al tema.
O'Farrill, la psicóloga, lo explica un poco desde la cultura religiosa y del miedo y el sacrificio…
--Está muy arraigada la impronta religiosa. Históricamente, el país ha tenido una marcada mayoría católica pero los cultos evangélicos le han ido quitando fieles, y según distintas encuestas pasó a ser el segundo credo entre la población. Más de ocho de cada diez habitantes se define creyente. Es interesante este dato: hay un denominador que se repite y es que esas mujeres, luego condenadas, llegaron solas al hospital, sin una pareja que las acompañe, son jóvenes y solteras. Una abogada que entrevistamos me decía que no es coincidencia que el sistema judicial se ensañe con ellas como mujeres que no tienen a una pareja y obviamente nunca se hacen la pregunta de ¿cuál es el papel del hombre? ¿Dónde están los hombres? O si son víctimas de violación o no, o si sus parejas las abandonaron o maltrataron. No existe dentro de la foto ni siquiera una responsabilidad del hombre pero sí la de una mujer por estar sola: es culpa de ella que está embarazada sola y es por eso que algunos jueces dicen que por eso ellas querían interrumpir el embarazo. Lo que utilizan como motivo legal es eso, que es absurdo.
También se cuenta que a las mujeres se las detiene en los hospitales y no pueden terminar sus tratamientos y muchas terminan graves...
--Es así. El caso de “Manuela” refleja con crudeza esa situación. Se trata del caso de una joven que fue encarcelada en 2008 en El Salvador luego de tener un parto precipitado, y falleció en prisión al no recibir la atención médica que requería por un cáncer que se le había diagnosticado. Manuela, que es un nombre ficticio, era muy pobre, vivía en una zona rural y no sabía leer.
Una de las obstetras entrevistadas dice que se ha ido formando a los médicos y médicas en la cultura de la denuncia, ¿podrías contar esto?
--Cuando se criminalizó por completo el aborto se les ordenó desde la Fiscalía General denunciar, ante la duda, aunque no estuviesen segurxs de que la mujer se había sometido a un aborto inducido, igual las empezaron a denunciar: esa orden fue formando una cultura de la denuncia. A partir del trabajo de la Agrupación Ciudadana, lentamente se está cambiando ese paradigma. En 2017 convocaron a la primera Semana Médica, un foro para hablar de derechos sexuales y reproductivos y de la legislación de aborto y sus consecuencias en la vida de las mujeres, adonde se invitaron médicos y médicas del sector público. Fue la primera vez que profesionales de ese sector se pronunciaban púbicamente sobre el tema. Ese evento dio luego paso a la creación de la Unión Médica, en la que confluyen ginecólogxs y obstetras a favor de la despenalización del aborto, que se constituyó en voz autorizada, desde una perspectiva científica, para hablar del tema hacia el interior del gremio médico. Educar a colegas sobre el secreto médico, generar conciencia sobre cómo actuar frente a un embarazo ectópico y un feto sin probabilidades de sobrevida, es decir, enseñar que en esos casos el aborto es una buena práctica médica, y promover los derechos de las mujeres en el ámbito de la salud, son algunas de las líneas en la que están trabajando para cambiar esa cultura de la denuncia.
Gracias a la lucha, se logró la liberación de mujeres que estaban condenadas a 30 o 40 años de prisión, todavía quedan otras más y se sigue luchando, ¿creés que la visibilización de lo que pasa en El Salvador, en el resto de América Latina y el mundo, sirve para cambiar un poco esa realidad criminal contra las mujeres?
--La condena al Estado salvadoreño en diciembre por la Corte Interamericana de Derechos Humanos a partir del caso Manuela, que la misma Agrupación Ciudadana denunció ante la CIDH en alianza con otras organizaciones, derivó en que en los últimos meses se haya producido la liberación de varias mujeres de las que tenían condenas de 30 o 40 años. De todas formas, sin embargo, la ley sigue siendo la misma, y siguen habiendo nuevas denuncias contra mujeres en situaciones similares y todavía hay presas. Es necesario tomar conciencia de lo que significa la criminalización absoluta del aborto y las consecuencias que produce en la vida de las mujeres sobre todo de aquellas de sectores más empobrecidos en términos de vulneración de sus derechos humanos. El documental muestra lo que puede suceder en un país con la prohibición absoluta del aborto. Y cobra actualidad a la luz de lo que podría suceder en Estados Unidos si finalmente, como se presume, la Corte Suprema deroga el fallo Roe vs Wade y deja en manos de cada estado restringir y prohibir el aborto. Lamentablemente, en estos momentos, son remotas las chances de reformar la ley en El Salvador, por la oposición del actual presidente, Nayib Bukele. El año pasado, el mandatario rechazó las propuestas de su vicepresidente para moderar la prohibición total del aborto y para legalizar el matrimonio igualitario y la eutanasia. Es una gran injusticia. Pero, como dice Morena Herrera, “una injusticia reparable”. Estoy segura de que van a lograr el cambio legal. También en El Salvador los pañuelos verdes –siguiendo la tradición argentina—son símbolo de esta lucha.
Para poder ver el documental, se pueden reservar las entradas a partir del martes 17 para la primera función y desde el martes 24 para la segunda (que será el 28 de mayo), en el siguiente link: https://cck.gob.ar/events/de-este-lado-de-la-reja-largometrajes/
