La lectura de la realidad política parece cada vez más desconcertante en nuestros días, dada la serie de avatares atados a la coyuntura, que no por eso son menos intensos ni tampoco se pueden reducir a lo que se ve en la superficie. Entendamos bien, se los ve efímeros, distorsivos y obstaculizadores, pero no son intrascendentes: son epifenómenos de corrientes más profundas. Las medidas tendientes a resolver el futuro económico y el endeudamiento y, en definitiva, el modelo productivo sostenible, no parecen tener un timón, consistencia técnica, acuerdo en la fuerza política gobernante y sustento en las organizaciones populares.

Tomemos algunos casos, por ejemplo la tensión y posterior división entre las partes del Frente de Todos a partir de la votación sobre el acuerdo con el FMI para enfrentar la deuda heredada (o antes, desde la renuncia de Máximo Kirchner a la jefatura del bloque del Frente de Todos, o incluso antes): refleja no sólo dos estrategias en disputa sino también dos formas de hacer política a partir de una construcción política para enfrentar al “poder real” o desde negociaciones concesivas con el mismo desde la superestructura. 

O los movimientos suscitados para controlar el Consejo de la Magistratura –que reflejan el peligroso momento quasi destituyente y antirepublicano impulsado por los que se llaman a sí mismos defensores de las instituciones-, los cuales son una manifestación más de cómo el poder real (que no es el gobierno, del cual forma sólo una parte), encrespa las aguas a fin de entorpecer la democracia, generar desorden y desde esta perspectiva clamar por cualquier movida “disciplinadora”, cada vez que los sectores populares avanzan a través de la política (su más eficaz o tal vez única herramienta).

Cuál es el proyecto nacional

Entre tanto, una serie de medidas han sido puestas a consideración o se han comenzado a aplicar. En la línea de obtención de recursos, uno de ellos es el tratamiento en el Senado de un proyecto de ley destinado a conformar un fondo para el pago de la deuda con el FMI, gravando los capitales no declarados que se encuentran en el exterior. 

Otro, el impuesto a la ganancia “inesperada” (extraordinaria) obtenida como producto del súbito aumento de los precios internacionales de las commodities, a raíz del conflicto bélico Rusia–Ucrania, sin que haya mediado ningún tipo de incremento de la inversión ni de la productividad por parte de los productores, que ha sido vagamente enunciado por el ministro de Economía. 

Por el lado de la mitigación de la difícil situación económica de la población más desguarnecida, se anunció el bono extraordinario de refuerzo de los ingresos de los trabajadores no registrados, de monotributistas categoría A y B, y de trabajadores/as de casas particulares, así como el bono extraordinario para jubilados, titulares de pensiones no contributivas y pensión universal para adultos mayores (cabe recordar que son medidas que sólo alivian coyunturalmente la situación).

Lo que sigue ausente es la construcción de un conjunto alineado de políticas que permita entender que se retoman una serie de ideas anticipadas en la propuesta electoral para avanzar hacia la constitución de un modelo de país, atento a los movimientos profundos que se están generando en el ámbito internacional y el posible resurgimiento de gobiernos progresistas en la región.

Conducción política

Es conveniente recordar que las políticas públicas son procesos decisorios orientados y que llevar adelante un proyecto de país supone una importante dosis de articulación del sentido de éstas para que haya sinergia en lugar de balanceos con sentido contrario (cuando no franca rivalidad de suma cero). Son procesos, qué duda cabe, que además requieren conducción política y concentración de fuerzas.

Lo que se presentó en 2019, en medio de un clima de enorme expectativa, fue una serie de propuestas por áreas (forma que tomó el contrato electoral ofrecido a la ciudadanía). Fueron el resultado de una dinámica interactiva y de debate en que participamos profesionales, técnicos, académicos y representantes de organizaciones productivas, sociales, laborales y culturales. 

Además, se trabajó con plena conciencia de que sólo se trataba de propuestas para elaborar una planificación que tomaría forma en un proceso de diálogo con las expresiones populares, en el marco de una amplia deliberación, teniendo como premisa “escuchar la voz del pueblo”.

Esto es mucho más que un eslogan: requiere mecanismos institucionales, reflejos cargados de empatía y caminos de ida y vuelta, es decir, metodologías iterativas de procesamiento. 

En esto se rescató aquella idea de Perón cuando aclaró, en relación con su última obra –presentada a la Asamblea Legislativa del 1º de mayo de 1974–, el Modelo Argentino para el Proyecto Nacional, que éste no podía ser obra de gabinetes sino del Pueblo. El modelo es la representación de lo que se desea; el proyecto es la estrategia y el conjunto de políticas de transformación socialmente construidas.

Organización de las mayorías

Pasar de hacer una propuesta electoral a plasmar un proyecto supone avanzar hacia una construcción sistémica pero abierta, donde se expliciten no sólo rumbos sinérgicos, sino también las hipótesis fundacionales de transformación (como bien se avizora en la obra citada), la identificación de recursos y el abordaje de tensiones que cualquier movimiento redistributivo y de reorganización de la sociedad conlleva, y la transformación de instancias estatales (estructuras, normas, capacidades, presupuestos, logística) para ponerlas al servicios de las estrategias transformadoras. 

Nada de todo esto, de carácter eminentemente técnico, es dable sin la presencia de la política, y más específicamente, sin organización y conducción política. 

Y dado el limitado margen de fuerza que la política y el Estado tienen en el mundo del poder real (económico-financiero, mediático, judicial, tecnológico y de plataformas) no cabe imaginar organización y conducción política que no esté apoyada en una amplia base ciudadana organizada con vocación de mayoría.

La disputa de dos modelos

Las políticas públicas y el conjunto de ellas que adquiera forma de proyecto de país pueden ser analizadas –más allá de lo técnico: estrategias y modelos de conversión de insumos en productos- como un campo de juego, es decir, como el espacio de la movilización, la organización, los acuerdos y las tensiones, las jugadas, en fin, la agonística donde se debaten actualmente dos modelos en pugna en América Latina: el nacional popular y el neoliberal. 

En ese debate y en esa puja, los distintos actores de la sociedad eligen los valores que le dan orientación y sentido a las políticas y ponen en juego la fuerza que acumulan a fin de prevalecer en la contienda.

Con el sólo propósito de representar gráficamente el concepto, se puede imaginar el haz de políticas públicas de una gestión de gobierno como un conjunto de vectores que tienen fuerza (longitud) y orientación en un eje de coordenadas, donde en las abscisas se ubica el sentido dado por los valores acordes con el modelo neoliberal y en las ordenadas el sentido propio del modelo nacional popular.

Dos análisis específicos de políticas públicas brindan ejemplos del imperio prevaleciente de los valores nacional populares en las decisiones tomadas en los comienzos del actual gobierno (en relación con el esquema de representación propuesto, las flechas se orientarían hacia arriba y aumentarían de tamaño), con una declinación notable en una etapa posterior (tendencia hacia la horizontalización de las flechas). 

Primer etapa

Uno de ellos fue el abordaje de la pandemia, fenómeno que para algunos tuvo las características de un “cisne negro” por cuanto irrumpió imprevistamente modificando modos de vida, de trabajo, de producción, de relación social, de educación, de cuidados. Pero el fuerte impacto no nos derribó ni nos sumió en el desconcierto, sino que fue tomado por el gobierno con resolución, con la presencia de científicos participando activamente, recuperando y blindando el sistema de salud, organizando y regulando los cuidados. 

Las correas de transmisión con la sociedad funcionaron adecuadamente y el consenso generado permitió darle al conjunto de políticas aplicadas un sentido orientado hacia los valores del modelo nacional popular: “el cuidado de la vida y la salud están por encima de la economía”. 

No faltaron manifestaciones contrarias, de carácter ilegal en las calles, pero fue claro el apoyo mayoritario cuando se respondió con una masiva y espontánea movilización “motorizada” de apoyo al gobierno el 17 de octubre de 2019.

Segunda etapa

Sin embargo, hubo una segunda etapa donde se intensificó la agonística. Ya sintiéndose el olor de los tiempos electorales, la oposición sacó a relucir la educación como prioridad (con el apoyo de la Corte Suprema), se ubicaron en una especie de ring boxístico las vacunas Sputnik frente a las Pfizer, emergió el conflicto del llamado “vacunatorio vip” que ocasionó la renuncia del ministro de Salud y salió a luz el festejo del cumpleaños de la primera dama en la residencia de Olivos. 

Se instaló la confusión al punto tal que en las elecciones legislativas de 2021 se reflejó la falta de valoración popular de las políticas relacionadas con la pandemia, pero sobre todo, incidió el hecho de que pese al mentado crecimiento económico, no habían sido suficientes las políticas de recuperación del ingreso y la calidad de vida de los sectores bajos y medios (por ejemplo, la eliminación del Impuesto Familiar de Emergencia y el recorte de otros instrumentos de política social).

El otro caso, el de la negociación de la deuda externa, a diferencia del anterior nada tenía de cisne negro y se sabía que debía ser abordada desde antes de las elecciones de 2019 “tomando el toro por las astas” (estaba incluso muy fresca la memoria de una experiencia reciente comandada por Néstor Kirchner). 

Hubo una primera etapa, la de la negociación con los tenedores privados, marcada por el sentido propio del modelo nacional popular, envuelto por un discurso decidido y hasta épico, en el que se sentía escuchar aquella sentencia de que “los muertos no pagan” y se afirmaba que era necesario contar con tiempo para recuperar el crecimiento. 

Se contó con una amplia comunicación del objetivo: quita y diferimiento. La ciudadanía expectante aplaudió las medidas sin que las críticas poco consistentes de la oposición llegaran a hacer mella al prestigio gubernamental.

La negociación con el FMI

Como en el ejemplo anterior, la siguiente etapa, de negociación con el Fondo Monetario Internacional, no tuvo las mismas características. Dada la gravedad y la irregularidad con la que se contrajo el préstamo, era necesario un amplio debate público.

Era necesario también la movilización y la organización para generar un movimiento generalizado de apoyo a las medidas gubernamentales que –se sabía– generarían inexorable resistencia, a fin de respaldar lo que se afirmaba en el relato público, que seguía siendo el mismo que aquél con el que se había iniciado el tratamiento de la deuda con los privados. 

Sin embargo, la negociación se dilató en el tiempo, fue hermética y estuvo reducida a los círculos técnicos en intercambio con los poderes internacionales. Por este camino se terminó cediendo: 

* No se obtuvieron los 10 años de plazo necesarios para poner en marcha un proceso sostenido de crecimiento con equidad.

* Tampoco se logró acordar un cronograma más amplio y flexible para la reducción del déficit fiscal.

* No se obtuvo quita en las sobretasas de interés.

* Además se aceptó el monitoreo periódico de nuestras políticas soberanas.

La comunidad organizada, el único capital político posible para resistir al Fondo, no fue invitada ni tampoco fortalecida ni dinamizada. La aprobación en el Congreso del acuerdo se terminó apoyando en el voto de la oposición, socia estrecha del FMI en estos asuntos, sin marcar a los responsables (internos y externos) del despojo y sin garantizar prioridades de desarrollo “con la gente adentro”. 

Aparentemente, esto generó una base de estabilidad puesto que negociar es parte de la política, pero abundan experiencias en las que la inclinación ante la derecha en asuntos estratégicos sólo puede implicar darle más fuerza. El alejamiento del contrato electoral a través de este pacto dejó instalada una peligrosa semilla de confusión, escepticismo y, lo que es más grave, de descreimiento en la democracia.

En busca del sujeto político

Cabe recordar que, no obstante la recaídas señaladas en los dos ejemplos anteriores, el gobierno lanzó a posteriori –el 29 de marzo último– el Plan “Argentina Productiva 2030”, de desarrollo productivo, industrial y tecnológico, que procurará diseñar un hoja de ruta para generar certidumbre en los actores productivos. 

El plan –por estos días ya casi inadvertido en la prensa, en la opinión pública y en los conciliábulos de élites- es amplio porque también incorpora metas sociales y ambientales. Incluye diez misiones productivas a las que se les asignará metas mensurables, cuantitativas. Y se propone crear más de 100.000 empresas, crear dos millones de puestos de trabajo y sacar nueve millones de argentinos de la pobreza para el 2030. 

No obstante, más allá de que se promete una amplia participación, quedan flotando una serie de preguntas: ¿Cuál será la mesa del acuerdo? ¿Dónde estará la base política que le dé la fuerza necesaria para contrarrestar un poder concentrado económico, mediático y judicial que no parece dispuesto a celebrar ningún tipo de acuerdo nacional? ¿Qué relación tendrá con el programa del FMI para Argentina, y si no es de subordinación, cómo se abordarán las tensiones que se generarán?

La deuda heredada y la pandemia son dos flagelos que no pueden ser subestimados, pero la salida de la situación de deterioro de amplias mayorías de la población no permite mayores esperas. Es real que bajó la pobreza al 37 por ciento y la desocupación al 7 por ciento y que subió 10,3 por ciento el PIB en 2021 al punto de recuperar lo perdido en 2022, pero también es cierto que el salario promedio de trabajadores registrados, como así también de los no registrados decreció en 2021 en  2,3 por ciento los primeros y en 7,1 por ciento los segundos, y cayó la participación de los asalariados en el PIB del 48,0 por ciento en 2020 a 43,1 por ciento en 2021, a la vez que se incrementó el excedente de apropiación de la patronal y el consumo de 2021 fue el menor del siglo.

Mientras tanto, no cesa la inflación, ese mecanismo perverso de la puja distributiva que desfavorece siempre a los más pobres. Se destacó el hecho de que se logró evitar las reformas laboral y jubilatoria que usualmente aparecen en las negociaciones con el FMI, pero cabe preguntarse si la inflación galopante que está instalada no es una manera silenciosa de aplicarlas, dada la reducción del poder adquisitivo de asalariados y jubilados que conlleva.

Lo que está en juego

Volviendo al comienzo, los medios hoy hablan predominantemente de conflictos personales y pasiones de pasillo, y podría interrogarse si resulta pertinente hablar de proyecto nacional habiendo tantos problemas acuciantes de coyuntura. Sin embargo, lo que en verdad ocurre es que se está poniendo en juego el proyecto futuro de la Argentina. Una lectura profunda indica que lo refleja cada mensaje, cada hecho, el transcurso de cada día.

El último 1º de mayo, fecha emblemática del peronismo, del Frente de Todos y de las organizaciones laborales, sugiere algunas reflexiones. El Gobierno no hizo una convocatoria y la CGT (espacio institucional de mayor envergadura e historia de los trabajadores como “columna vertebral”) decidió no movilizar, limitándose –por escrito– a manifestar su preocupación por el contexto socioeconómico. 

En 9 de Julio y Avenida de Mayo se concentraron los movimientos populares nucleados en UTEP, nuevos sujetos emergentes en torno al trabajo, reclamando la ley general de Tierra, Techo y Trabajo, y el día previo se cerró en Baradero un plenario sindical del PJ, presidido por Máximo Kirchner junto a intendentes y dirigentes sindicales, donde se reclamó la profundización de las políticas redistributivas. 

Fueron distintos espacios (sin contar la importante movilización de la izquierda en Plaza de Mayo) donde en voz alta se propicia la unidad aunque de distinto modo y sin lugar a duda, con perfiles diferenciados de proyecto que deben ser debatidos en profundidad.

Sólo una gesta convocante que institucionalice la discusión interna y el mensaje de la fuerza política gobernante al país, sumada a una convocatoria del gobierno hacia el conjunto de fuerzas populares para darle forma al futuro proyecto, pueden brindar un impulso que nos haga trascender el mundo de las declaraciones cruzadas, del lobby, de los operadores, de los salones, de las redes y de banales programas de radio y televisión. 

La Argentina se debe un proyecto. Se podría pensar que los modelos y sus correspondientes proyectos no pueden surgir en momentos de semejante división política, pero también se podría afirmar con esperanza, que las situaciones críticas reclaman discusiones orientadas hacia los asuntos estratégicos, y que éstas pueden ser propicias para perfilar el rumbo y construir los fundamentos del horizonte futuro.

* Director del PRAEV, Área Estado y Políticas Públicas de la Flacso Argentina.