Hay murmullo, abrazos y reencuentros en la entrada del Centro Cultural Haroldo Conti, en el corazón de la exEsma, poco antes de iniciarse la quinta audiencia del Juicio por la Verdad en torno a lo ocurrido en Napalpí en 1924. Allí fueron asesinados centenares de trabajadores de las etnias qom, moqoit y vilela. También criollos correntinos y santiagueños, en una represión que duró apenas tres horas, ejecutada por fuerzas estatales y civiles armados.

El hecho conocido como “Masacre de Napalpí” es revisado hoy por el Juzgado Federal Nº 1 del Chaco. Y en el Conti se concretó la primera de las dos jornadas previstas en CABA, con testimonio de los investigadores Marcelo Musante, Nicolás Íñigo Carrera, Lena Davila, Alejandro Covello, Alejandra Aragón, Mariana Nazar y Carlos Salamanca. Especializados, desde distintas disciplinas, en develar los designios que condujeron a la trágica mañana del 19 de julio de 1924 en la que ocurrió la matanza que la historia oficial se ocupó en ocultar. También se refirieron al análisis de las consecuencias, huellas y marcas culturales que llegan a la actualidad.

Quizá por eso, y en la conciencia del momento histórico que el juicio representa, una alegría expectante envuelve los minutos previos a la audiencia. Se refleja en reencuentros como el de la dirigente santiagueña Deolinda Carrizo del MOCASE –Movimiento Campesino de Santiago del Estero--, con la cineasta Lucrecia Martel, quien trabaja sobre la historia del líder indígena Javier Chocobar, asesinado en 2009.

Mario Fernández, autor --junto al historiador Juan Chico-- del libro “La voz de la sangre” lleva ese texto en sus manos. A su lado Miguel Iya Gómez, presidente del Instituto del Aborigen del Chaco –uno de los organismos querellantes--, explica “la importancia de este Juicio por la memoria de Napalpí. Para que la sociedad pueda conocer la historia y sentar jurisprudencia para que nunca más haya terrorismo de Estado en la Argentina”. Por eso destaca que las audiencias en CABA “se realicen aquí” dice, y señala el entorno, el sitio de memoria exEsma.

Se busca una “reparación real” señala Germán Díaz, del pueblo toba y también referente del Instituto del Aborigen chaqueño. Una deuda que este juicio puede comenzar a desandar es la necesidad de establecer dispositivos acordes a las pautas culturales de los pueblos originarios. Por caso en educación o salud. “Tienen que sentarse con nosotros para tratar las políticas públicas respetando nuestra cultura” detalla Díaz. Este juicio ofrece “el momento de hablar claro, y nosotros estamos preparados para dialogar y quizá también aportar nuestro granito de arena para mejorar la vida de todos”, agrega sobre la expectativa del proceso iniciado en Resistencia, el 19 de abril.

Duilio Ramírez, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos del Chaco –el otro organismo querellante--, adelanta la intención de conocer el rol del Estado en aquel momento, a través de los testimonios de los investigadores. “Las comunidades esperaron cien años por eso hoy hay esperanza, por la posibilidad de ser escuchados y que desde el Poder Judicial se reconozca esa verdad” advierte. Ese es el sentido del proceso que no imputa, sino que repara. “Porque hubo un juicio de oficio –refiere Ramírez--, en 1924, donde solo testificaron fuerzas de seguridad y concluyeron en que hubo cuatro muertes indígenas resultado de un enfrentamiento entre etnias”.

“El Estado tomó la decisión de reprimir en Napalpí, por eso entiendo a las personas que sufrieron hechos como el holocausto judío o los argentinos que sufrieron la desaparición de un familiar –añade Iya Gómez--, eso da tristeza, bronca, ira. Nuestro pueblo está acostumbrado, pero sabemos que el Estado se construyó sobre la sangre y los huesos de nuestros antepasados asesinados y queremos reparar ese dolor”.

Ya en la sala, mientras los fiscales Federico Carniel y Diego Jesús Vigay esperan a la jueza Zunilda Niremperger y a los representantes de la querella, la imagen de una madre con pañuelo blanco convoca todas las miradas. Es Vera Jarach, su hija Franca es una desaparecida de la Esma. Juan Grabois se acerca a saludarla. Ella sonríe. “Vine a presenciar la audiencia porque es una enorme posibilidad de reivindicar a los pueblos que sufrieron el genocidio indígena –cuenta en voz baja pero decidida a esta cronista--, yo perdí un abuelo judío, y después de muchos años perdí a mi hija, pero estos juicios muestran que la esperanza no está perdida”.

Los testimonios de revisión histórica

El marco que la sala del Conti le da a este Juicio por la Verdad aporta una cuota emocional a la ambientación judicial. La Jueza Niremperger define el sentido del juicio para “incentivar la consciencia de la sociedad por los crímenes de lesa humanidad”. Su tono es coloquial. Pide que se hable en “un lenguaje llano para que todos podamos comprender los hechos”. Y ordena la audiencia con la sencilla certeza de quien realiza un acto trascendental, sin necesidad de amplificar su autoridad.

El primer testimonio es del sociólogo Marcelo Musante, de la Red de Investigadorxs sobre Genocidio y Política Indígena, y se enfoca en las consecuencias de esa práctica hasta el presente a partir de sus investigaciones sobre “las concentraciones o reducciones” en Chaco y Formosa. Hubo cuatro, una fue Napalpí. “La reducción fue condición para la masacre y el disciplinamiento” señala.

A través de archivos y memoria oral reconstruye la vida en ese sitio, y cómo fue cercado por el Regimiento de Gendarmería desde mayo de 1924.Por lo que “la matanza fue planificada”. Reseña reglas destinadas a los administradores de la reducción y a los indígenas. Que sin embargo esto últimos no conocían, pero eran castigados por romperlas, como el comerciar el algodón que cultivaban. “No podían comerciar con los blancos”. No había escuelas para esos niños, aunque un objetivo era educarlos. Ni condiciones sanitarias. “Hay fotos que horrorizan” refiere sobre las condiciones físicas de los pobladores de Napalpí.

Musante expuso los criterios que después de la matanza valían para que algunos fueran expulsados del lugar quedando a merced de la guardia policial que vigilabas los campos de los colonos: “fue espía del elemento revoltoso”, “ineptitud completa para el trabajo”, “curandero”, “tuberculoso”. Por último, repasó las condiciones que ataban de por vida a las familias indígenas la administración pública cuando ingresaban a la reducción: “se les daba herramientas y ropa y con eso se generaban una deuda”. La comida debía ser pagada. Las bolsas para el algodón, incluso su transporte a Quitilipi también.

La cuestión económica

Iñigo Carrera aportó la línea histórica que devino en el cultivo del algodón y desembocó en el reclamo por el cual fueron reprimidos: “esto se define en 1880 cuando el destino de las poblaciones queda atado a las campañas militares de (Julio A.) Roca y de (Benjamín) Victorica”. A diferencia de Roca que en el sur expulsa a la población, Victorica los fija al territorio –señala Iñigo--, para convertirlos en “brazos baratos adaptados al clima de la zona”.

La producción de azúcar y de madera precede al algodón que ingresa con la crisis de las exportaciones de 1920. “Los colonos se quejan porque los indígenas se van a los ingenios”, explica, sobre el inicio de las reducciones y la clausura de los viajes fuera de ellas. Luego se les impide cosechar su propio algodón y deben cosechar para los colonos. La situación es asfixiante. Y el horizonte de salida adopta un cariz religioso: si se rebelan, quienes mueran volverán para reparar la afrenta, explica el investigador sobre la creencia indígena. Hubo protestas, negociaciones y promesas incumplidas. El gobierno del entonces territorio nacional caratula estos levantamientos como “hechos subversivos” subraya Iñigo estableciendo un parangón histórico con 1976. Y sucede la masacre.

Otra línea argumental que Iñigo destaca es la negación de la masacre observada en la comunidad, que hoy lleva el nombre de Colonia Aborigen. Allí el historiador realizó prácticas universitarias y reparó en la evidente decisión de “no recordar, no hablar la lengua originaria”, lo que portaba todavía el dolor de la tragedia. Tal había sido el trauma y ensañada la crueldad con que fueron ultimados que aquellos hechos tardaron en volver a presentarse en los relatos de las comunidades afectadas.

La evidencia de la documentación

La sombra del biplano que sobrevoló la reducción antes de la masacre, mereció dos testimonios: la antropóloga Lena Dávila se refirió a Robert Lehmann Nietsche, médico y antropólogo alemán cuya presencia en Napalpi está documentada en correspondencias y fotografías. Las pruebas “no dejan dudas sobre los asesinatos por la protesta debida a las malas condiciones de vida” sentenció la investigadora. En tanto Covello se refirió al avión utilizado –el mismo retratado en el mural del memorial de Napalpí--, a su copiloto estadounidense y a la documentación donde consta el agradecimiento del gobernador Fernando Centeno al Aeroclub del Chaco por su participación en aquellos hechos.

Para cerrar el recorrido documental se escucharon testimonios de las archivistas Nazer y Aragón –esta última en modo virtual— quienes expusieron sobre los requerimientos del Congreso Nacional a la gobernación chaqueña sobre los sucesos. Algo que tardó un año en ser respondido y aun así no logró esclarecer los interrogantes. “La falta de documentación no nos tiene que desalentar” apuntó Aragón. En esa falta nacen nuevas líneas de investigación que hoy pueden completarse a la luz del juicio.

La violencia en el espacio físico

El arco de la reposición histórica lo presentó el arquitecto y antropólogo Carlos Salamanca quien explicó, a partir de su investigación en Colonia Aborigen, entre 2005 y 2010, como “la violencia transforma el espacio físico y la vez genera nuevas formas de violencia”. Desmonte y explotación del algodón a gran escala, deviene en inundaciones. Líquidos cloacales que llegan desde Quitilipi se infiltran en los lotes de la población. 2.000 hectáreas arrebatadas al predio “durante la dictadura cívico militar” enumeró.

Salamanca agrega detalles: en la escuela no se podía hablar en lengua. “Los niños blancos custodiaban esto” refiere y concluye: “En Napalpí, las preguntas por la identidad están asociadas a la masacre. Es importante hablar de eso, para poder reconfigurar el presente pensando en un futuro”. Luego de los testimonios, la jueza cerró la audiencia citando al jueves 12, cuando entre otros, se escuchará el testimonio de Raúl Zaffaroni.