El Gobierno de la Nación y el de la Ciudad de Buenos Aires no lograron llegar a un acuerdo sobre los fondos destinados al traspaso de la Policía Federal al ámbito porteño, en el juicio por la coparticipación. El conflicto deberá ser definido por la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Este miércoles vencía el plazo de la prórroga que se les había brindado a finales de abril.

El ministro del Interior, Eduardo “Wado” de Pedro, confirmó que, a pesar del esfuerzo manifestado por el Gobierno nacional para alcanzar un acuerdo por el monto de traspaso de la policía a la Ciudad de Buenos Aires, “hoy cerramos la etapa de negociaciones sin arribar a una solución conjunta”.

Precisó también que durante los siete encuentros mantenidos desde marzo “mostramos predisposición y propuestas superadoras para alcanzar un acuerdo justo en el reparto de los recursos con el resto de las provincias” y “la Ciudad rechazó esas propuestas”.

Luego, recordó que la Comisión Federal de Impuestos (CFI) dictaminó el 5 de mayo en un informe técnico que el monto de transferencia al año 2021 debía ser $43 mil millones, algo que fue tomado en cuenta por el Gobierno nacional pero que también fue rechazado por la Ciudad.

“Lamentamos que las autoridades de la Ciudad crean estar por encima de la ley y pretendan mantener privilegios. Respetamos la ley y un minucioso informe técnico. No hacerlo sería convalidar una ilegalidad del gobierno anterior y una arbitrariedad para con todas las provincias”, aseguró.

Al concluir, manifestó que “no podíamos mantener una decisión del gobierno de Mauricio Macri que atentaba contra el federalismo y lastimaba los intereses de todas las provincias además del empleo en todo el país, mientras vemos cómo se sigue concentrando la riqueza argentina alrededor del puerto de Buenos Aires”.

En tanto, fuentes de la Ciudad dijeron a GO Noticias que "hubo avances en algunos aspectos, pero no se llegó a un acuerdo final y terminaron las negociaciones”. Entre los puntos acordados están los "los mecanismos para hacer las liquidaciones y el traspaso, y el método de actualización de los montos”. Donde no hubo coincidencias fue en la cantidad de dinero que debería recibir la Ciudad de Buenos Aires.

Ahora, la definición del conflicto estará en manos de la Corte Suprema, que durante 45 días fue informada semanalmente sobre los pormenores de los encuentros entre las autoridades nacionales y porteñas.

En marzo pasado, el máximo tribunal había dado un plazo inicial de 30 días hábiles para que las autoridades nacionales y porteñas llegaran a un entendimiento. A fines de abril, otorgaron 15 días más para que sigan negociando, luego de que ambas administraciones solicitaran la extensión.

Larreta invocó la “inconstitucionalidad” del decreto que redujo la coparticipación

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, demandó al Estado nacional invocando la “inconstitucionalidad” del decreto 735/20 que redujo el porcentaje de fondos que le corresponden en la coparticipación de recursos públicos a la Ciudad de Buenos Aires. También sostuvo que esos acuerdos deben ser ratificados por vía legislativa.

El conflicto surgió luego de que el presidente Alberto Fernández decidiera reasignar el 1,18% del fondo de coparticipación de la Ciudad. Desde el Gobierno nacional argumentaron que se trataba de un “excedente de recursos” que el expresidente Mauricio Macri le había cedido a la administración de Larreta en 2016.

17 gobernadores criticaron la "injerencia indebida" de la Corte

Más temprano, 17 gobernadores presentaron un documento en el que manifestaron “profunda preocupación por la injerencia indebida por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación” en el reclamo.

Aseguraron que “la Ciudad Autónoma de Buenos Aires no es una provincia” y que el Gobierno porteño reclama “recursos que no le corresponden”.