La comunidad indígena Querusiyal, de la localidad de Tilcara, en Jujuy, manifestó gran preocupación por el hostigamiento de funcionarios del gobierno de Gerardo Morales contra María Quispe, una mujer de 74 años, integrante de esta comunidad. La razón se debe a la construcción de un "corredor educativo, turístico y productivo", que involucraría obras para conectar la ruta provincial 18 con distintos parajes, y que pasaría por el terreno de la familia Quispe.
Si bien el conflicto data de 2016, se reavivó a fines de abril cuando se retomó la obra de este corredor, y provocó que se origine un nuevo enfrentamiento con familias que viven en dirección al paraje Molulo, dado que sólo resta la construcción de unos kilómetros que pasan por esas parcelas. Precisamente, esos pocos kilómetros que faltan construir son de la familia de María.
La familia Quispe sostuvo que esto provocó una permanente presión contra la mujer para que firme los permisos correspondientes que habilitan la construcción del camino. A raíz de eso, la comunidad presentó una denuncia ante el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), cuyos funcionarios locales fueron al territorio de inmediato. Allí se constató la presión de parte del área de Vialidad provincial y la Policía de Jujuy.
El delegado del Inadi por Jujuy, Walter Soriano, contó a Salta/12 que el 3 de mayo estuvo en Chiquerito, la zona donde vive María Quispe junto a su hijo, que tiene discapacidad. Su presencia en el lugar fue en respuesta a una demanda de la comunidad que se acercó a la delegación jujeña del Inadi en busca de acompañamiento porque afirmaron que "estaban solos" en la disputa que mantienen con el gobierno de Morales desde hace 6 años.
Soriano contó que llegó a la casa de la familia Quispe y hablando con su dueña pudo confirmar que "se estaban vulnerando muchos derechos" de María, por ser mujer, indígena y adulta mayor y porque no sabe leer ni escribir. Para llegar a hasta ahí, el funcionario tuvo que dejar su camioneta en la punta de uno de los cerros y descender a pie a la casa de los afectados, en ese trayecto vio que alrededor de la vivienda había tres policías de la provincia.
"La están acechando y eso es claro porque el clima que se percibe es bastante tenso", describió Soriano. Incluso en el mismo momento en que se retiraba, un grupo de Vialidad llegaba al lugar, pero sin manifestar el motivo de su presencia. "Están constantemente vigilándola para saber si se va a un lugar o no", agregó el funcionario.
Esa reiterada llegada al territorio indígena, tanto de policías como de trabajadores de Vialidad de Jujuy, resulta intimadante para la mujer, que manifestó varias veces que no se opone a la construcción de nuevos caminos, aunque sí pide que se respete el predio que ocupa para la cría de sus animales.
"Ella se siente triste y no sabe qué hacer", ya que una de las máquinas de Vialidad provincial logró instalarse en medio de su parcela hace algunos días, contó Soriano. Es que la presencia de la maquinaria afectó el lugar donde está la fuente de agua que usa para el consumo diario y para sus animales.
Uno de los principales cuestionamientos de la comunidad es que el proyecto rutero que se está desarrollando se lleva adelante en una zona minera, y considera que bajo la excusa del "corredor hacia las escuelas" se está facilitando el ingreso a las empresas mineras. Los comuneros asentaron esta suposición en que el pretendido camino a la escuela de Lomalarga y de Montercarlo de Yala quedó casi a unos 8 kilómetros de distancia de estas instituciones educativas.
"Entonces, si hacen el camino, que lo hagan de manera reglamentada, que nos muestren los proyectos porque nunca lo hicieron. Ya nos cansamos de mandar notas, no nos responden y sólo recibimos violencia", denunció en su momento Azucena Quispe, la hija de María.
Además, desde 2018 se hicieron presentaciones formales ante los organismos locales, como Vialidad y la Secretaría de Pueblos Indígenas. Allí la comunidad dejó acentado que no se cumplió con el derecho a la consulta previa, libre e informada, en este caso, a las principales familias afectadas por el proyecto rutero. Y subrayaron que con esto se incumple el Convenio 169 de la OIT y la Constitución de la Nación Argentina.
Todo un aparato contra una mujer
Soriano describió la situación de María Quispe como "un aparato de poder contra ella", pues aseguró que ese poder se genera por el trabajo asociado que llevan adelante el área de Vialidad de la provincia, la Policía de Jujuy y la Secretaría de Pueblos Indígenas, que no dan respuestas a las constantes denuncias. Tampoco la Secretaría concretó la entrega de la personería jurídica de la comunidad, que se encuentra demorada desde hace años.
En ese sentido, el funcionario manifestó que a Quispe "no se le respeta ningún tipo de derechos", ni a la comunidad. Tras la visita, Soriano elevó pedidos de informes a las áreas estatales involucradas. Este medio intentó contactarse con Marcelo Jorge, a cargo de Vialidad de la provincia, pero no obtuvo respuestas.
Antes de la visita del delegado del Inadi, María Quispe padeció un "apriete" por parte de los funcionarios locales, quienes llegaron a su casa sin previo aviso y le dijeron que tenía que firmar unos papeles. La mujer no accedió y pidió que su hija, que vive a varios kilómetos de su casa, esté presente ante cualquier decisión. Aún así, insistieron. "Tres días después le pasaron una máquina (por su parcela) y la mujer tuvo que acudir a resguardar sus animales", relató Soriano.
"La verdad, es terrible lo que está viviendo", afirmó el funcionario. Tras estos acontecimientos la comunidad decidió presentar una denuncia ante el organismo. La autoridad de Querusiyal, Carlos Colque, dijo a Salta/12 que se "siguen cometiendo delitos contra la comunidad hasta hoy". Por eso destacó la presencia de Soriano en la casa de la familia Quispe, ya que "pudieron ver cómo se sigue avasallando" sus derechos, dijo.
Colque denunció que se están rompiendo las fuentes de agua, el predio de pastoreo, además de las otras formas de hostigamiento que viene soportando María Quispe. "Es una señora que está muy asustada, la quieren sobornar, le ofrecen cosas para que firme", denunció. En ese sentido, sostuvo que el estado jujeño no respeta la normativa legal, provincial, nacional e internacional, que protege los derechos indígenas.
Adelantó asimismo que están reuniendo toda la documentación posible para radicar una denuncia formal ante la Justicia jujeña. "Esto es muy complicado y ellos (por los funcionarios locales) van a provocar todo el tiempo", agregó.
