La Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, reiteró su "alarma" por la situación penitenciaria de Ecuador luego de que se registraran 44 muertos en un motín que tuvo lugar el lunes, y reclamó una reforma "urgente" que involucre también al sistema judicial. El incidente, ocurrido poco más de un mes después de otra matanza que dejó 20 reclusos muertos, puso nuevamente de manifiesto la crisis de la violencia carcelaria en Ecuador, que el gobierno de Guillermo Lasso atribuye a una encarnizada lucha de bandas ligadas al narcotráfico.
Decenas de personas, en su mayoría mujeres, esperaban este martes noticias de sus familiares presos en la cárcel Bellavista de Santo Domingo, a unos 80 kilómetros de Quito, donde un choque entre pandillas dejó 44 muertos y decenas de heridos, mientras que las autoridades empezaban a recapturar a parte de los 220 detenidos que escaparon durante los desmanes.
Responsabilidad estatal y reforma urgente
"Debo enfatizar que la responsabilidad del Estado en la seguridad de todas las personas que están bajo su custodia, crea una presunción de responsabilidad estatal por estas muertes", sostuvo Bachelet en un comunicado leído por su vocera en una rueda de prensa en Ginebra. El gobierno ecuatoriano debe considerar una hoja de ruta que le propusieron "para garantizar la seguridad en las prisiones, mejorar las condiciones de los reclusos y garantizar una mejor gestión carcelaria, lo que incluye combatir la corrupción", precisó la expresidenta chilena.
En el caso de lo ocurrido el lunes, la violencia habría estallado en la cárcel de Santo Domingo por el traslado de un preso, pero Bachelet destacó que no se trata de un caso aislado. "Estos preocupantes incidentes subrayan una vez más la urgente necesidad de una completa reforma del sistema de justicia penal, también del sistema penitenciario", manifestó la funcionaria de la ONU, quien recordó que todo Estado tiene como "responsabilidad" la seguridad de las personas bajo custodia, por lo que es también culpable indirecto de lo que ocurre en las cárceles y debe emprender una "plena investigación".
La espera de los familiares
Decenas de familiares de los reclusos se desesperaban por segundo día frente a las puertas del penal sin tener noticias de sus seres queridos, mientras militares armados con escopetas custodiaban las inmediaciones. "No nos dan ninguna información. Dicen que los jóvenes que se escaparon por salvar sus vidas van a ser trasladados y entre esos está un hermano mío", afirmó Leisi Zambrano. "Hay muchas madres que hasta la actualidad no les han dado noticias de sus hijos, de si están vivos", agregó la mujer ama de casa, de 48 años.
Ni bien supo de los enfrentamientos, Zambrano dijo haber acudido con otros familiares al penal en la madrugada y escuchaba que desde el interior "los presos pedían auxilio, que no los dejaran morir", y definió la escena como una "carnicería".
En el motín en Santo Domingo en un principio se había confirmado la muerte de 41 reclusos. Minutos después la Fiscalía volvió a actualizar la cifra a 43, y al cierre de la jornada se confirmó otra muerte. El ministro del Interior, Patricio Carrillo, informó temprano el mismo lunes que la mayoría de los cuerpos "fueron expuestos y agredidos en los pabellones y en las celdas".
La mayoría de las víctimas murió por armas blancas en sus celdas, y luego algunos presos usaron armas de fuego en su intento de fuga. Las autoridades hallaron fusiles, pistolas, cuatro granadas y municiones en el penal. En este nuevo motín, que se inició en torno a la 1.30 hora local, se fugaron de los pabellones al menos 220 presos ya sea para salvar su vida o recuperar su libertad, y hasta el momento solo han logrado ser recapturados por las fuerzas de seguridad 112.
El ministro Carrillo señaló que los responsables de este motín pertenecen a la misma organización delictiva que llevó a cabo otra masacre en la cárcel de El Turi, un mes atrás. Según las autoridades, los enfrentamientos del lunes fueron provocados por el traslado a Bellavista de unos de los líderes del denominado grupo "R7", gracias a una medida judicial. "Este tipo de traslados son los que perjudican la gobernanza de los centros carcelarios", dijo el jefe de los servicios penitenciarios, Pablo Ramírez.
El gobierno ecuatoriano decretó un estado de excepción hasta finales de junio en tres provincias del oeste (Guayas, Manabí y Esmeraldas), las más golpeadas por el tráfico de drogas, ante la violencia en las calles del país atribuida al narcotráfico.
Una crisis sistémica
Esta nueva masacre es más la más grande de este año 2022, por encima de la anterior, ocurrida un mes atrás en la cárcel de la sureña ciudad andina de Cuenca, donde murieron 20 reclusos y al menos otros 10 resultaron heridos. Ambos episodios tienen detrás a las mismas bandas rivales, según afirmó el ministro Carrillo en una rueda de prensa, con una organización llamada "Los Lobos" como la supuesta causante de estas masacres al atacar al grupo disidente que se hace llamar R7.
Antes de estos episodios el presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, presumía de que en los tres primeros meses de 2022 apenas habían fallecido ocho presos en las cárceles ecuatorianas, y que las muertes intracarcelarias se habían reducido más del 90 por ciento sobre el año anterior, cifras que saltaron por los aires con las dos últimas matanzas.
Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un informe sobre la crisis carcelaria de Ecuador en el que instaba al gobierno a recuperar el control interno de las cárceles, dar condiciones dignas a los presos y elaborar una políticas de prevención del delito donde no prime el encarcelamiento.
