El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Rosario expresó un fuerte respaldo institucional a los fiscales de Rosario Luis Schiappa Pietra y Matías Edery, en un gesto de “reconocimiento y valoración” por las investigaciones que tienen a cargo, entre ellas una causa por corrupción en la que pidieron el desafuero del senador Armando Traferri, en diciembre de 2020. Al tiempo que manifestó también su “solidaridad” con la abogada de Hijos Nadia Schujman, "sometida a una investigación de características y alejadas de normas procesales expresas, con seria afectación de sus derechos y dignidad".
El documento se conoció ayer, aunque ya había trascendido en el reciente Encuentro Nacional de la Asociación de Profesores de Derecho Penal que deliberó en Rosario, con referentes de todo el país, entre ellos su presidenta, la diputada Matilde Bruera; el juez de la Corte Suprema de Santa Fe Daniel Erbetta y el ex ministro de la Corte Suprema de la Nación Raúl Zaffaroni.
El Consejo Superior de la UNR se pronunció ante “hechos que comprometen el funcionamiento adecuado y la calidad de las instituciones de la provincia de Santa Fe” –como los llamó- por iniciativa de 250 docentes universitarios que promovieron el respaldo académico a sus colegas Schiappa Pietra, Edery y Schujman.
Si bien el documento no lo menciona, está claro que el apoyo institucional de la Universidad de Rosario a los fiscales es una respuesta al operativo político de Traferri en la Legislatura para que la comisión de Acuerdos –que preside uno de sus socios políticos, Joaquín Gramajo- y la Asamblea Legislativa aparten a Schiappa Pietra y Edery de la causa en la que pidieron su desafuero para imputarlo como supuesto “organizador de una organización criminal”. La Asociación de Fiscales de Santa Fe definió el hecho como un “ataque sistemático” del legislador a quienes pretenden que rinda cuentas ante la justicia.
En esa línea, el Consejo Superior señaló su "reconocimiento y valoración por la actividad llevada a cabo" por los fiscales y remarcó "la labor de los doctores Schiappa Pietra (graduado y docente de esta Universidad) y Edery, tanto en la investigación como el enjuiciamiento de estructura vinculadas a mercados ilícitos de los que derivan múltiples delitos violentos y económicos".
Del mismo modo, expresó "su solidaridad con la abogada Nadia Schujman, graduada de esta Universidad, referente ineludible en materia de defensa y promoción de los derechos humanos y sometida a una investigación de características inapropiadas y alejadas de normas procesales expresas, con seria afectación de sus derechos y dignidad", denunció.
La Universidad Nacional de Rosario exhortó a los “actores institucionales de todos los sectores políticos a actuar con la responsabilidad que la hora impone y a disponer sin demora las medidas tendientes a recuperar los valores esenciales que hacen a la vigencia de un sistema republicano, preservando la división de poderes y la independencia de los jueces y del Ministerio Público de la Acusación”.
Los fiscales y fiscales adjuntos del MPA "no pueden estar condicionados" y "sometidos a la potestad disciplinaria de otro poder del estado", dijo la UNR. Así aludió a la ley impulsada por Traferri y los senadores radicales Felipe Michlig y Lisandro Enrico y el sociaista Emilio Jatón, en noviembre de 2017, que adjudicó a la Legislatura el "control político" de los fiscales y la facultad de suspenderlos y removerlos de sus cargos. Una norma "anacrónica que no guarda relación alguna con el libre ejercicio de funciones legislativas, ni con las demandas sociales de transparencia pública de todos los actos de sus representantes, de acceso a la información y del sometimiento de todos por igual ante la ley", agregó.
Rosario/12 ya informó que en la Cámara de Diputados hay cuatro proyectos de ley para derogar la ley Traferri-Michlig-Enrico-Jatón para terminar con el "control político" del MPA que "subordinó a los fiscales a un "régimen disciplinario” operado por la comisión de Acuerdos y la Asamblea Legislativa y volver al sistema anterior de la ley orgánica del MPA, de 2009, que delegó el enjuiciamiento de los magistrados a un Tribunal de Disciplina, similar al jury previsto para los jueces de la provincia. El primer proyecto fue presentado por la diputada peronista Matilde Bruera, en abril de 2021; el segundo, por su colega de la UCR Fabián Palo Oliver, en marzo último. En abril, el fiscal general de la provincia Jorge Baclini propuso otro con el mismo objetivo. Y el cuarto proyecto lo impulsaron la semana pasada los doce diputados socialistas.
