La investigación por la causa de las facturas truchas que recibía y emitían en la municipalidad de Salta desde 2015, bajo la gestión del por entonces intendente Gustavo Sáenz, se inició en enero de 2018, cuando en los sistemas informáticos de la AFIP se detectaron inconsistencias tributarias de una serie de empresas salteñas. Luego se descubrió que estas empresas giraban alrededor del empresario salteño Matías Huergo, vinculado a funcionarios municipales como el secretario de Hacienda de la Municipalidad de Salta en ese momento, Pablo Gauffín.

Quien estuvo al frente de la investigación en un primer momento, fue el fiscal federal Ricardo Toranzos, que demostró que había una red de complicidades entre funcionarios municipales y provinciales (Aguas del Norte y Obras Públicas) con las que contaba el empresario procesado desde 2020 para levantar fortunas con obras que en muchos casos no se concretaron, y de paso evadir impuestos, que según estimaciones de la AFIP, superarían los $100 millones solo en IVA y Ganancias entre 2015 y 2018.

Recién el 19 de octubre del año pasado, luego de una serie de “chicanas” judiciales por parte de Huergo y otros 8 imputados, el juez federal Julio Bavio elevó a juicio la causa al Tribunal Oral Federal 1 para que realice el debate oral, al que llegarán acusados de integrar una asociación ilícita para cometer delitos fiscales valiéndose de facturas apocrífas confeccionadas por ellos mismos.

Pero el mismo juez federal dispuso que un segundo expediente, que involucra al Estado provincial y municipal por defraudación con la posible sobrefacturación de obras y el cobro de trabajos no realizados, se quede en la órbita de la justicia provincial, lo que fue apelado por la querella de la AFIP y las fiscalías, por considerar que correspondían a una sola causa. Esta diferencia fue a la Corte Suprema de Justicia de la Nación, donde espera una decisión desde hace ya tres años. 

Desde el Ministerio Público Fiscal de Salta informaron a este medio que esa parte del expediente está a cargo de la fiscala de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, Ana Inés Salinas Odorisio, pero pendiente de la resolución de la Corte.

En mayo de 2019, quien estaba al frente de Delitos Económicos de la provincia, María Eugenia Guzmán, devolvió la resolución al juez federal Bavio, basándose en que su decisión no estaba firme. Y advirtió en su escrito que “en caso de iniciarse la investigación por este Ministerio Fiscal, sin estar firme la sentencia que declara la incompetencia parcial (...) se vulneraría el principio del ne bis in idem, al ser el mismo suceso delictivo objeto de investigación en dos jurisdicciones diferentes”. Desde entonces el Ministerio Público Fiscal provincial mantuvo esa misma postura para no avanzar en la investigación, a la espera de la decisión de la Corte Suprema.

La causa federal

El fiscal federal a cargo de la investigación, Carlos Amad, en diálogo con Salta/12, coincidió con sus antecesores, los fiscales Toranzos y Villalba, y si bien definió la resolución del juez como “técnicamente impecable”, consideró que no se debería haber desmembrado porque quedaron fuera los funcionarios de la municipalidad.

Amad recordó que en la misma resolución, se mencionan pasajes de la causa en la que se nombran a funcionarios como Pablo Gauffin. Se transcriben conversaciones telefónicas entre éste y Huergo pidiéndose las boletas apócrifas. “Donde tenía la pata Huergo, era Gauffín, y eso lo investigamos y demostramos siguiendo la trazabilidad de los cheques”, sostuvo. Por lo que para él, “Gauffín era el operador dentro del gobierno municipal”, junto a otras personas que lo hacían desde otros entes descentralizados como la empresa LuSal.

Amad subrayó que el mismo ex secretario de Hacienda municipal tenía a su nombre una firma “que era prestataria de servicios al Estado provincial”. “Yo creo que estaban ebrios de poder y unidos por la torta que se repartían”, sentenció, y recordó que él pidió la imputación de Gauffín, que fue denegada por el juez Bavio por considerarlo una “incompetencia” en cuanto al fuero, decisión que fue apelada por la fiscalía y que aún espera resolución de la Cámara de Casación.

De todas maneras, aceptó que con lo que tienen pueden avanzar y demostrar la culpabilidad de Huergo y los demás procesados, pero se quejó de la manera en que sus defensas interponen “chicanas” jurídicas permanentemente para dilatar el juicio, pidiendo la nulidad “sin argumento alguno, solo que no entienden mis fundamentos o los de la querella”. 

Adelantó que pese a que la última presentación de los denunciados fue un recurso en Casación, en los próximos días él pedirá que provean la prueba y se fije audiencia de debate, “para ganar tiempo mientras Casación se expide”. “Yo quiero que sepan que no me olvido que la causa está acá, y para eso hay que moverla permanentemente”, añadió.

El funcionario del Ministerio Público Federal aprovechó también para fustigar al máximo tribunal de justicia de la Nación por los tiempos que se toman para estudiar algunos expedientes y pidió cambios en esa materia para que se regulen los tiempos de la Corte Suprema: “cuando a mí me corren una vista, yo según el código tengo entre tres y diez días, y, sin embargo, los jueces de la Corte tienen un expediente como este desde hace tres años y lo mueven de oficina en oficina sin una resolución”.

Para Amad, se debería estipular un tiempo máximo de seis meses para que la Corte resuelva, “porque en el medio pasan muchas cosas, y se incendian muchas cosas”, “mis tiempos y los del defensor están todos regulados, y si no cumplimos nos pueden dar por caídos los plazos y los argumentos, pero a ellos, ¿quién les regula sus tiempos?”, concluyó.

Que la inocencia le valga

El diputado nacional de Ahora Patria, Carlos Zapata, presentó recientemente un proyecto para modificar el Régimen Penal Tributario en el que, según sus propias expresiones, busca que “no se repitan casos como los de Matías Huergo y las facturas apócrifas en la Municipalidad de la Ciudad de Salta, cuando Gustavo Sáenz era intendente”.

El legislador explicó que el objetivo es reformar el Régimen Penal Tributario “para que aquellas personas que han incurrido en delitos fiscales, que hoy, si una vez imputados pagan dentro de los treinta días la deuda por la que se los acusa, quedan eximidos de la acción penal”. El proyecto establece que esa extinción no opere cuando se trate de un funcionario público, por delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones o cuando el ilícito fiscal tenga como delito conexo la defraudación a la administración pública.

“Por ejemplo, el caso Huergo, una persona que a través de facturas apócrifas se hacía de dinero de la Municipalidad, entonces había una evasión fiscal, pero también afectaba el erario público municipal, porque sacaron millones y millones de pesos del erario municipal”, argumentó Zapata.

Sobre esta propuesta, el fiscal federal Carlos Amad entendió que es un proyecto con buenas intenciones, pero aclaró que nunca una persona como Huergo, “que se quedó con más de $200 millones y los repartió entre sus socios o cómplices, quiere devolver la plata”, sino que intentan hacer lo posible con ese dinero para no llegar a juicio, “empleando todo tipo de artilugio como lo hacen hoy”, “en este país no se hace cargo nadie de los delitos cometidos”, añadió. “Es una buena expresión de deseo, pero yo le diría (a Zapata), que no sea tan inocente”, opinó.