Fueron ampliadas las acusaciones contra los policías imputados en la causa por la muerte en prisión de Florencia Magalí Morales, ocurrida el 5 de abril de 2020 en pleno Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO). "Son positivas las novedades porque logramos que la Cámara provincial de Villa Mercedes ampliara las indagatorias por otros delitos que habían sido increíblemente omitidos, tales como la tortura seguida de muerte y la privación ilegítima de la libertad", dijo a Página12 Santiago Calderón Salomón, abogado de la querella. "Sin embargo, no logramos el objetivo porque la familia está convencida de que fue un homicidio --agregó--, hemos incorporado pericias muy relevantes que concluyeron que fue un estrangulamiento, en ese sentido la Cámara considera que se debe seguir investigando".

La resolución firmada por los jueces Hernán Herrera, Virna Eguinoa y Sandra Ehrlich especificó que la investigación nunca se hizo con perspectiva de género, y que fueron omitidos varios puntos de peritaje fundamentales. "Esto nos lleva a estar resolviendo una causa desde hace dos años, cuando debió haber sido esclarecida de forma inmediata", apuntó el letrado. En la extensa resolución a la que accedió este diario, los camaristas manifestaron una serie de anomalías:

* que no se resolvió la reautopsia en forma inmediata;

* que la primera tuvo falencias por lo cual habrá una compulsa respecto del forense Lafourcade por encubrimiento;

* que la investigación en los primeros días no debió estar en manos de los policías de la comisaría implicada;

* que no se hizo lugar a los pedidos de la querella para el secuestro de prendas e hisopados de los policías, y de los análisis del cordón, con el que la mujer se habría suicidado, según la versión policial;

* que no se secuestraron los teléfonos de todos los policías, por ejemplo del comisario Clavero para ver si dio la orden de arrestar a Magalí.

Según Calderón Salomón, a futuro las fichas están puestas en conseguir peritos a nivel nacional a través de la secretaría de Derechos Humanos "para que representen a la familia y puedan afianzar los informes ya presentados por los peritos de parte". 

Los cuatro policías imputados --Eugenia Arguello, Victoria Johana Torres, Marcos Ontiveros y Reynaldo Clavero-- no están presos, les habían dictado a los dos varones la prisión preventiva pero en la misma semana fueron excarcelados, por lo tanto nunca pisaron la prisión. "Ahora, una vez que los indaguen con estos nuevos delitos que se suman, este cambio hace más pesada la carátula por lo tanto las penas futuras serían mayores, lo que nos habilita a volver a pedir la prisión preventiva para los cuatro en la esperanza de que esta vez sí se haga efectiva", indicó Calderón Salomón.

Florencia Magalí Morales había nacido en Las Heras, Mendoza, y vivía en Santa Rosa de Conlara --a 50 kilómetros de Merlo, en San Luis--, con sus hijos de 11 y 7 años, y con su nieta de 2. Era empleada de un hotel, madre y abuela sola. El 5 de abril de 2020 había salido en el momento más estricto del ASPO por la pandemia de coronavirus. Terminó encerrada en una celda, presuntamente por haber violado la cuarentena. Esa tarde la encontraron ahorcada con el cordón de una prenda, luego de haber pasado horas pidiendo auxilio.